La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se ha visto obligada a modificar el registro de faltas del profesorado tras las acciones del sindicato USTEA, quien rechazó de forma contundente el 'Manual para la gestión del cumplimiento de jornada y horarios en los centros docentes públicos', aprobado el pasado 30 de septiembre de 2024. USTEA denunció tanto la tramitación unilateral del documento como su contenido, destacando que este "atentaba contra la intimidad y honorabilidad de los empleados públicos".
El sindicato subrayó la necesidad de "que este procedimiento de control horario volviese a pasar por mesa sectorial para una negociación real" y advirtió de "errores a nivel jurídico" en el texto. Sin embargo, ante la negativa de la Consejería a reabrir el debate, USTEA Cádiz presentó el 22 de octubre un recurso de reposición a través de sus servicios jurídicos, solicitando la eliminación del Anexo B del manual. Según la organización sindical, este anexo "posibilitaba la publicación de datos referentes a la salud" del personal docente, lo cual consideraban inaceptable.
La Dirección General de Recursos Humanos, tras recibir el recurso, solicitó un informe al Delegado de Protección de Datos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Este informe determinó que el sindicato tenía razón e instó a modificar el Anexo B, indicando que debían eliminarse las columnas denominadas “Motivo ausencia (cód.)” y “Tipo de justificación (cód.)”.
El 20 de enero de 2025, la Consejería notificó a USTEA Cádiz que había decidido estimar el recurso presentado y que "en breve, se harán las modificaciones tanto en BOJA como en el aplicativo SÉNECA de cara a cumplir con la normativa de protección de datos".
Desde USTEA Cádiz celebran esta decisión como "una victoria en defensa de la intimidad y honorabilidad del profesorado andaluz". Además, han reiterado su petición a la Consejería para que convoque "una reunión negociadora sobre este manual", insistiendo en que el documento es "muy mejorable en su contenido y en su intención". USTEA criticó que la resolución inicial parecía insinuar que "el profesorado andaluz falta sistemáticamente a sus puestos de trabajo de forma unilateral y sin precisar de justificación", lo cual, aseguran, "no ha sido real en ningún momento".
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