El Ayuntamiento de San Fernando mantuvo ayer una reunión con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, la dirección y las familias del CEIP San Ignacio, demostrando una vez más su compromiso por encontrar soluciones a las necesidades del centro educativo, sin haber recibido el apoyo necesario por parte de la Junta de Andalucía. En este encuentro, que fue solicitado por el propio Ayuntamiento, se expresó la "voluntad expresa de la alcaldesa" de colaborar con la Junta para encontrar soluciones "a corto, medio y largo plazo que permitan garantizar que los niños y las niñas crezcan y aprendan en aulas y espacios dignos y seguros".
Desde el principio, el Ayuntamiento ha trabajado en "todas las direcciones posibles para garantizar la seguridad del alumnado y el personal docente y de servicios", subrayando que "la prioridad es el alumnado" y que es imprescindible "la unidad de acción y el entendimiento entre administraciones". Sin embargo, el gobierno local critica la gestión de la Junta, señalando que no es aceptable que se mantengan colegios con más de "50 años y con problemas estructurales desde que se construyó".
A pesar de no ser competencia municipal, el Ayuntamiento ha llevado a cabo todas las actuaciones necesarias para responder a la situación, incluyendo el traslado del mobiliario y materiales, la habilitación de nueva señalética, adecuaciones en edificios provisionales, estudios técnicos, y la compra e instalación de estores y paneles de metacrilato, entre otras. Estas acciones, que "nunca corresponden a un Ayuntamiento sino a la Junta de Andalucía", han sido desarrolladas sin el "acompañamiento de la Administración autonómica".
Además, se han tomado medidas para asegurar la calidad del servicio de aula matinal y comedor desde el inicio del curso. No obstante, la Junta de Andalucía no ha enviado el proyecto necesario para la obra del office de la cocina, lo que ha llevado al Ayuntamiento a asumir esta responsabilidad. También se menciona que la instalación eléctrica no superó la inspección del Organismo de Control Autorizado (OCA), lo que requiere un nuevo proyecto de adecuación energética, que será asumido por el gobierno municipal "pese a que esta no es competencia de las administraciones locales".
El Ayuntamiento ha pedido a la Junta el inicio de los trámites para la construcción de un nuevo colegio, ofreciendo gratuitamente una parcela municipal para este fin, pero aún no ha recibido un compromiso claro. Se enfatiza la necesidad de "ir dando pasos, con el compromiso presupuestario, con la tramitación del proceso urbanístico y con la licitación de la redacción del proyecto y de la propia obra". Además, se va a solicitar la descatalogación del edificio actual para poder proceder con su demolición, dada la situación estructural irreversible causada por materiales de construcción de mala calidad y los 50 años de antigüedad del edificio.
En resumen, el Ayuntamiento de San Fernando está tomando medidas significativas y asumiendo responsabilidades que van más allá de sus competencias municipales para solucionar los problemas del CEIP San Ignacio, en un contexto donde la colaboración de la Junta de Andalucía ha sido insuficiente.
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