El PSOE de Cádiz ha denunciado un "incendio sanitario" en el Campo de Gibraltar, vinculado a lo que describe como un "deterioro continuo e intencionado" de la sanidad pública en Andalucía, derivado de las políticas del Gobierno de Moreno Bonilla. Esta situación, que también afecta a otras zonas de la provincia y de la comunidad autónoma, ha sido objeto de una reunión mantenida en la Casa del Pueblo de Algeciras entre representantes sindicales del sector de la Sanidad, miembros de la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública en el Campo de Gibraltar y dirigentes socialistas.

Durante la reunión, a la que asistieron el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, y representantes del PSOE de los ocho municipios de la comarca, se constató la gravedad de la situación sanitaria en la región. Ruiz Boix afirmó que "el Servicio Andaluz de Salud no funciona", haciendo referencia a la crisis en la Atención Primaria, Pediatría, especialidades médicas y las intervenciones quirúrgicas, con más de un millón de personas en Andalucía en lista de espera.

Ruiz Boix también señaló que la problemática es consecuencia de un "problema de gestión y un problema de modelo sanitario" por parte del Partido Popular, asegurando que la destitución de la consejera de Sanidad, Catalina García, no solucionará la crisis. Subrayó que esta destitución, junto con la de la consejera de Educación, confirma las denuncias realizadas por el PSOE sobre el deterioro de estos servicios públicos.

En relación con el Campo de Gibraltar, el dirigente socialista recordó que la comarca experimenta un incremento de población durante los meses de verano en sus cinco municipios costeros, lo que agrava la situación, ya que los servicios sanitarios "no sólo no se refuerzan, sino que encima reduce el número de profesionales y los centros de atención primaria se quedan sin horario de tarde". Ruiz Boix exigió al Gobierno de Moreno Bonilla el refuerzo de las plantillas y el reconocimiento del "fracaso" de sus "planes de choque", acusando a la administración de favorecer a las clínicas privadas con dinero público y provocar una desconfianza creciente en la sanidad pública.

Finalmente, Ruiz Boix recordó que antes de la destitución de la consejera, el presidente de la Junta ya había firmado el despido de más de 5.000 sanitarios que prestaron servicio durante la pandemia de Covid-19, y que muchos estudiantes de Medicina y Enfermería han tenido que buscar empleo en otras comunidades autónomas debido a la falta de estabilidad laboral en Andalucía.

El PSOE denunciará en el pleno de la Diputación de Cádiz el grave deterioro de los servicios públicos en la provincia. La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Ana Carrera, pedirá al PP un compromiso en dos cuestiones claves: el plan de verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) consensuado con los sindicatos para evitar el caos en la gestión sanitaria, y la ejecución de obras en dos colegios de la Sierra, la cubierta del Albarracín en El Bosque y el nuevo aulario para infantil en el Antonio Machado en Espera, "que tienen a los padres y madres en huelga, sin llevar a sus hijos a clase".

Carrera reclama al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, "que no deje de ejecutar ni un solo euro más en las infraestructuras educativas" y reta al Partido Popular a que diga "cuántas obras aprobadas y anunciadas en los últimos seis años se han ejecutado en la provincia de Cádiz". Además, exige a la delegada del gobierno, Mercedes Colombo, que "haga lo necesario para que la delegada territorial de Educación cumpla con su trabajo y ponga en marcha los mecanismos para que esas dos obras en los colegios de la Sierra se ejecuten en verano y estén listas para el inicio del curso escolar".

A juicio de la portavoz socialista, "la provincia de Cádiz, la educación en Cádiz está sufriendo doblemente al gobierno de Moreno Bonilla". Critica el desmantelamiento de la educación pública en favor de la concertada y privada, y señala problemas como la reducción de líneas educativas, la falta de personal para atender a niños con necesidades especiales y la no cobertura de bajas laborales de los docentes.

Carrera denuncia que "en Cádiz, además del desmantelamiento habitual, se suma la incapacidad de la delegada territorial para solucionar problemas educativos de su competencia". Según Carrera, "los sindicatos alertan de renuncias constantes de funcionarios públicos que no aguantan más los malos modos de la delegada".

Entiende Carrera que esta situación "afecta al funcionamiento y organización de la delegación en cuanto a planificación e infraestructuras". Advierte que "estos malos modos se extienden a los alcaldes que no son de su partido, directores de colegios y familias a las que no atiende".

"Cada día que la delegada de Educación permanece en su puesto, la educación en Cádiz sigue empeorando", sentencia Carrera, emplazando a comprobar "los planes de infraestructuras educativas aprobados anualmente por la agencia pública de educación". Según Carrera, desde que Isabel Paredes es la delegada territorial, "no se ha resuelto ningún problema de infraestructura y no se ha ejecutado ninguna obra importante en un centro público".

La dirigente socialista señala que "hay obras aprobadas en 2019 y 2020 cuyas licencias han caducado y ahora se comunica a las familias y ayuntamientos que ya no cuentan con el dinero para ejecutarlas".

Carrera manifiesta la solidaridad del PSOE con la comunidad educativa de toda la provincia de Cádiz, explicando las dos obras pendientes en los colegios de la Sierra. En el colegio Albarracín de El Bosque, "llevan años solicitando la reparación de la cubierta que provoca filtraciones y riesgo de desprendimiento". Ya en 2022 el PSOE exigía la mejora de esta cubierta, y Carrera reprocha que la delegada "no ha querido cumplir con el compromiso de adjudicar la obra en abril para que se ejecute en verano".

En el colegio Antonio Machado en Espera, las familias llevan años esperando un nuevo aulario para el ciclo de infantil. Carrera indica que "el nuevo aulario fue aprobado en el plan de infraestructuras educativas de 2021 con una dotación de más de 345.000 euros, y tres años después, sigue sin ejecutarse". Carrera pide al PP "que se ponga del lado de las familias y de la educación pública, y no sea cómplice de la incapacidad de la delegada territorial".

La portavoz socialista en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y secretaria general del partido en Tarifa, Lucía Trujillo, ha reiterado esta mañana en Algeciras el “rechazo” del PSOE al “tarifazo” de la basura que ha aprobado la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, al tiempo que ha advertido de que existen serias dudas sobre la “legalidad” de que se haya empezado a aplicar con carácter retroactivo.

En rueda de prensa junto con el secretario general del PSOE de Los Barrios y viceportavoz comarcal, Daniel Perea, y el secretario de Organización del PSOE de Algeciras y también miembro de la Manomunidad, Fran Fernández, Lucía Trujillo ha confirmado que desde el Partido Socialista se va a “estudiar esta posible ilegalidad del cobro con carácter retroactivo en el recibo de la basura que que ha realizado Arcgisa”, la empresa pública mancomunada de recogida de residuos, y ha anunciado ante los periodistas que “si se prueba que ha sido así, desde el PSOE vamos a tomar las acciones que sean necesarias para defender los intereses de los vecinos y vecinas de la comarca”.
“No logramos entender cómo el gobierno de la Mancomunidad, formado por el Partido Popular y por 100×100, es capaz de acometer este atraco al bolsillo de los campogibraltareños, mientras que ellos se suben el sueldo”, ha lamentado Trujillo, que ha instado a la presidenta de la institución, Susana Pérez Custodio (PP), a que deje ya de mentir y de intentar confundir a los ciudadanos. “La Ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular sí recoge que debe existir una tasa para el depósito de residuos en vertedero, pero no dice ningún artículo de esta ley que para recoger esa tasa haya que subir el recibo un 46%, y a la vista está, ya que ésta es la única administración de la provincia que ha hecho una subida de estas características en el recibo de la basura”.

Además, Trujillo ha explicado que el artículo 97 de esta Ley dice que la recaudación del impuesto se asignará a las comunidades autónomas, es decir, que “todo lo que se va a recaudar gracias a este impuesto va para el Gobierno de la Junta de Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla. Por tanto, desde aquí instamos nuevamente al gobierno de la Mancomunidad a dejar ya de mentir, a ser transparente y decir la verdad, que esa modificación de las ordenanzas la ha aprobado el PP con sus socios de gobierno y el voto de calidad de la presidenta, y con el voto en contra del Partido Socialista”, cuyas alegaciones fueron desestimadas.

En lo que respecta a la aplicación de esta nueva tarifa, Trujillo ha señalado que “a todos nos ha llegado ya el recibo de la basura, y en ese recibo no viene la cantidad que correspondería al cuarto trimestre, sino una cantidad mayor”, y ha recordado que, al haberse configurado dicha ordenanza como ordenanza fiscal, en ningún caso puede tener carácter retroactivo”. “Por tanto, no entendemos cómo el gobierno de la Mancomunidad es capaz de cobrar con carácter retroactivo este recibo cuando no lo ampara la Ley”, ha añadido Trujillo, explicando que ya ha habido una reunión para compartir esta “preocupación” y este “rechazo al tarifazo de la basura” con la Federación de Asociacionse de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), y que ambas organizaciones “nos hemos comprometido a estudiar esta posible ilegalidad”.
Por su parte, el portavoz adjunto Dani Perea ha recordado que “ese impuesto fue decretado en 2022 y nos llega a la Mancomunidad a finales de este año, pero nos llega también un escrito de la Federación Andaluza de Municipios, donde apela a la cautela, a la calma y a no aplicar un impuesto que todavía no sabíamos exactamente cuál era la cuantía, cuál era la forma y además que le compete, como ha dicho mi compañera Lucía a la Junta Andalucía, la recaudación y la reglamentación de ese impuesto”.

Perea apunta que “cuando fue a pleno en febrero de 2023 por parte del Partido Socialista expresamos esas dudas en la aplicación de impuestos y planteamos la posibilidad de que los ayuntamientos pagaran ellos mismos el impacto que suponía el impuesto en cada una de las localidades por parte de ARGISA, en virtud del acuerdo al que se había llegado por parte de los propios alcaldes”.

“Cuando fuimos a pleno de febrero nos encontramos que ese acuerdo adoptado por los alcaldes se elimina de la propuesta de acuerdo y por tanto es el propio Partido Socialista el que pide que se quede encima de la mesa, una situación en la que hasta Landaluce expresó su conformidad”. Precisa el líder de Los Barrios que “esa fue la causa” y pide al PP “que no mientan diciendo que el Partido Socialista no lo aprobó en su día porque no quiso o porque había cuestiones electorales, porque lo único que quería el Partido Socialista era que no se repercutiera en el bolsillo de los ciudadanos”.

Asimismo, Fran Fernández también ha manifestado la preocupación existente en el PSOE de Algeciras por este “tarifazo”, que se une en este municipio a las otras subidas aprobadas por el gobierno local de Landaluce (PP), con el voto en contra de la oposición y de miles de firmas ciudadanas. Entre ellas, la “brutal” subida del IBI y las del impuesto de circulación, la plusvalía, el agua y la grúa municipal, entre otros impuestos, tasas y precios públicos. En total, un “verdadero atraco” al bolsillo de los algecireños que se va a poder ir comprobando en los sucesivos recibos, y que forma parte de un plan que el PP ocultó durante toda la campaña electoral para que no le pasara factura en las urnas. “Hay una gran diferencia entre lo que hace el PSOE cuando hay crisis, que es aprobar medidas sociales y ayudas para los más vulnerables, y lo que hace el Partido Popular, que es privatizar y subir impuestos, pero sin mejorar los servicios”, ha añadido el socialista algecireño.

La diputada socialista Mamen Sánchez ha felicitado a la flota pesquera gaditana por el acuerdo del Consejo de Ministros de Pesca de la UE, presidido por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha sido muy positivo con un incremento de cuotas en especies con un alto valor comercial, según ha precisado el ministro español. 

Según Mamen Sánchez, “el gobierno de España ha logrado una cuota histórica en la merluza del sur, con 10.971 toneladas”. “Este aumento supone un 9,7 por ciento más que en el 2023 y esto va beneficiar mucho a la flota gaditana”, señala asegurando que “también va a beneficiar a nuestras flotas el aumento de la cuota del jurel en un 5,3 por ciento o el rape con un 7,2 por ciento y el gallo un 11,4 por ciento”.

Además- continúa Sánchez- “en el caso de la cigala se va a conseguir mantener la cuota del 2023 en 32 toneladas gracias al acuerdo con Portugal que permite el intercambio de cuota y la reapertura de pesquería de la cigala en nuestras aguas”. 

De hecho, sostiene Sánchez que “el sector podrá disponer de 1.754 kilos, importantísimos en estas fechas”. La diputada socialista también se ha referido al  lenguado, respecto al que el ministro ha logrado aminorar la reducción prevista inicialmente en un 33 por ciento a un 17 por ciento.

Mamen Sánchez, que es miembro de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha agradecido al Ministro Luis Planas esta negociación histórica y que se tenga en cuenta a las pesquerías de Cádiz, por la importancia del sector para la  dinamización de la económica de la provincia de Cádiz. 

La diputada socialista quiere tener un diálogo fluido y constante con el sector para hacer llegar sus voces al Congreso y al Gobierno y por supuesto que también puedan ser escuchados directamente por el Ejecutivo. “Sobre todo en un momento donde hay que poner tantas instituciones de acuerdo, Comisión y Estados miembros para proteger la biodiversidad y asegurar el mantenimiento de la actividad pesquera”, ha apuntado.

El secretario general del PSOE de Cádiz y presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha lamentado el boicot del PP a la celebración de los actos previstos por la Mesa de la cámara en el Oratorio de San Felipe Neri con motivo de la conmemoración de los 212 años del Bicentenario de la Pepa.

Ruiz Boix recuerda que se había generado una gran expectación en torno a la decisión de la Mesa del Congreso de visitar Cádiz y la oportuna idea de celebrar una reunión de la mencionada institución, espejo de la soberanía nacional, en el Oratorio San Felipe Neri con motivo de los 212 años que se cumplen de la aprobación de la Pepa. 

“Las reuniones de la Mesa para organizar los asuntos relacionados con la organización y funcionamiento de la Cámara Baja se van a producir igualmente en Madrid, así que no entendemos que los diputados del PP hayan decidido dar la espalda a Cádiz e impedir que se rindiera homenaje a la Constitución que abrió camino a la libertad en España e Iberoamérica y tumbó el Antiguo Régimen”, señala Ruiz Boix que no entiende las razones que les han llevado a “dar ese portazo a los gaditanos y a los españoles pues se trataba solamente de recordar la historia que nos alumbra”.

Ruiz Boix afea al PP que “esté instalado solo en alimentar la crispación y no vea más allá de la ira y el resentimiento”. “Desgraciadamente, la crispación en la que vive únicamente el Partido Popular que no ve soluciones, ni encuentra respuesta a los problemas de los ciudadanos, alimenta una confrontación que esparcen por todos lados rompiendo con el consenso que había para celebrar esa Mesa en Cádiz, rompiendo incluso con la institucionalidad que siempre ha rodeado todo lo que significa para Cádiz, para España, y para el mundo la Constitución de 1812”, subraya.  

Así, ha pedido explicaciones al PP de Cádiz y al presidente del PP, “para más inri alcalde de la ciudad”, Bruno García, “por permitir que la estrategia de Génova lo inunde todo y le hayan hecho un feo tan grande a la ciudad de Cádiz, teniendo todo organizado ya, sin respetar a los gaditanos y gaditanas, ni a la Constitución de la Pepa, ni mucho menos a los valores que esta representa y dejando una vez más a las claras el liberalismo y patriotismo de pacotilla del PP”. 

El Grupo Socialista en la Diputación ha registrado hoy las alegaciones anunciadas contra el reparto del remanente realizado en la Diputación que fue aprobado en el pleno del 20 de septiembre “por no respetar la Ley” y a través de las que ha pedido la revocación de dicho acuerdo por ser nulo de pleno derecho. 

En el escrito jurídico registrado esta mañana, alegan en primer lugar, falta de motivación del procedimiento de urgencia y de la puesta a disposición del expediente administrativo al carecer de la preceptiva motivación y evitar la puesta a disposición a los miembros de la corporación del expediente administrativo, en tiempo y forma suficiente, para el conocimiento de los asuntos a tratar. Entienden desde el PSOE que “la única motivación de la urgencia viene a responder a la voluntad de la Presidencia de Diputación de impedir el legítimo ejercicio de acción política del art. 23 de la CE a los miembros de la corporación, lo que supone una clara vulneración de los derechos de esta parte y una quiebra del principio de seguridad jurídica del artículo 9 de la CE”.

Se produjo a su vez en ese Pleno, según el Grupo Socialista, una vulneración de los principios generales contemplados en el art. 8 de la Ley General de Subvenciones que establece los Principios Generales, de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. De la misma manera apuntan al artículo 22 de la misma Ley que indica que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se ha de tramitar en régimen de concurrencia competitiva. Este sistema de concesión de subvenciones, garantiza la publicidad y concurrencia de los que optan a la concesión, así como la igualdad y no discriminación de los mismos. 

Entienden desde el PSOE que de la misma manera se ha vulnerado el artículo 14 de la Constitución Española puesto que el reparto realizado ha generado desigualdad y discriminación entre los Ayuntamientos. Inciden en que se han concedido subvenciones nominativas sin que los Ayuntamientos tuvieran conocimiento de su convocatoria y su tramitación.

Respecto al deber de la Administración de cumplir con las garantías procedimentales, las alegaciones de los socialistas consideran que el Gobierno de la Diputación ha infringido el derecho al procedimiento debido y ponen de ejemplo las declaraciones de Ortiz que adujo que “las inversiones en obras son a los municipios que se han podido comprometer (con una declaración jurada) a adjudicar los proyectos antes del 31 de diciembre de este año”. Se preguntan en el texto, “cómo tiene conocimiento la Diputación de Cádiz de cuáles son los Ayuntamientos que se pueden comprometer a adjudicar proyectos antes del 31 de diciembre de 2023, qué sistema de comunicación o invitación se ha realizado a esos Ayuntamientos para que hayan podido comprometerse mediante una declaración jurada, por qué no se ha hecho extensivo a todos los Ayuntamientos”.

También se ha producido una vulneración del código de buen gobierno local de la FEMP aprobado en junta de gobierno de 24 de marzo de 2015 así como del artículo 36 de la Ley de Bases de Régimen Local en cuanto al principio de proporcionalidad. Queda patente, según se desprende de las alegaciones registradas, que el reparto realizado no respeta el espíritu que debe presidir la actuación de la Diputación que viene llamada por mandato legal a asistir y cooperar jurídica, económica y técnicamente con los municipios de menor capacidad económica y a coordinar determinados servicios en aquellos de menos de 20.000 habitantes y por otro, el principio de proporcionalidad en el reparto de ayudas, sirviendo de ejemplo que frente a los 14.800 euros subvencionados a Setenil, La Línea de la Concepción ha recibido 10.200.000 euros, Cádiz 5.015.000 euros, el Puerto de Santa María 7.000.000 euros, Algeciras 5.135.000 euros y Jerez de la Frontera 4.272.268,71 euros. 

Y por último, y no menos importante, concluyen con la posible concurrencia de los elementos del tipo del artículo 404 del Código Penal de Malversación Administrativa en el reparto de las subvenciones nominativas aprobadas en el mencionado Pleno puesto que la resolución además de injusta, resulta arbitraria y se ha acordado a sabiendas de su ilicitud, con intención deliberada y plena de beneficiar a determinados Ayuntamientos, “con desprecio absoluto y grosero del procedimiento a seguir y conculcando todos los principios generales que deben regir la actuación de las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones, ocasionando además la vulneración de los derechos fundamentales del art. 9, 14, 23 y 24 de la Constitución Española.

Llamada a la rectificación para procurar un reparto igualitario

Al respecto, el secretario general del PSOE de Cádiz y presidente del Grupo, Juan Carlos Ruiz Boix, ha advertido de que “el Gobierno tiene la oportunidad de rectificar, aún no lleva 100 días en el ejercicio de la acción del gobierno, pero no puede seguir trabajando con ese sectarismo”. 

“El Grupo provincial socialista está dispuesto a votar a favor de la rectificación, a favor de un reparto igualitario, a favor de respetar el artículo 14 de la Constitución, el principio de igualdad que permita a todas las y los gaditanos contar con recursos para solventar problemas en las infraestructuras, en inversiones de todos y cada uno de los 45 municipios y de las 11 entidades locales autónomas”, ha subrayado para abundar en que desde el PSOE “no vamos a colaborar con ningún reparto sectario, no vamos a colaborar con ningún reparto discriminatorio que únicamente beneficia a unos cuantos a unos poquitos y que sepamos que cuando hay más dinero para unos poquitos, es porque se resta porque se quita a otros pueblos, se beneficia a los que les toca la lotería del gordo en este caso Algeciras, La Línea, Jerez y El Puerto en detrimento del resto de poblaciones, en detrimento del resto de vecinos y vecinas de otros municipios a los que no les llega ni un solo euro por una decisión directa de la presidencia de la Diputación, que es del Partido Popular y de la señora Martínez”.  

La diputada andaluza Rocío Arrabal, representante por la provincia de Cádiz, ha expresado su preocupación por la demora en la intervención de la Junta de Andalucía en el conflicto laboral de Acerinox, ubicado en Los Barrios, que ha alcanzado ya los 40 días de huelga. Durante su participación en la Comisión de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Arrabal criticó la lentitud y la falta de diligencia del gobierno autonómico y solicitó una mayor implicación en la búsqueda de una solución definitiva.

El inicio de las negociaciones, previsto para el 15, ha sido un punto positivo aunque tardío en el proceso de mediación de la Junta, según Arrabal. La parlamentaria señaló la falta de contacto previo del gobierno con los trabajadores y sus representantes, que no tuvo lugar hasta el 22 de febrero, evidenciando un seguimiento insuficiente del conflicto por parte de la administración autonómica.

Arrabal remarcó la importancia de un papel más activo de la Junta en la resolución del conflicto, que afecta a 1.800 trabajadores y sus familias, y subrayó la necesidad de no considerar resuelta la situación hasta la firma de un nuevo convenio. Asimismo, destacó la relevancia de fortalecer el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para una gestión más eficaz de los conflictos laborales.

La esperanza de la parlamentaria se centra en que la reevaluación de la postura de la Junta y su mayor implicación conduzcan a una resolución favorable y definitiva del conflicto en Acerinox, que tiene un impacto significativo en el bienestar de numerosas familias y en la comunidad del Campo de Gibraltar.

La secretaria general del PSOE de Algeciras y diputada autonómica por la provincia de Cádiz Rocío Arrabal ha registrado este martes, 2 de abril, una nueva iniciativa parlamentaria encaminada a la resolución del conflicto laboral en Acerinox, con una huelga indefinida que dura ya casi 2 meses.

Concretamente, Arrabal ha registrado en nombre del Grupo Parlamentario Socialista una pregunta con ruego de respuesta oral para que en la próxima sesión de control al Gobierno andaluz se explique por qué sigue sin haber una “mediación política” que contribuya a poner fin al “calvario” que están viviendo los más de 1.800 trabajadores de la acería y sus familias, así como las repercusiones que toda esta situación está teniendo en el Campo de Gibraltar.

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista recuerda que hace ya algo más de un mes trasladó una iniciativa similar a la Comisión de Empleo de la Cámara Autonómica, y que ni la “respuesta con evasivas” dada entonces por la titular de esta Consejería ni las actuaciones que posteriormente se han llevado a cabo a otros niveles han permitido avanzar en la resolución definitiva de una problemática que “ya no es sólo laboral, sino que está teniendo también un importante coste económico y social” para esta comarca gaditana.

“Después de casi 60 días de huelga, echamos en falta una verdadera acción de mediación política por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, porque esto no puede seguir así… ¿Dónde está Moreno Bonilla? ¿Qué están haciendo la consejera de Empleo y el consejero de Industria? ¿Qué está haciendo el consejero de la Presidencia, que tan preocupado dice estar por la provincia de Cádiz? ¿A qué están esperando?”, se ha preguntado la parlamentaria algecireña, señalando que “estas clamorosas ausencias las van a tener que explicar en sede parlamentaria, porque aquí hay competencias políticas que no se están ejerciendo y, tal y como están las cosas después de dos meses de conflicto laboral, eso no es sólo una dejación de funciones por parte del Gobierno andaluz, sino también una grave irresponsabilidad”.

Arrabal ha querido dejar claro que desde el Grupo Parlamentario Socialista “aplaudimos y valoramos” la profesionalidad y el esfuerzo de los funcionarios del Sercla y del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, que “están cumpliendo con su función de mediación”, pero ha insistido en que “lo que se echa en falta a estas alturas es otro tipo de mediación, la política, que es la que está brillando por su ausencia”. A este respecto, desde el PSOE se insta al Presidente de la Junta de Andalucía y a su Gobierno a “dejar de mirar para otro lado” y a “poner de su parte” para contribuir a la búsqueda de una solución, ante el nuevo “enquistamiento” que ha sufrido la negociación entre los trabajadores y la empresa.

El secretario general del PSOE de Cádiz y presidente del Grupo Socialista en la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha utilizado el turno de preguntas del pleno celebrado esta mañana en la Diputación provincial para realizar una batería de cuestiones a la presidenta, Almudena Martínez del Junco, en relación al reparto “sectario” de los 33 millones de euros distribuidos en un 93 por ciento entre municipios del PP y La Línea 100X100 y que ha dejado fuera a 34 municipios. Además también le ha requerido aclaración sobre la estructura organizativa del Gobierno de la Diputación considerando “caótico” que en tan solo 96 días haya aprobado hasta seis decretos con cambios de funcionamiento de las áreas y sus titulares. 

Respecto al primer asunto que viene denunciando el PSOE, sin descartar acudir a los tribunales de Justicia por un posible delito de prevaricación, como la presidenta defiende que se eligieron los proyectos que podían estar adjudicados antes de fin de año con declaración jurada, Ruiz Boix ha vuelto a preguntarle “cuantos ayuntamientos recibieron esa comunicación u ofrecimiento para que presentaran iniciativas” y “cuantos de los 34 municipios que han quedado fuera del reparto discriminatorio contestaron y si tienen prueba fehaciente de esa respuesta”.

El dirigente socialista le ha reclamado a la presidenta mayor transparencia y que dé respuesta a las preguntas que realiza la oposición pues aún hay tres pendientes del pleno anterior. Ruiz Boix se ha remitido además a los distintos decretos aprobados a lo largo de los 96 días para señalar el desconcierto que habita entre las cuatro cabezas del Gobierno, la presidenta, Ortiz, Beardo y los socios de 100X100. Le ha pedido aclaración sobre las circunstancias que han rodeado a tantos cambios y le ha pedido que ponga orden en la gestión de las áreas de Gobierno. 

Ha vuelto a emplazar al PP para que abandone el sectarismo, instándoles a pensar que “la Diputación es una institución muy importante para el conjunto de la provincia y que hay muchos vecinos y vecinas que dependen de su gestión económica, de la gestión de áreas, de la gestión de los programas de más de 300 millones de euros que tienen que llegar a 1.300.000 habitantes”.  

“Le ruego que mantenga un gobierno estable, un gobierno que genere confianza y que permita a nuestra provincia avanzar sin sectarismo, sin discriminación y en este caso sin debates ni discusiones entre los miembros del Gobierno”, ha expuesto.

En la sesión plenaria, han sido aprobadas las tres mociones que el Grupo Socialista había elevado para su debate. Así, los socialistas han logrado el acuerdo unánime de la cámara en dos reclamaciones a la Junta de Andalucía con respecto a la tramitación definitiva de las solicitudes aún pendientes de acceso al bono de alquiler joven y la necesidad también de que el Gobierno andaluz ponga a disposición de los centros educativos de la provincia de Cádiz el personal técnico de integración social necesario. 

La tercera moción respaldada por todos los grupos reclama a la Diputación que convoque, impulse y reactive la mesa de alcaldes para la erradicación y aprovechamiento del alga asiática, creada en el marco del Pacto por la Sostenibilidad de la Costa Gaditana, incorporando a la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, Universidad de Cádiz y a los sectores económicos afectados -pesquero, turismo y hostelería- organización ecologista, así como otros agentes o personas expertas que, por su vinculación con este tema, se considere oportuno. Cádiz, 18 de octubre de 2023

La parlamentaria andaluza, Irene García, ha realizado hoy una pregunta a la consejera de Salud, Catalina García, sobre la falta de personal en los centros de salud mental así como la privatización del servicio de cocina.

García le ha pedido a la consejera que aclare la situación y diga la verdad a los trabajadores de FAISEM, presentes en la cámara “para que sepan cuál es el futuro de la Fundación”.

La parlamentaria andaluza le ha pedido que “no utilice el escapismo pues lleva cinco años con responsabilidad de gestión y si se lo encontró todo tan mal, ya ha tenido tiempo de resolverlo”. “No se escude en la herencia, en lo malo que somos en el PSOE, o que España se rompe porque esto es fruto de su gestión y de sus decisiones. Los trabajadores, usuarios y familiares merecen una explicación”, le ha espetado para subrayar que “la falta de personal afecta a la calidad de la atención que reciben las personas con enfermedad mental”.

Así, ha explicado que “la gota que ha colmado el vaso es lo que ha ocurrido con el personal de cocina” que, en su opinión, responde “a un plan organizado donde, primero, iniciaron una operación de derivación de las funciones de cocina a la empresa UNEI, entidad dependiente de la propia Fundación, para después terminar sacando un pliego e implantar un catering, que le va a costar a los andaluces 900.000 euros anuales, pudiendo llegar a los 4 millones si desarrolla en su amplitud todo el contrato”. 

La también vicepresidenta de la Mesa ha lamentado que “mientras derivaban a la empresa UNEI el servicio, aprovechaban para amortizar todas las plazas de monitores de cocina cada vez que había jubilaciones, incapacidades o cualquier otra situación que se lo permitía”. Sostiene GArcía que “el esquema ha sido el mismo en todas las provincias” poniendo de ejemplo Cádiz donde “en Jerez, en el Puerto de Santa María, Los Barrios, La Línea y San Fernado, han amortizado hasta siete plazas y las que se derivaron a la empresa UNEI, hoy están en la calle”. 

“En todos estos centros, ya no hay cocina, sino un contrato con una empresa que trae un catering”, ha señalado la diputada del PSOE que se ha preguntado “si no hay monitores de cocina ¿quién se encarga de administrar las cuatro comidas al día?” 

García ha acusado a la consejera de no respetar el comunicado que publicaron y en el que se comprometían a que los monitores residenciales no realizarían servicios de cocina pero son los únicos profesionales que quedan en las residencies y están asumiendo más de 15 tareas diarias relativas al catering contratado que le ocupan hasta dos horas del turno sin que esté en su convenio colectivo.

“Lo más preocupante, y es lo que nos trasladan los trabajadores es que mientras se dedican a estas tareas no están en lo importante que es atender a las personas usuarias en las tareas de recuperación de habilidades, dar paseos, acompañamiento a gestiones médicas o administrativas”, apunta para concluir que “la atención a los usuarios ha pasado claramente a un tercer plano”. 

Cabe recordar que la medida afecta a más de 100 trabajadores de municipios de toda la provincia en los 14 centros que existen donde atienden a más de 300 usuarios, según los datos ofrecidos por el sindicato CCOO. 

La portavoz del Grupo Socialista en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Lucía Trujillo, pide al equipo de Gobierno de la Diputación de Cádiz que realice una modificación presupuestaria para sustentar el convenio con la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar por valor de 500.000 euros para colaborar en la prestación de servicios. “Una financiación extraordinaria de una subvención que llevaba cuatro años recibiendo la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar por un importe de 500.000 euros cada uno de los años para cooperar en las distintas políticas que gestiona la Mancomunidad y cuya ausencia va en perjuicio de los municipios”, señala. 

“Nos parece irresponsable que la Mancomunidad lleve a aprobación un presupuesto contando con una subvención de 500.000 euros por parte de la Diputación que no se ha hecho efectiva a día de hoy, pero  es que además no existe un compromiso firme y por escrito por parte de la Diputación”, ha advertido. 

Trujillo explica que “en los presupuestos aprobados el 23 de Noviembre debería de haber sido incluida de forma nominativa esta subvención y a la fecha que estamos no ha pasado por pleno de la Diputación, por lo que dudamos enormemente del compromiso del equipo de Gobierno de la Diputación que ha demostrado su olvido a nuestra comarca”. 

La portavoz socialista recuerda que en la moción presentada por el PSOE en la última Junta de Comarca y que salió adelante, se instaba a la Diputación a firmar el convenio de 500.000 euros con la Mancomunidad.

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reivindicado hoy de cara a la celebración del Día de la Provincia la institucionalización de la convocatoria de los Consejos de Alcaldía para que “escuchar a los alcaldes y alcaldesas sea un mandato frecuente e inexcusable”. Ruiz Boix lamenta que en estos ochos meses del nuevo Gobierno de PP y 100 por 100 La Línea la presidenta Almudena Martínez del Junco no se haya dignado aún a reunir a los ayuntamientos para debatir cuestiones y analizar cuestiones importantes como la sequía por ejemplo.

El dirigente socialista, que ha aprovechado para anticipar la felicitación del Grupo Socialista a los galardonados en la celebración que tendrá lugar mañana en el palacio provincial con motivo del 19 de marzo, ha lamentado que el Gobierno provincial dé la espalda a 45 alcaldes y alcaldesas y a los 10 presidentes de las ELAS “a los que no quiere dar la palabra” y ha reiterado que especialmente debería hacerlo para escuchar a los 30 municipios de menos de 20.000 habitantes, “a los que claramente les están quitando recursos para dárselos a las grandes ciudades”.

Espera Ruiz Boix que el contencioso administrativo al que ya ha dado curso el Grupo Socialista frene “el desorden, sectarismo y discriminación que sufren estos municipios que han visto como se han esfumado los planes de empleo y de inversión que daban sostén a muchos proyectos e iniciativas locales”. 

“No celebramos el Día de la Provincia en las mejores condiciones”, ha subrayado el líder del PSOE que ha apuntado a la carencia de una estrategia de desarrollo económico y social de la provincia y mucho se teme Ruiz Boix que “ahora intenten enmendar el vacío con propuestas que no tienen siquiera respaldo presupuestario”. 

El 19M es también para el secretario general de los socialistas “un día de reflexión sobre valores de los que carece el PP que gobierna bajo una desunión interna que perjudica seriamente a los intereses de la provincia”. Asimismo, el Día de la Provincia es a su vez “una jornada reivindicativa” y por ello le reclama a la presidenta de la Diputación que demanden como hacen con el Gobierno de España y exijan a la Junta que invierta en infraestructuras importantes como la Arcos Antequera o ante la problemática del narcotráfico acompañen el Plan de Seguridad con medidas de su competencia en materia de empleo, educación, formación y justicia.  

“Mañana es un buen día para que la presidenta de la Diputación alce la voz y reclame al Gobierno andaluz un plan especial para que atienda las necesidades de esta provincia a la que llevan cinco años dando la espalda”, ha resaltado.

De la misma manera que reclama la convocatoria del Consejo de Alcaldías, Ruiz Boix considera necesario también que la Diputación provincial abandere la convocatoria del Consejo Económico y Social, pero “se ve que no quieren escuchar que están ausentes”.

Al hilo, se ha referido al conflicto laboral abierto en Acerinox desde el pasado 5 de febrero y que afecta a 5.000 familias de la zona, lamentando que “no haya habido aún ni un comunicado de la Diputación solidarizándose con los trabajadores o alentando a una negociación de las partes”. “A 600 kilómetros cuando comience el Día de la provincia, habrá representantes de esos 5.000 empleados de Acerinox frente a las puertas de la empresa en Madrid”, ha subrayado pidiendo a la presidenta que “lo tenga presente mañana, que se acuerde de esta otra realidad y le pida a la Junta que medie entre las dos partes”. Ruiz Boix ha afeado la fecha elegida en Sevilla para celebrar ese encuentro en plena Semana Santa, aunque ha subrayado que “desea que sea fructífera”.

El también diputado por la provincia en la cámara baja ha recordado que en el día de hoy podría estará celebrándose la Mesa del Congreso en la ciudad de Cádiz con motivo del 212 aniversario de la Pepa y ha lamentado el boicot “a esa reunión solemne en el Oratorio de San Felipe que llevaba meses organizándose y que hubiera permitido contar con la presencia de la tercera autoridad del Estado así como los miembros de la Mesa, entre ellos los del PP, que se han negado argumentando lo que solo ellos provocan, crispación”.

Lo enmarca así en una estrategia de “acoso y derribo al presidente Pedro Sánchez al que tratan de deslegitimar como ya hicieran con Zapatero porque entienden que el poder les pertenece solo a ellos”, así que, en su opinión, “aunque ahora argumenten otra cosa, no es ninguna novedad dentro de ese clima que alimentan”. “Desde luego habría sido incompatible la presencia de los diputados del PP en un homenaje a la Constitución que aprobó la libertad política, que aprobó la libertad de prensa mientras vemos como desde sus filas, Miguel Ángel Rodríguez amenaza con cerrar a un medio como El Diario.es” por la publicación de las irregularidades fiscales de la pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.   

El PSOE de Cádiz ha situado hoy en la agenda política el problema de la emergencia por sequía que afecta a la provincia al lograr la aprobación en el Pleno de la Diputación de Cádiz para que se inste a la Junta de Andalucía a dotar de apoyo económico a las entidades locales, diputaciones, mancomunidades y consorcios para gastos extraordinarios que permitan resolver, de forma inmediata, los problemas de potabilidad o carencia de agua.

La primera moción de cuño socialista debatida y aprobada, con los votos a favor de PSOE e IU frente a la abstención de PP y 100 por 100 La Línea, en el primer Pleno ordinario que celebra la Diputación provincial este mandato plantea una de las preocupaciones más grandes que existe en nuestra provincia y es la falta de agua así como la respuesta que deben dar las administraciones ante la situación de los pantanos y embalses en mínimos históricos de su capacidad.

Ruiz Boix que ha defendido la propuesta que recoge una batería de soluciones desde un plan estratégico al Observatorio del Agua, ha recordado los incumplimientos del Gobierno andaluz con hasta tres obras hidráulicas en la provincia, en Guadalcacín, la comarca de la Janda y también en el Campo de Gibraltar, que a pesar de ser declaradas de interés autonómico en 2020 siguen sin ser ejecutadas. De ahí que haya reclamado a la Junta que cumpla sus compromisos y que invierta en las redes de abastecimiento para que no se produzcan pérdidas. Según el líder socialista, el nivel de ejecución de fondos para solucionar la problemática del agua está por debajo del 15 por ciento porque Moreno Bonilla está más preocupado en mirar hacia Madrid que hacia la Junta.

El portavoz del PSOE lamenta que “el único argumento del grupo popular haya sido tratar de desviar la responsabilidad que por sus competencias tiene la Junta hacia el Gobierno de España e incluso a los ayuntamientos” y ha reclamado certidumbre para los sectores afectados como la agricultura y la ganadería pero también hacia la ciudadanía que puede verse afectada en menos de un año por restricciones en el servicio de abastecimiento de agua para el consumo. Ruiz Boix considera de justicia la petición de colaboración al Gobierno andaluz para que no pase como sucedió en la pandemia que los ayuntamientos tuvieron que asumir funciones que no les correspondían. Y en cuanto a la presa de Gibralmedina, ha rechazado que el PP trate de situarla como obra de interés general del Estado pretendiendo adjudicarle la ejecución al Gobierno de España y ha recordado que tras dos años el proyecto está listo desde marzo de 2022 y ya deberían de haber iniciado su ejecución.

Sobre otra emergencia, la climática, el Grupo Socialista a través del diputado Fernando López Gil, ha pedido que quedase sobre la mesa el plan de Actuaciones Integrales de Revitalización de Espacios Públicos (AIRE) para que “sea un planteamiento de todos y no un plan sin fechas, incompleto que no se sabe a quién va dirigido, incongruente y lo que es más importante, sin recorrido presupuestario”. Ante la negativa del equipo de Gobierno “al ofrecimiento sincero” que le hacían desde el Grupo Socialista, López Gil ha lamentado que “la Diputación pierda la oportunidad de brindar apoyo a los ayuntamientos en un asunto tan disruptivo y que se despache en solo 10 páginas una estrategia tan importante para el futuro de ciudades y pueblos que precisarían de un debate más profundo”.

La segunda moción que los socialistas presentaban en el Pleno también ha sido aprobada de modo que desde la Diputación se reclama a la Junta que dé un paso atrás en el proceso de privatización en el servicio de cocina iniciado por el Gobierno andaluz en FAISEM, la fundación de trabajadores de los centros de salud mental de la provincia. El colectivo cuyos representantes han estado presentes en el salón de plenos ha podido comprobar como la diputada socialista, Carmen Collado, pedía en especial a la diputada responsable del área de Bienestar Social “una mayor sensibilidad y ponerse en la piel de estos usuarios y sus familias, enterarse bien de las necesidades de estas personas”. En la moción además de rechazar el recorte en el servicio de cocina, se le requiere a la Junta que incremente las ayudas destinadas a estos servicios.

La tercera moción del Grupo Socialista sobre las deficiencias en los centros educativos en este inicio de curso escolar defendida por Ana Carrera ha sido rechazada, “aunque hace seis meses ya se aprobó una de similar contenido y la Junta no ha acometido una sola de las obras que recogía y que eran demanda de los ayuntamientos”, ha recordado la diputada. En su intervención, Carrera ha realizado una radiografía de las carencias que afectan de manera generalizada a todos los municipios gaditanos, incidiendo en que la última obra del plan de infraestructuras se hizo en 2019.

Qué va a pasar con los planes de cooperación y el DipuInvierte

A lo largo del transcurso de este primer pleno del mandato, Víctor Mora ha defendido la gestión económica realizada por el equipo de Gobierno anterior “que ha logrado cerrar 2022 con un periodo medio de pago de siete días, con un 90 por ciento de nivel de ejecución de los programas, 44 millones de superávit y 75 millones de remanente de tesorería”. “Un legado económico” por el que ha dado las gracias al equipo técnico que ha colaborado en dicha gestión.

Precisamente esos números positivos permitirían al actual Gobierno del PP y La Línea 100 por 100 mantener “una línea continuista” como han prometido desde el área de Asistencia a Municipios en el plan de Cooperación a requerimiento del diputado Javier Ruiz Arana quien ha advertido de que “espera que se mantenga la decisión del suprimir el cargo financiero de estos planes a los ayuntamientos como hacía el Gobierno del PSOE y que esos más de 40 millones sigan destinándose en 2024 sobre todo a los municipios pequeños”.

Otro plan estrella de la gestión socialista, Dipuinvierte, no parece que vaya a correr la misma suerte. Ruiz Boix ha denunciado que 48 minutos antes de que diera comienzo la sesión plenaria, el equipo de Gobierno ha presentado un plan en el que “PP y 100 por 100 La Línea se reparten el 93,88 por ciento de los 31,5 millones de inversión prevista para el año próximo mientras que los 16 municipios gobernados por el PSOE y los 9 de IU solo alcanzan un 6,12 por ciento de esos fondos”. Lo ha calificado de “golfada” y anuncia que desde el Grupo Socialista se emprenderán acciones legales pues el reparto no responde a los criterios para los que está diseñado el programa. “Los municipios de menos de 20.000 habitantes reciben menos del 5 por ciento, los de menos de 50.000 el 7,77 por ciento, adjudicándose los de más de 50.000 habitantes el 92,22 por ciento”, ha precisado, criticando “este atraco a la bolsa común realizado con alevosía por el que tendrán que responder”.

Un primer pleno en el que también se han estrenado interviniendo otros diputados socialistas como Oscar Torres que ha defendido la necesidad de trabajar en pro de la igualdad en lo que respecta al deporte femenino “que no es una moda”, planteando una discriminación positiva hasta que las mujeres tengan las mismas posibilidades y para ello, considera esencial dotarlas de más recursos económicos y humanos lo que se hace patente desde las administraciones entre estas también la propia Diputación. Javier Pizarro por su parte, ha replicado al PP que ha puesto en cuestión el compromiso del Gobierno de España con el campo andaluz detallando una lista de inversiones y datos. “Presentan una moción vacía de contenido en la que la única defensa que hacen del sector es atacando al Gobierno de España, pero no dan datos de la Junta que tiene competencias por ejemplo el nuevo PDR o las obras hidráulicas con 568 obras que nadie sabe dónde están ejecutadas”, ha alegado.

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, celebró una reunión en Benalup-Casas Viejas con figuras destacadas institucionales y orgánicas del partido en la Janda. Durante esta, han propuesto al portavoz municipal de Barbate, Javier Rodríguez, como el elegido para liderar el Gobierno en coalición con IU en la Mancomunidad de Municipios de la Janda.

Aunque la Mancomunidad engloba siete municipios, desde las filas socialistas se ha sugerido la idea de incorporar a Vejer de la Frontera a la institución. Según declaraciones del secretario general, el Partido Socialista tiene la intención de conformar una coalición de gobierno progresista junto a Izquierda Unida. Este "gobierno compartiría sinergias positivas en políticas de defensa de la mujer, con énfasis en la creación de Centros de Información para las mujeres que estén accesibles y cercanos. La idea es favorecer la conciliación de la vida familiar y seguir incorporando nuevas competencias que ofrezcan un servicio cercano a todos los ciudadanos".

Ruiz Boix ha subrayado que desde el PSOE se busca "apostar por responsables políticos que entiendan la importancia de estar cerca de los problemas cotidianos y que trabajen para resolver dificultades económicas en los municipios. Pero, sobre todo, que puedan elevar la voz en defensa de los intereses comunes, fomentando la generación de empleo y riqueza en los ocho municipios de la Mancomunidad".

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentará una moción en el próximo Pleno de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para solicitar la devolución a los ciudadanos de la tasa de residuos que se ha cobrado de forma retroactiva. La portavoz del PSOE en la Mancomunidad, Lucía Trujillo, quien también es secretaria general del partido en Tarifa, ha destacado que esta medida busca rectificar lo que consideran una injusticia y una duda legal sobre la validez del cobro retroactivo de esta tasa, implementada a finales de 2023.

Trujillo ha expresado su rechazo al incremento de la tasa, que ha sido calificado como un "tarifazo" por los socialistas, argumentando que "es de justicia esta devolución de estas cantidades cobradas a los vecino y vecinas ya que existen serias dudas sobre su legalidad". El PSOE también propone un Plan de Actuación en materia de tratamiento de residuos, que incluiría una reducción significativa de la tasa aumentada el año pasado.

Además, el PSOE tiene la intención de solicitar a la Junta de Andalucía que las cantidades recaudadas por esta tasa se destinen a los ayuntamientos de la comarca del Campo de Gibraltar. Trujillo critica la gestión actual de estos fondos, señalando una falta de transparencia y justicia en el uso del dinero recaudado y haciendo énfasis en que no se contemplaba un aumento de tal magnitud en la legislación vigente sobre residuos y suelos contaminados.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha sugerido que los ayuntamientos asuman la gestión directa del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) debido a los retrasos atribuidos a la Diputación. La diputada Isabel Moreno, en una reunión con la agrupación municipal de Trebujena, encabezada por Juanjo Tejero, expresó su preocupación por la tardanza en el inicio de las obras del PFEA, destacando que este programa es crucial para los municipios rurales ya que facilita inversiones que de otro modo serían inalcanzables para los ayuntamientos. Moreno señaló que las obras, previstas para empezar en noviembre, aún no han comenzado, estimándose su inicio en mayo.

Además, Moreno criticó al Partido Popular (PP) por oponerse al incremento del PFEA y por su gestión que, según ella, deja a los trabajadores sin empleo. Propuso que el ayuntamiento gestione directamente el PFEA, argumentando que ello permitiría iniciar proyectos y beneficiar a los trabajadores de manera más eficiente. Esta gestión directa solicitaría la intervención del SEPE para facilitar la implementación en otros municipios gobernados por el PSOE.

La diputada también reprochó al alcalde de Trebujena, Ramón Galán, por su presunta connivencia con el enfoque discriminatorio del PP en la Diputación. Criticó la distribución de fondos que favorece a ciudades gobernadas por el PP o sus aliados en detrimento de otras localidades.

En otro aspecto, Moreno lamentó la gestión de un centro de salud en El Gastor, aprobado durante un mandato socialista pero cuya apertura se ha retrasado. Criticó la tendencia de la Junta hacia la privatización de la sanidad y cuestionó la incorporación de médicos residentes en centros de salud, defendiendo que deben formarse en hospitales.

Finalmente, Moreno se comprometió a representar los intereses de los pequeños municipios en el Congreso, enfatizando su oposición a las políticas del PP que, según ella, perjudican los servicios públicos. Desde el PSOE de Trebujena, Tejero agradeció a Moreno su apoyo y su disposición a llevar las propuestas de la agrupación al Congreso.

Los diputados provinciales del Grupo Socialista han expresado hoy su rechazo en el Pleno de la Diputación al tarifazo que el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana pretende llevar a cabo con una subida del 110 por ciento en el precio del agua estableciendo un coste extra que, o tendrán que asumir los ayuntamientos, o bien será repercutido en el bolsillo de los gaditanos. La moción del Grupo Socialista, que ha sido aprobada a pesar del voto en contra del PP, pide al Consorcio la paralización de la aplicación de esa medida por ser “una subida descomunal para buscar una alternativa progresiva, proporcional y que permita el suficiente tiempo de adaptación a los ayuntamientos para adaptar sus ordenanzas municipales”. 

Teniendo en cuenta los compromisos de actuaciones hidráulicas pendientes, la moción también incluye una reclamación a la Junta de Andalucía para impulsar una mesa de diálogo entre el Consorcio y la Junta de Andalucía donde, desde el consenso y reconociendo el enorme esfuerzo hecho por los municipios que componen el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, se establezca el marco de relaciones presentes y futuras entre ambos, y abordar en ese contexto, la salida o no de la Junta de Andalucía del ente consorcial. Mientras la Junta decide si articula su salida o no del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, el PSOE quiere que se reanuden los compromisos contraídos para la mejora y modernización de las instalaciones que dan servicio a 20 municipios de la provincia de Cádiz.

Tal y como ha explicado el diputado Javier Ruiz Arana en su intervención, la fuga de aguas en la red y la necesidad de acometer obras es uno de los argumentos esgrimidos por el presidente del Consorcio, “pero eso es en gran parte responsabilidad de la Junta de Andalucía que ha dejado de ejecutar actuaciones por un valor superior a 100 millones de euros”. De esta manera, el también regidor de Rota ha lamentado que “habiendo cumplido su parte, quieran convertir a los ayuntamientos en recaudadores de la Junta”. Ruiz Arana ha insistido en que “no es descabellada una actualización de las tarifas” aclarando que “el PSOE no se niega si hace falta, pero rechazamos que se haga sin tiempo, ni consenso, ni debate con los ayuntamientos”.

Ruiz Arana ha apuntado a la incongruencia del PP minimizando ahora la subida de 0,17 a 0,31 ya que “cuando gobierna requiere subidas y cuando está en la oposición las niega” y en este punto, ha recordado las declaraciones que en 2016 realizaba el ahora parlamentario andaluz, Antonio Saldaña, cuando entonces se proponía una subida de solo dos céntimos. Para un municipio como Rota, como ha detallado el diputado, esa subida que minimizan representa un desfase de medio millón de euros que perjudica claramente al presupuesto municipal.   

Ana Carrera, por su parte, ha defendido la moción relativa a los Centros de Formación Permanente para la que solicitó que, habiéndose producido un acuerdo ya entre los sindicatos y el Gobierno andaluz, la Diputación se adhiriese al contenido de ese texto donde se garantiza la permanencia de la red de centros, las plantillas actuales, la continuidad de planes formales y de aquellos no dirigidos a la obtención de títulos, así como que el personal de Secundaria se sume al de Primaria que está al frente de esos centros “al ser los maestros una figura polivalente muy necesaria”. 

La diputada ha abundado en la labor social que se realiza en estos centros en cuestiones como las competencias digitales y los idiomas, o actividades de empoderamiento para las mujeres, especialmente, en el caso de las zonas rurales donde, según ha remarcado, el 90 por ciento de los alumnos no buscan titulación sino un camino para seguir formándose y mejorando en su desarrollo personal. “No es el PSOE el que ha convocado las concentraciones, pero sí le pone voz a los mayores que se desplazaron a la Plaza Mina y se manifestaron la semana pasada como en otros muchos municipios para defender la permanencia de estos centros”, ha enfatizado en respuesta a críticas del diputado del PP que amagó con el voto en contra, aunque al final los diputados populares, admitida la enmienda, votaron a favor y salió adelante por unanimidad.

La portavoz del PSOE ha mostrado asimismo su solidaridad con el colectivo de trabajadoras de residencias de mayores que hoy se han manifestado en el salón plenario, compartiendo plenamente sus reivindicaciones para acabar con la precariedad laboral, considerando necesario que se amplíen a tiempo completo sus contratos y recordando que “fueron quienes lo dieron todo en la pandemia y merecen que se les reconozca la importante función que realizan”. “No han tenido respuesta y por eso están aquí”, ha destacado Carrera en el turno de ruegos, que “lejos de la confrontación ha planteado la posibilidad de convocar una comisión extraordinaria de función pública para tratar de llegar a un acuerdo, donde el equipo de Gobierno contará con el respaldo del PSOE. 

En el turno de preguntas, la dirigente socialista ha requerido a la presidenta para que “pongan ya fecha a la puesta en marcha de planes de empleo y planes de cooperación local en los municipios”, así como también ha recordado que en respuesta al Grupo Socialista se estableció el mes de marzo para la convocatoria del Consejo de Alcaldías y “solo faltan diez días para que acabe el mes”, dando comienzo este viernes de Dolores la Semana Santa “aunque si hace falta, nuestros alcaldes irían siendo incluso Jueves Santo.  

Respecto a la aprobación del Plan Estratégico para el desarrollo productivo de la provincia presentado esta semana por el Gobierno provincial, el diputado provincial Fernando López Gil ha lamentado “la oportunidad perdida para la provincia que significa un documento que no ha sido consensuado con los sectores productivos que tiran del carro de la economía de Cádiz”. Leídas las 133 páginas, López Gil “pierde toda esperanza de un plan que se desinfla, pues en la página 6 la propia presidenta señala que es una aportación modesta, que tiene que ser corregido, ampliado y mejorado”. “Suspenden en su propio plan”, ha recalcado porque “hace falta mejorarlo y hacerlo de una manera colectiva, porque requiere una gran alianza y no han contado con participación social, con el Consejo Económico y Social, con los sindicatos…” 

El diputado del PSOE ha explicado que “lo importante es tener un proyecto de provincia, y hay 23 sectores productivos que la UE califica como estratégicos en nuestra provincia y de 17 no hay ni una sola línea”. “Más allá de un plan de frases bonitas copiadas de otros planes con propuestas que pueden valer para Gijón, Málaga o Vigo pero no para Cádiz, le pedimos que se sienten con todos los sectores, con la aeronáutica, con la piel de Ubrique, la flor cortada, el corcho, el aceite o la sal, con todos y cada uno de ellos para ponerlo en marcha con medidas concretas, para que los 120 millones de euros no terminen en inversiones en campos deportivos de municipios de la provincia”, ha señalado.  

Javier Pizarro ha insistido hoy en rechazar modificaciones presupuestarias que plantean desde el Gobierno provincial mientras estas no sean para reeditar los planes de cooperación, de empleo y de inversiones para los ayuntamientos que se venían realizando. De esta manera, las partidas que el PSOE quiere que se aumenten son las destinadas a estos planes que tanto están echando de menos en los ayuntamientos. “Si traen esos planes, se los votaremos a favor”, ha apostillado. En cuanto al PFEA, ha preguntado al diputado Bello, responsable del área, cuándo van a comenzar esas obras tan necesarias para dar trabajo en los municipios pequeños de la provincia, sin obtener respuesta. Y también ha preguntado por qué no se convoca la Mesa provincial de la Caza, única en Andalucía, donde se tienen que abordar cuestiones que afectan a un sector muy importante de la provincia.   

La última de las mociones presentadas por el Grupo Socialista, que ha sido rechazada, se refería a lo sucedido con el centro de emergencia social de El Puerto de Santa María. El diputado provincial, Ángel González, defendió la propuesta para llegar a un acuerdo con la Diputación Provincial de Cádiz y dotar económicamente el Centro de Emergencia Social con el fin de que pueda continuar funcionando con todas las garantías para sus usuarios. La idea trasladada por el también portavoz municipal en El Puerto es que se haga a través de una consignación presupuestaria suficiente para que las plazas ocupadas por personas de fuera del municipio portuense no supongan un sobrecoste al municipio. Entiende el diputado provincial que lo más efectivo sería por tanto que, ya que en realidad es un servicio que acoge a personas de toda la provincia, se le dé una solución definitiva a traves de un convenio con la institución provincial.

La moción no ha sido aprobada lamentando González que el PP no admita “la falta de gestión evidente en este tema”. Su idea con la propuesta era “tender la mano para buscar soluciones y aportar” pero el diputado Bello lo ha llevado al terreno de la confrontación política, rechazando que “la Diputación ponga su granito de arena para que no cierren las instalaciones que dan servicio a muchas personas, que son a las únicas a las que hace daño con esa postura”- le afeó.  

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha votado en contra de un incremento salarial del 10% para los miembros del nuevo gobierno de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Este órgano supramunicipal está compuesto por el Partido Popular (PP) y los partidos locales La Línea, Los Barrios y San Roque 100x100, contando además con el apoyo de Vox.

Según la portavoz socialista Lucía Trujillo, esta decisión es un claro ejemplo de la falta de transparencia y responsabilidad de la coalición gobernante. “Es totalmente falso que el nuevo gobierno de la Mancomunidad mantenga el coste político del anterior mandato", señaló Trujillo. Añadió que el PP "miente a los ciudadanos del Campo de Gibraltar", y que esta subida salarial afectará finalmente a las tarifas del agua y de la basura en la comarca.

La moción de aumento salarial fue presentada hoy y ha generado controversia no solo dentro del órgano político sino también entre los vecinos de la comarca. Trujillo manifestó el llamamiento de su partido para que el nuevo gobierno sea transparente acerca de cómo planean financiar este incremento. "Nos parece una total irresponsabilidad que aprueben esta subida en los tiempos que vivimos", expresó la portavoz socialista.

La polémica se intensifica en un momento en el cual la Mancomunidad ya ha enfrentado dificultades económicas. Por ello, el PSOE ha pedido que se esclarezcan los detalles de cómo se llevará a cabo esta medida y si los costes repercutirán en las arcas municipales o en las tarifas gestionadas por la empresa Arcgisa.

Trujillo concluyó con un mensaje enfocado en la acción futura del PSOE en la Mancomunidad: “Trabajaremos para que esa subida de los sueldos del nuevo gobierno no repercuta en las tarifas del agua y de la basura que pagan los ciudadanos de la comarca”.

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, junto a cargos orgánicos e institucionales, ha participado esta mañana en la manifestación convocada en Cádiz por Marea Blanca en defensa de la sanidad pública donde ha denunciado el desvío de fondos a la sanidad privada en detrimento de la pública así como la opacidad sobre los contratos realizados “a dedo” tomando como excusa la situación de emergencia de la pandemia que el PP no quiere dar a conocer en el Parlamento andaluz. 

Junto a más de dos mil asistentes que se han sumado a la manifestación que ha culminado en la plaza de San Juan de Dios, Ruiz Boix ha denunciado el abandono y el deterioro intencionado que viene sufriendo la sanidad pública por parte del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, “un gobierno que claramente está destinando los recursos públicos únicamente a favorecer las clínicas privadas”. 

El dirigente socialista ha tildado de fracaso el plan de choque anunciado por el Gobierno andaluz, “que lo único que provoca es mayor número de colas y desgraciadamente en la provincia de Cádiz hoy en día hay más de 150.000 gaditanos y gaditanas que están pendientes de que les atienden en cualquier tipo de consulta”. La Atención primaria tampoco escapa de la nefasta gestión del PP ya que según precisa, “también está colapsada Cádiz y vemos como hay problemas de sustituciones de profesionales en todos los municipios, especialmente en la Sierra”. 

“Ante esa desidia enorme necesitamos más recursos públicos y fondos para destinarlos a la pública, recursos públicos en los hospitales públicos y menos recursos hacia las clínicas privadas, eso es lo que desea toda la sociedad de Andalucía y lo que queremos de una vez por todas”, ha reclamado.

Así, el líder socialista ha emplazado a Juan Manuel Moreno Bonilla a que trabaje para resolver los problemas que tiene Andalucía, pidiéndole “menos tele y más dedicación”. 

Por último, también ha reseñado que “desde el grupo parlamentario socialista estamos trabajando para que conozcamos qué ha ocurrido durante los dos años posteriores a la pandemia en la Junta Andalucía para saber qué empresas se han visto favorecidas de una situación extrema que había con tantas emergencias”. Critica que “hayan estirado esa situación extrema durante la pandemia dos años sin ningún tipo de criterio, para adjudicar más de 250 millones de euros a dedo, de los cuales hemos visto que más de 45 millones de euros casualmente han favorecido a una empresa que es la que contrata luego a ese número dos de la consejería de Sanidad”. 

Ruiz Boix ha demandado a Moreno Bonilla que “arroje luz y permita que haya una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para que conozcamos los motivos de adjudicaciones directas más de 250 millones de euros que además no han favorecido la eliminación de las listas de espera, al contrario, por desgracia, se han incrementado”.  

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mantenido una reunión con alcaldes y portavoces del PSOE en la provincia para abordar una estrategia común de acción política que ponga freno al “sectarismo a cara descubierta” que practica el PP en la Diputación provincial. Los socialistas se niegan a padecer otro mandato como el que ya sufrieran bajo la presidencia de José Loaiza, así que han decidido plantar cara a “repartos injustos y arbitrarios de los fondos públicos” que no han sucedido en los últimos gobiernos socialistas. 

La primera medida que demandan de la amplia batería de propuestas planteadas en dicho encuentro, y entre las que no se descarta acudir a los tribunales en un contencioso administrativo ante el procedimiento irregular del reparto de fondos, será reclamar a la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, que convoque cuanto antes el Consejo de Alcaldías para que los regidores puedan analizar los presupuestos y compartir las preocupaciones suscitadas, en los pequeños pueblos y ELAS sobre todo, tras la presentación y aprobación inicial de las cuentas provinciales. 

En concreto, la mayor inquietud expresada en la reunión es la eliminación de los planes de empleo y la ausencia también del Dipuinvierte, dos programas que se habían convertido en el soporte de financiación para ampliar los servicios públicos en los ayuntamientos. Además de puestos de trabajo que se generaban en los proyectos que decidían los ayuntamientos y que “se han esfumado”, la Diputación provincial sufragaba actividades culturales y deportivas que ahora quedan en suspenso y son los ayuntamientos los que ahora tendrán que dar la cara ante los colectivos. 

En la reunión, Ruiz Boix ha recordado que “teniendo 20 millones de euros más de presupuestos procedentes de la PIE y de fondos para Dependencia transferidos por el Gobierno de España, la Diputación provincial ha eliminado los planes de empleo, llamados antes Planes de Cooperación Local que tenían de inversión hasta 5, 5 millones de euros sustituyéndolo por un Plan de Impulso a los ayuntamientos por valor de 2 millones que es un cajón desastre y no sabemos a qué se dedica si a empleo o infraestructuras, lo que sí sabemos es que La Línea se lleva 1,5 millones para un plan especial de empleo”. “Entre el remanente y los presupuestos, La Línea pasa por caja la factura del pacto, hasta un total de 21 millones de euros”, anota precisando que “no estamos en contra de medidas especiales para La Línea si no de que la distribución se haga a costa o en perjuicio de los demás”. Añade que “tampoco han mantenido el programa primera oportunidad para Jóvenes universitarios dotado con 1,5 millones de euros y en la subida de la que presumen en Asistencia Social no cumplen con su promesa de pagar 18 euros la hora a las trabajadoras”.

“La gran incógnita de los presupuestos es donde está el dinero, a qué destinan los 332 millones de presupuestos que maneja el PP en Diputación”, subraya Ruiz Boix que traslada la preocupación sobre todo de los alcaldes socialistas y portavoces pues “el presupuesto es un drama para los ayuntamientos pequeños pues la Diputación les da la vida”.

A modo de conclusión, han acordado que “no nos vamos a quedar de brazos cruzados porque somos la primera puerta a la que llama la ciudadanía y tenemos que responder ante ellos”, advirtiendo de que “si el PP no rectifica en su actitud, plantearemos amplias y continuadas batallas”.