La Policía Nacional ha desarticulado en Algeciras una red dedicada a la realización de empadronamientos ficticios con el objetivo de facilitar la obtención fraudulenta de permisos de residencia y trabajo en España. La operación, llevada a cabo por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF), ha resultado en la detención de nueve personas y en la investigación de otras tres por su presunta implicación en delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular.
La investigación se inició a mediados de 2024 tras detectarse un aumento en el número de personas empadronadas sin residencia efectiva en viviendas de la ciudad. En el barrio de la Bajadilla, los agentes descubrieron que en un piso de 25 metros cuadrados figuraban registradas 15 personas, la mayoría extranjeras y sin vinculación con el municipio. Una situación similar se identificó en el barrio del Saladillo, donde en un domicilio de 50 metros cuadrados estaban empadronadas 14 personas sin residencia efectiva en el lugar.
Las pesquisas permitieron constatar que al menos 24 de las personas empadronadas en estos domicilios nunca residieron en ellos, sino que pagaron entre 300 y 500 euros para figurar en el padrón municipal. Este registro fraudulento les permitía acceder a servicios como la asistencia sanitaria y, en última instancia, optar a un permiso de residencia y trabajo en España.
El principal investigado ofrecía estos empadronamientos ficticios mediante el "boca a boca", aprovechando la vulnerabilidad de personas en situación irregular a cambio de un beneficio económico. Se estima que en el último año habría obtenido unos 10.000 euros con esta actividad ilícita.
Además de las detenciones, la operación ha derivado en la solicitud de baja de los registros municipales de las personas empadronadas de forma fraudulenta. La Policía Nacional ha advertido que este tipo de prácticas constituyen una vía habitual para la permanencia irregular en el país, en la que terceros sacan provecho económico de la situación de vulnerabilidad de los migrantes.
Para combatir este tipo de fraudes, las autoridades mantienen un plan especial de vigilancia y control en domicilios donde se sospeche la existencia de empadronamientos irregulares. Asimismo, han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para denunciar este tipo de prácticas y evitar que personas en situación de necesidad caigan en redes de explotación documental.
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