El Senado de España aprobó el 18 de diciembre de 2024 la denominada Ley Feijóo, una iniciativa legislativa impulsada por el Grupo Parlamentario Popular para combatir el narcotráfico, endurecer las penas a los delincuentes y garantizar una mayor protección a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Esta Proposición de Ley Orgánica modifica diversos artículos del Código Penal relacionados con el cultivo, elaboración y tráfico de sustancias estupefacientes. Asimismo, introduce como delito específico las agresiones directas contra los agentes de seguridad, conocidas como "embestidas", y contempla un aumento de las penas para los llamados "petaqueros", quienes suministran combustible a las embarcaciones utilizadas por los narcotraficantes.
Entre los casos citados para justificar la urgencia de esta legislación, destaca el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, Cádiz, tras ser embestidos por una narcolancha. Según María José García-Pelayo, senadora del PP por Cádiz, este incidente no es un hecho aislado, y la actividad de las mafias del narcotráfico ha aumentado significativamente en la provincia tras la disolución de la unidad OCON-SUR. “La Fiscalía asegura que la desaparición de esta unidad ha provocado una avalancha de narcolanchas, convirtiendo el Guadalquivir en una autopista para el tráfico de droga”, señaló la senadora, quien además denunció que la zona más afectada, entre Sanlúcar de Barrameda y Barbate, dispone únicamente de dos patrulleras operativas para enfrentar esta crisis.
García-Pelayo también instó a dotar de más recursos a las FCSE y a reconocer su labor como una profesión de riesgo. "No basta con una palmadita en la espalda a los guardias civiles y policías que arriesgan su vida para protegernos a todos. Debemos proporcionarles los medios adecuados, garantizar su equiparación salarial y aprobar leyes que les permitan trabajar de manera efectiva contra el narcotráfico”, afirmó, subrayando que "si perdemos el tiempo, ellos pueden perder la vida".
Por su parte, Marimar Blanco, viceportavoz de Interior del Grupo Popular, condenó la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de abandonar a los agentes de seguridad mientras las mafias se fortalecen. "La droga avanza sin freno y las mafias celebran su impunidad mientras la protección de nuestros agentes retrocede", denunció Blanco, quien criticó también las constantes promesas incumplidas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según Blanco, el PSOE ha votado en contra de medidas clave como aumentar las competencias de la Audiencia Nacional, recuperar la unidad OCON-SUR y declarar Cádiz y el Campo de Gibraltar como Zonas de Especial Singularidad.
Blanco concluyó afirmando que "el abandono y el silencio de este Gobierno es el grito de los narcos", enfatizando que "sólo hay dos opciones: plantar cara o bajar la cabeza. Y el PP no la va a agachar jamás". Además, reprochó que mientras el Ejecutivo centra sus esfuerzos en "dedicarse a Franco", el Partido Popular seguirá luchando para garantizar que "en España no mandan las mafias, sino la ley y la justicia".
La aprobación de esta ley, defendida con contundencia por las senadoras populares, busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico en una de las zonas más afectadas de Andalucía, asegurando mejores recursos y protección para quienes enfrentan diariamente este desafío.
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