Los sindicatos USTEA, UGT, CGT, CCOO y ANPE, integrantes de la Junta de Personal Docente no universitario de Cádiz, han emitido un comunicado en el que denuncian públicamente "una serie de graves irregularidades" cometidas en el proceso de selección del Director del CEP Algeciras-La Línea. Según estos sindicatos, dichas irregularidades fueron realizadas por personal de la Delegación siguiendo órdenes de la Delegada de Desarrollo Educativo de la Provincia de Cádiz, Isabel Paredes Serrano.
El conflicto se centra en el proceso que tuvo lugar el 20 de junio en La Línea de la Concepción, durante la defensa del Proyecto de Dirección del único candidato presentado. Según el comunicado, este candidato, con 25 años de experiencia y 10 años como Vicedirector de CEP Algeciras-La Línea, presentó un proyecto que "elaboró conjuntamente" con el anterior Director, teniendo "la autorización de su compañero" para usarlo en el proceso selectivo. Sin embargo, tras la defensa del proyecto y pese a que "cumplía lo establecido en la normativa", el acta de resultados no fue publicada al día siguiente, lo que paralizó el procedimiento.
Los sindicatos expresan que esta omisión llevó al candidato aprobado a una situación de "indefensión jurídica", negándole el derecho a presentar alegaciones. Asimismo, señalan que en el procedimiento se pudo haber solicitado un informe a una comisión coordinadora de formación en caso de discrepancias. No obstante, a pesar de que esta comisión se reunió el 4 de julio y detectó varias discrepancias, incluyendo acusaciones de plagio y descontextualización del proyecto, miembros de dicha comisión defendieron que el proceso de evaluación se había realizado conforme a la normativa.
El comunicado destaca que, a pesar de las conclusiones de la comisión, el 1 de septiembre se declaró el procedimiento como desierto, y se nombró a F.C.G., con "conexión lícita con el Partido Popular" y sin experiencia en formación del profesorado, como Director del CEP de Algeciras-La Línea, a discreción de Isabel Paredes.
Los sindicatos afirman que en más de una ocasión fueron informados con menos tiempo del establecido en la norma y que esta situación no cumplía con el Decreto 93/2013. Ante tales acontecimientos, la Junta de Personal Docente de Cádiz solicita a la Delegada de Educación "retrotraer el procedimiento" publicando el acta y recuerda que la "prevaricación del personal funcionario está penada con inhabilitación de cargo público y empleo". Finalizan el comunicado advirtiendo de las consecuencias "irreparables" que podría generar el final de este proceso, que podría ir en contra de los principios constitucionales de acceso al empleo público.
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