El problema de la vivienda en la provincia de Cádiz se ha convertido en uno de los principales retos debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda. Según los datos presentados, España necesita 600.000 viviendas nuevas para cubrir la demanda actual, de las cuales 17.000 corresponderían a la provincia de Cádiz. Este desequilibrio se ve reflejado en el mercado de alquiler, donde cada vivienda disponible recibe una media de 25 solicitudes. Además, la situación se agrava anualmente con un desfase de 150.000 viviendas entre las que se construyen y los nuevos hogares que se generan.
El diputado nacional por Cádiz y portavoz adjunto en la Comisión de Vivienda del Congreso, Miguel Sastre Uyá, ha señalado que la situación actual es resultado de una política de vivienda que se basa en la propaganda y que, lejos de solucionar el problema, lo ha empeorado. Según el parlamentario, las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, muchas de ellas pactadas con sus socios políticos como Bildu, han contribuido a reducir la oferta y aumentar los precios, generando además inseguridad jurídica para los propietarios.
En este contexto, Sastre Uyá criticó la aplicación de medidas como los topes de precios y la nueva burocracia, que han complicado la gestión de los propietarios para ofrecer viviendas en alquiler. Según explicó, estas medidas, junto con una legislación que favorece a los ocupantes ilegales y a los morosos, han provocado el fenómeno conocido como “inquiocupación”. Indicó que, comparando los años 2023 y 2024, el número de viviendas en alquiler se redujo en un 30 %, lo que equivale a unas 80.000 viviendas menos disponibles en el mercado.
El diputado popular cuestionó la utilidad de la propuesta del Gobierno de crear una empresa pública de vivienda, argumentando que ya existen organismos como SEPES y SAREB que no han logrado frenar la situación actual. En el caso de la provincia de Cádiz, señaló que el Gobierno cuenta con suelos donde podrían haberse construido al menos 3.000 viviendas, pero que estos terrenos permanecen sin utilizar.
Sastre Uyá defendió que el reto de la vivienda no tiene una única solución, sino que requiere un abanico de medidas para equilibrar la oferta y la demanda. Entre las propuestas planteadas por el Partido Popular, destacó la reducción de impuestos, mencionando que actualmente los tributos suponen el 30 % del precio de una vivienda. Propuso la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) al 4 %, la reducción del IVA al 4 % y la ampliación de los avales para la compra de vivienda hasta los 40 años.
Otra de las iniciativas propuestas incluye la promoción de más suelo público para la construcción de viviendas nuevas y la rehabilitación de las existentes, así como la agilización de los trámites urbanísticos mediante la introducción del silencio administrativo positivo en un plazo de tres meses. También se contempla una reforma de la Ley del Suelo para evitar la anulación parcial de los Planes Generales de Ordenación Urbana.
El diputado subrayó la necesidad de garantizar seguridad jurídica a los propietarios, reclamando medidas que permitan la expulsión de ocupantes ilegales en un plazo de 24 horas. Además, denunció que el PSOE mantiene bloqueada en el Congreso la tramitación de la ley antiokupa aprobada previamente en el Senado.
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