El sindicato de docentes USTEA en Cádiz ha denunciado que la Delegación de Educación continúa cerrando líneas en los centros educativos de la provincia, afectando gravemente a la calidad de la enseñanza pública. Aunque la delegada Isabel Paredes ha declarado que esta medida responde a la "bajada de natalidad", USTEA asegura que, en sus visitas a los centros afectados, tanto familias como docentes han manifestado que "las aulas que sobreviven lo hacen en muchos casos con una ratio muy elevada e incluso por encima de la legalidad vigente".
USTEA ha denunciado que se están aplicando medidas "tibias" para paliar esta situación, como desdobles en algunas materias troncales, lo que, según el sindicato, no soluciona el problema de fondo. Estas acciones, afirman, solo buscan "maquillar" una situación insostenible que frecuentemente obliga a los equipos directivos a solicitar constantemente recursos mínimos, como si se tratara de "una pelea por los recursos, como si la Delegación ignorara los problemas que genera".
En las visitas realizadas por USTEA a los centros afectados, han constatado una realidad muy distinta a la imagen de descenso de alumnado que defiende la Delegación. Según el sindicato, "la ratio máxima de alumnado por unidad escolar establecida por la normativa vigente en Andalucía es de 25 en educación infantil y primaria, 30 en educación secundaria obligatoria y FP, y de 35 en bachillerato". No obstante, en muchos casos se están aplicando ratios superiores a las permitidas, llegando a "ratios de hasta 28 en educación infantil y primaria, hasta 33 en educación secundaria obligatoria y hasta 38 en bachillerato". Además, denuncian que la situación se agrava ya que la planificación de la red de centros escolares de Andalucía se realiza en base a estos mismos cálculos.
Una de las consecuencias directas de esta situación es la imposibilidad de mantener el derecho a la libertad de elección de las familias a una educación pública, laica, gratuita y de calidad para sus hijos e hijas. USTEA afirma que "no se ha mantenido este derecho en el caso de veintisiete familias afectadas en el Puerto de Santa María o en Puerto Real", que se han visto forzadas a optar por centros concertados, a pesar de que esta no era su opción preferida, y en algunos casos ni siquiera habían incluido esta opción en su solicitud de matrícula.
El sindicato ha señalado además que se están imponiendo "ratios ilegales" y que se suprimen líneas antes de finalizar los procesos ordinarios de matrícula, lo que fuerza a las familias a elegir entre la educación concertada o desplazarse a muchos kilómetros de su domicilio. "Se está bloqueando el acceso a la educación pública", denuncia USTEA, que menciona casos como el del colegio Carlos III, donde "fuentes de su comunidad escolar comentan que durante el curso 2023-2024 no se pudo recibir a familias migrantes que se asentaban en el entorno escolar debido al cupo cerrado". Esta situación también ha llevado a presionar a las familias para que matriculen a sus hijos en la privada concertada, como sucedió con una familia que, tras muchas dificultades, logró matricular a su hija en el IES La Arboleda, en el Puerto de Santa María.
El sindicato también ha alertado sobre la falta de contratación de más profesionales específicos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales (NEAE), cuyo número ha aumentado en los últimos cursos. Consideran que la reducción de la ratio por aula sería "una de las herramientas esenciales para la mejora de su aprendizaje", medida que ya estaba contemplada en leyes educativas anteriores y para la que USTEA ha trabajado presentando "una iniciativa legislativa popular al respecto".
En respuesta a esta problemática, la Delegación de Educación se ha mostrado evasiva. USTEA denuncia que "en una reunión con la Delegación a inicios de curso, se nos informó que carecían en esos momentos de responsable de Escolarización y que no aportarían datos hasta octubre, cuando ya la afrenta a las familias, alumnos y docentes ya estaría consumada".
Por otro lado, USTEA ha subrayado que la educación privada concertada no se ve afectada por los recortes, a pesar de que también experimenta la bajada de natalidad. "En la enseñanza privada concertada, el blindaje de líneas les permite disminuir alumnado de sus aulas sin temor al cierre de las mismas", aseguran, citando el caso del colegio Amor de Dios en Cádiz, donde "con 40 solicitudes siguen conservando tres líneas". Ante esta situación, el sindicato ha manifestado su intención de presentar una reclamación formal y urgente a la Delegación de Educación para denunciar estas ratios ilegales en los centros afectados y exigir que se resuelva esta situación con la mayor brevedad posible.
Envíanos tus vídeos, fotos, denuncias y noticias por WhatsApp (645 33 11 00)
