La prisión portuense de Puerto III se enfrenta a una alarmante carencia de personal médico, según denuncia el sindicato CSIF. La situación crítica se manifiesta en la notable reducción de médicos disponibles, quedando solo dos facultativos en activo, frente a los doce que deberían estar según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Esta escasez de personal médico tendrá como consecuencia la implementación de guardias localizadas en lugar de presenciales en ciertos turnos, generando horas del día en las que no habrá ningún médico disponible.
La plantilla médica actual, sumada a la reciente jubilación de un facultativo y la baja de larga duración de otro, ha dejado al centro con un déficit considerable. Esta situación es particularmente preocupante teniendo en cuenta la elevada población reclusa de la prisión, que alcanza aproximadamente 1.300 internos, siendo uno de los centros más saturados de España.
Desde CSIF se señala que "desde hace más de 20 años, no se cumple con la Ley de Cohesión y Sanidad de 2003", la cual estipula la transferencia de las competencias sanitarias penitenciarias a las Comunidades Autónomas. El sindicato apunta a la falta de interés por parte del Gobierno y las Comunidades Autónomas, así como a la ausencia de presupuesto para asumir estas responsabilidades. Además, critican la desidia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del Gobierno para articular medidas alternativas, unido a la escasez de médicos en España, lo que contribuye a esta situación alarmante.
En algunas prisiones, se han implementado medidas de 'telemedicina', pero Puerto III aún no dispone de esta modalidad de manera regular. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha solicitado la contratación de un médico adicional para Puerto III hasta octubre de 2026, pero incluso con esta adición, el centro quedaría con un número insuficiente de médicos.
CSIF exige el cumplimiento de la Ley de Cohesión y la integración de las competencias sanitarias en las Comunidades Autónomas o, alternativamente, que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias provea los recursos necesarios para asegurar una atención sanitaria adecuada en Puerto III.
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