En distintos Ayuntamientos de la provincia de Cádiz, donde la formación Andalucía Por Sí tiene representación, se está debatiendo y aprobando una moción impulsada por el partido. La moción refleja la perspectiva andalucista, que rechaza firmemente la idea de un Estado de doble velocidad, donde vascos, catalanes y gallegos tendrían una posición de ventaja respecto a otros territorios.
El sentimiento andalucista subraya la historia de Andalucía y cómo esta región obtuvo su autonomía a través del artículo 151, posicionándola como una nacionalidad histórica. Esta designación es fundamental para que Andalucía no quede excluida de los posibles beneficios que el Gobierno central pueda otorgar en futuras negociaciones con las distintas regiones españolas.
La estructura territorial diseñada en la Constitución de 1978 muestra signos evidentes de desgaste. Con el paso del tiempo, ha surgido la necesidad de explorar nuevos modelos, evitando conflictos y buscando soluciones con claridad de visión.
Los andaluces tienen un papel fundamental en este debate, ya que el estatus jurídico-constitucional de Andalucía es idéntico al de Euskadi, Cataluña y Galicia. Estos territorios son el foco de la propuesta recientemente publicada por Urkullu, en la que, de forma significativa, Andalucía no fue incluida.
Es importante destacar la creencia de que gran parte de la sociedad andaluza y la mayoría de sus fuerzas políticas reconocen que Andalucía logró la igualdad con otras nacionalidades históricas en fechas emblemáticas de su historia. No se debe olvidar la naturaleza inicialmente discriminatoria de la Constitución de 1978, y cómo el empuje del pueblo andaluz pudo cambiarla.
El Congreso de los Diputados documenta el sesgo presente en la organización territorial inicial, fruto de un acuerdo entre la derecha e izquierda españolas durante la Transición, buscando apaciguar a los nacionalismos vasco y catalán.
Al analizar el “Plan Urkullu”, es evidente que se dirige a diversas entidades y partidos de relevancia. Es crucial señalar que la influencia de estos nacionalismos en 2023 supera con creces la que poseían en 1977, lo que sugiere que sus aspiraciones tienen más probabilidades de ser alcanzadas.
Por ello, se considera imperativo que las instituciones públicas andaluzas y los partidos que las conforman, al igual que en el histórico 4 de diciembre, se unan en el mensaje de que Andalucía no aceptará un estatus jurídico-político inferior al de las nacionalidades reconocidas como históricas por la Constitución.
Finalmente, la moción propuesta por Andalucía Por Sí también busca que los Gobiernos Central y de la Junta de Andalucía reactiven la Comisión Bilateral de Cooperación, con el objetivo de desarrollar el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Esta medida incluye la revisión del sistema de financiación autonómica, poniendo fin a la deuda histórica generada por la infrafinanciación de la región.
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