El PP ha advertido que algunos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia ya han tenido que hacer frente al pago de las primeras nóminas y los seguros sociales de los trabajadores contratados al amparo del Plan de Cooperación Local de Diputación y otros afrontan la manera de hacerlo.
El portavoz del PP en la institución provincial, José Loaiza, ha denunciado el retraso en las transferencias comprometidas por el Gobierno socialista y advierte de que “Irene García desbarata las cuentas municipales por el caos económico en el que tiene sumido a Diputación”.
Loaiza ha exigido a Irene García que “ingrese de manera inmediata, sin perder ni un solo minuto en excusas, el cien por cien de las cuantías comprometidas con los municipios y las ELAS para evitar que los ayuntamientos tengan problemas en cuadrar sus números” y advierte de que “cualquier retraso en el cobro de las nóminas tiene un solo responsable, el PSOE”.
El dirigente popular ha señalado que “Irene García ha vuelto a fallarle a los gaditanos e incumple nuevamente las bases propuestas por el propio Gobierno socialista”. En este sentido recuerda que, “de acuerdo con el plan financiero establecido, la aportación de la financiación asignada a cada municipio se efectuará mediante anticipo”, concretamente, mediante una transferencia del ciento por ciento del presupuesto total asignado a la entidad.
Loaiza ha lamentado “la falta de compromiso de Diputación, que ha reducido drásticamente los fondos destinados al fomento del empleo con respecto al mandato anterior con el PP, cuando se gestionaron más de 60 millones de euros solo desde el IEDT; ha orientado mal el destino de los fondos, favoreciendo la contratación temporal frente a la formación dual (formación teórica y prácticas remuneradas) orientadas a la inserción laboral con el PP; y no paga lo que debe a los ayuntamientos”.
Finalmente, el portavoz popular ha considerado que “Diputación debe poner freno al caos económico que sufre y que le ha llevado a ser la peor diputación en toda España en cuanto a pago a sus proveedores, con una deuda oculta de más de dos millones y medio de euros, y a reducir a la mínima expresión la inversión pública”.
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