La Junta de Andalucía ha aprobado un Decreto ley para adelantar las ayudas destinadas a los municipios afectados por las recientes DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Este texto incluye también la bonificación del 100% del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (TPO) para quienes hayan perdido su vehículo debido a las inundaciones y adquieran uno de segunda mano entre particulares. Con esta medida, se pretende facilitar el acceso a un nuevo medio de transporte, considerado esencial para la vida cotidiana, y ayudar a los afectados a recuperar la normalidad lo antes posible.
Esta iniciativa se suma al conjunto de ayudas e incentivos que la Junta de Andalucía ya ha puesto en marcha para las zonas damnificadas. Entre estas medidas se encuentran las reparaciones urgentes en infraestructuras públicas dañadas. En la reunión del Consejo de Gobierno del pasado 5 de noviembre de 2024, se declaró la situación excepcional ocasionada por la DANA del 29 de octubre y se adoptó un primer listado de municipios afectados, bajo el marco normativo del Decreto 27/2023, que regula la concesión de ayudas a entidades locales afectadas por fenómenos adversos.
Posteriormente, el 12 de noviembre, se amplió el listado de municipios reconocidos como afectados por esta situación, y, tras el segundo temporal que tuvo lugar entre el 11 y el 15 de noviembre, el Consejo de Gobierno aprobó un nuevo acuerdo el 26 de noviembre para incluir a más municipios perjudicados. En total, estas declaraciones de desastre natural han permitido implementar diversas acciones en apoyo a los andaluces y sectores impactados por las catástrofes naturales.
Entre las medidas más recientes se encuentra la exención fiscal del TPO para las personas que necesiten adquirir un vehículo que sustituya al perdido por las inundaciones. Esta decisión busca aliviar la carga económica que enfrentan las familias afectadas, garantizando que puedan reponer un medio de transporte vital para sus actividades diarias. Además, los municipios incluidos en las declaraciones excepcionales recibirán las ayudas lo antes posible. La previsión económica asignada para estas actuaciones es de 20 millones de euros.
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública será la encargada de gestionar estas ayudas, que podrán ser solicitadas por los ayuntamientos a través de la página web de la Junta de Andalucía hasta el 13 de diciembre de 2024. El objetivo es que todos los municipios afectados reciban los fondos antes del 31 de diciembre, permitiéndoles acometer las reparaciones necesarias de los daños causados por las dos DANA.
Por otro lado, el mismo Decreto ley incluye una modificación en la Ley Andaluza de Universidades, dirigida a abordar la difícil situación económico-financiera de algunas universidades públicas andaluzas, provocada por deudas generadas por la inversión en infraestructuras. Estas deudas han generado problemas de liquidez que dificultan el cumplimiento de sus obligaciones de pago sin comprometer los servicios públicos.
Para resolver esta problemática, se ha establecido un mecanismo de "préstamos reintegrables de carácter excepcional", dirigido a las universidades que enfrenten situaciones extraordinarias. Por ejemplo, la Universidad de Málaga ha manifestado su necesidad de un préstamo de 48,5 millones de euros. Los préstamos tendrán un plazo de amortización máximo de 21 años, un tipo de interés mínimo del 1% y un periodo de carencia no superior a dos años. Este marco busca garantizar que las universidades puedan cumplir sus compromisos financieros sin comprometer la calidad de los servicios educativos.
El Decreto ley refleja la voluntad del Gobierno andaluz de actuar con celeridad ante las catástrofes naturales y de brindar apoyo a las instituciones educativas para superar los desafíos financieros derivados de inversiones en infraestructuras.
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