El PSOE-A ha denunciado que Andalucía enfrenta "uno de los momentos más críticos de su historia" debido a lo que consideran "incendios sanitarios" provocados por la gestión del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Según Irene García, secretaria de Política Institucional y Relaciones con las Organizaciones Sociales del PSOE-A, estos problemas no son un "hecho aislado" sino una "macrocausa" que afecta a toda la comunidad autónoma.

Irene García ha exigido a Moreno Bonilla que detenga "de una vez por todas ese incendio sanitario", acusándole de intentar "hacer negocio a costa de la salud de todos los andaluces". García ha manifestado que la gestión del presidente andaluz no solo ha afectado a la sanidad pública, sino también a la educación, las universidades y el patrimonio natural de la región.

La representante socialista ha señalado que la crisis en la sanidad pública se refleja en toda Andalucía, donde "muchos ciudadanos nos cuentan el auténtico infierno que están viviendo para ser atendidos". Criticó que Moreno Bonilla no ha cumplido con sus promesas, y que el cambio en la consejería de salud no ha solucionado la situación. Según García, las supuestas medidas para remediar el problema no han tenido efecto alguno.

Entre las críticas, Irene García destacó la falta de profesionales sanitarios, el cierre diario de camas hospitalarias, la clausura de centros de salud en horario de tarde, la ausencia de ambulatorios en zonas rurales y la falta de ambulancias para atender a los pacientes. Además, ha lamentado que, a pesar de las advertencias, Moreno Bonilla continúa con una "política de privatizar, recortar y eliminar de un plumazo esa igualdad que hacía que los ciudadanos pudieran tener garantizada la sanidad pública".

García ha concluido rechazando lo que llamó "política de la vergüenza y de la deshumanización" del gobierno andaluz, asegurando que esta está "hipotecando el futuro de muchos ciudadanos". También señaló la preocupación de muchos padres que llevan meses esperando diagnósticos para sus hijos, mientras otros ciudadanos se ven obligados a contratar seguros privados debido a las largas esperas en la sanidad pública para pruebas diagnósticas esenciales.

El PSOE de Andalucía ha anunciado que llevará a los plenos de ayuntamientos, Diputación y Parlamento andaluz, la cuestión del apoyo a los trabajadores de FAISEM (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental). La iniciativa surge tras la decisión de la Junta de Andalucía de privatizar el servicio de cocina en los centros de salud mental de la provincia, una medida que afectaría a más de 100 trabajadores y 300 usuarios.

La parlamentaria andaluza, Irene García, y la secretaria general del PSOE de Jerez, Mamen Sánchez, han sostenido una reunión con representantes sindicales de CCOO y FAISEM en Jerez. Ambas políticas han exigido a la consejera de Salud, cuya identidad no se ha especificado, que aclare los motivos detrás de esta medida que, según ellas, representa una desviación de servicios públicos hacia empresas privadas. García ha criticado al Gobierno de Moreno Bonilla, calificándolo de un ejecutivo que está "perdiendo su cara de moderado" y que dilapida recursos públicos.

En el marco de la reunión, Eva Díaz de Terán de CCOO ha detallado que la medida afecta a trabajadores en 14 centros de salud mental repartidos por la provincia. Ha indicado que los trabajadores que se dedicaban específicamente a la cocina ahora verán sus tareas transferidas a los monitores encargados de los usuarios, lo que podría conllevar un empeoramiento del servicio.

Por su parte, Mamen Sánchez ha incidido en la necesidad de que el objetivo de FAISEM sea público y ha lamentado que la Junta de Andalucía tenga un afán por privatizar servicios. Ha anunciado que se presentará una moción al respecto en el ayuntamiento de Jerez.

La postura del PSOE se alinea con la de CCOO y otros sindicatos que también han mostrado su descontento con la privatización del servicio. García ha hecho un llamamiento a la titular de Salud para que se manifieste claramente sobre la situación y no se esconda detrás de comunicados ambiguos.

Isabel Paredes, delegada territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad, ha confirmado la realización de cinco reuniones en su despacho con la Junta de Personal desde que los miembros actuales tomaron posesión el 15 de febrero del año pasado. Este anuncio se produce en respuesta a un comunicado de la Junta de Personal que cuestionaba el calendario de encuentros previamente acordado para mantener un diálogo frecuente con el órgano de representación docente.

La delegada ha querido resaltar su compromiso con un "diálogo permanente", subrayando su intención de mantener una comunicación fluida y eficaz en todos los asuntos de interés para la ciudadanía de la delegación. Con este objetivo, Paredes ha facilitado fotografías de las reuniones llevadas a cabo en su despacho, especificando las fechas del 8 de junio y 18 de octubre de 2023, así como el 22 de febrero y el 17 de abril de 2024. Estas imágenes buscan documentar y validar la celebración de dichos encuentros frente a las dudas surgidas.

Además, la delegada ha mencionado que la reunión que estaba prevista para esta semana no ha podido realizarse debido a imprevistos en su agenda, aunque ha asegurado que se está buscando un nuevo momento para su realización a la mayor brevedad posible, garantizando la asistencia de todos los miembros interesados.

El cuestionamiento del compromiso de Paredes por parte de la Junta de Personal ha sido motivo de preocupación para la delegada, quien ha expresado su decepción por cómo estas dudas pueden afectar la percepción de su dedicación hacia el personal docente y su labor. También ha recordado que ha habido reuniones de la Junta de Personal con otros miembros de la administración, como la secretaria general y la jefa del Servicio de Recursos Humanos, asegurando que todas estas interacciones han sido comunicadas debidamente.

Las obras de sustitución de los tirantes del Puente del Centenario, en Sevilla, tendrán un efecto en el tráfico nocturno de la SE-30, en ambos sentidos de circulación, del 4 al 8 y del 11 al 15 de septiembre. Se establecerán cortes desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente, afectando así a ciudadanos y visitantes que se desplacen desde o hacia Cádiz.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) lidera estos trabajos, que mejoran la funcionalidad local de la autovía SE-30. Las interrupciones del tráfico se llevarán a cabo entre los kilómetros 10 y 12 de la citada vía. El flujo se restablecerá en las mañanas de los sábados 9 y 16 de septiembre a las 06:00 horas.

Para los conductores de Cádiz, se ha habilitado un itinerario alternativo. El tráfico procedente de la SE-30 en sentido kilométrico descendente se desviará en la salida 12b hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando hasta el enlace con la SE-40, donde se podrá acceder a todas las direcciones, incluida la opción de retomar la SE-30.

Estos cambios se realizan con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la carretera durante la ejecución de las obras, que forman parte de un proyecto más amplio para la mejora y el mantenimiento de las infraestructuras viarias en Sevilla.

Para más información, los conductores pueden contactar con el Ministerio o consultar su página web.

Con estas intervenciones en el tráfico, se espera que los conductores desde Cádiz y otras localidades tomen las medidas necesarias para evitar retrasos o complicaciones durante sus desplazamientos.

La dirección provincial de Izquierda Unida en Cádiz ha trasladado hoy a las centrales sindicales CCOO y UGT en la provincia el respaldo absoluto de la formación política a las movilizaciones que se celebrarán el próximo 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores y de las Trabajadoras en diferentes puntos de la provincia.

El responsable provincial de Organización de IU Cádiz, Pepe Mellado, ha señalado que “como cada año, la presencia de Izquierda Unida en el Primero de Mayo es incondicional. Creemos en la celebración del 1 de Mayo porque la clase trabajadora sigue teniendo mucho que reivindicar, especialmente en la provincia de Cádiz”. Para la formación política, “Cádiz merece aspirar al pleno empleo, y no debe quedarse sólo en un lema acertado de CCOO y UGT; debe ser un objetivo a medio plazo”. 

Mellado ha señalado que “aunque es evidente que las medidas puestas en marcha por el gobierno de coalición PSOE-Sumar están dando sus frutos en la provincia, aún falta mucho”. La formación política destaca que frente a los cerca de 150.000 parados que tenía la provincia en 2018 antes de la entrada de la izquierda al Gobierno, los datos del mes de marzo lo sitúan en 132.000 parados. Cifras a las que hay que sumar- recuerda IU Cádiz-, “el fuerte incremento de contratos indefinidos, fruto de la Reforma Laboral en la que no creía la derecha, la subida del SMI, el reconocimiento a las trabajadoras del hogar, la lucha por la estabilización del personal interino de las administraciones o la dignidad de las pensiones”.

“Aun así, no estamos contentos -ha enfatizado el responsable de Organización de IU Cádiz-, queda mucho por hacer, son necesarias políticas de inversión decididas en los sectores estratégicos de esta provincia”. Ha insistido Mellado en la necesidad de que desde el Gobierno se haga un esfuerzo mayor con este territorio; que, a su juicio, sigue necesitando reforzar los sectores productivos para no depender casi exclusivamente de un turismo que no siempre deja los beneficios en nuestra tierra. 

En este sentido, el responsable de Organización de IU Cádiz ha destacado que “son necesarias más inversiones en el sector naval e industrial, en el sector primario y de transformación, en las infraestructuras y las comunicaciones, en obras hidráulicas, no sólo para el abastecimiento, sino para el desarrollo de una agricultura intensiva creadora de empleo”. 

La dirección provincial de IU Cádiz hace especial mención de cara a la celebración reivindicativa del 1 de Mayo al conflicto laboral que sufre desde hace meses la plantilla de Acerinox, con “un conflicto enquistado que sólo persigue mejora de derechos laborales”. De igual forma, IU entiende que sin un sector público educativo y sanitario fuerte también se están poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo del sector público. 

El responsable de Organización ha garantizado la presencia de cientos de militantes y cargos públicos de IU de toda la provincia, que ponen a disposición del 1 de Mayo, “sus personas, su compromiso y su política decidida de inversión en esta provincia” en la manifestación del próximo miércoles en Cádiz y animó a la ciudadanía a “salir a la calle y seguir reivindicando; porque tal y como dice el lema de este año, Cádiz se merece el pleno empleo: menos jornada y más salarios”.

En el marco del Primero de Mayo y coincidiendo en el día de hoy con la celebración del Día de la Seguridad en el Trabajo, la secretaria provincial de CCOO, Inmaculada Ortega, ha puesto énfasis en la prevención de riesgos laborales y ha señalado que “la seguridad y la prevención de los trabajadores debe de ser una prioridad para el Gobierno español y para el Gobierno andaluz” y ha considerado “inasumible que nuestra provincia tenga 34 accidentes de media diarios, lo que es una auténtica barbaridad y significa que no se están haciendo los controles necesarios de prevención de riesgos laborales”. De igual forma, apuntó Ortega que a día de hoy hay 450.000 trabajadores/as ocupados en la provincia de media, cuando en el año 2014 había 335.000; “es la diferencia entre hacer políticas de progreso y políticas para la gente trabajadora o para los poderosos, que son los que están detrás de la conspiración que hay ahora contra el gobierno de este país”.

Por su parte, el secretario provincial de UGT, Antonio Pavón, ha destacado que los datos que ha arrojado hoy la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año, sitúan la tasa de paro en el 24%, subiendo el número de parados y distanciando mucha a la provincia de otras zonas, lo que a su juicio hacen que el lema “por el pleno empleo” cobre más sentido en esta provincia. Asimismo, ha defendido que esta reivindicación que se hace desde la izquierda, “debe ir acompañada de políticas concretas con inversión, que hagan transformar y dar calidad al tejido productivo, para que la calidad del empleo se mantenga de manera normalizada”.

La dirección provincial de Izquierda Unida en Cádiz ha querido dejar claro que “IU no apoyó la subida planteada por el PP y AxSi, que duplica el precio del agua a 20 municipios de nuestra provincia” y se muestra contraria a la decisión adoptada en el censo de la Asamblea del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG).

Así, el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, apunta que, “desde IU consideramos que los ayuntamientos gaditanos incluidos en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana tenemos la responsabilidad de poner en marcha los mecanismos necesarios para reducir el consumo de agua; entendemos que para conseguir estos objetivos son necesarias acciones de concienciación y también inversiones cuantiosas en toda la red de infraestructuras hidráulicas”. No obstante, “discrepamos con la propuesta realizada en la Asamblea consorcial celebrada el pasado 5 de marzo -prosigue el dirigente provincial-, en la que se planteó que fuesen exclusivamente los ayuntamientos consorciados quienes asuman vía incremento de la tasa de agua en alta el Plan de Inversiones necesario para luchar contra las consecuencias de la sequía”. 

Considera Rodríguez que “nada se dice de los incumplimientos del Gobierno de la Junta de Andalucía: desde pedir la salida del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, hasta dejar de invertir más de 250 millones de euros comprometidos con los municipios en el protocolo firmado al efecto desde hace años”.

Tal y como denunciara Rodríguez semanas antes de que se produjera esta subida aprobada en el CAZG, “la cuestión radica en el engaño al que está sometiendo el Gobierno andaluz del Partido Popular a la provincia de Cádiz en lo relativo al problema de la sequía y de las infraestructuras hidráulicas” y vuelve a reclamar al Gobierno de Moreno Bonilla “que ponga sobre la mesa un programa de inversiones para cumplir con los más de 250 millones de euros en proyectos comprometidos por la Junta con el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), así como para dar cumplimiento a los más de 1.000 millones de euros no invertidos por el Gobierno andaluz de lo recaudado desde 2010 por el canon de infraestructuras hídricas a todos los andaluces y andaluzas de acuerdo con los planes hidrológicos de la comunidad”.

Recuerda el coordinador de IU Cádiz las “más de 68 obras hidráulicas que tiene pendiente de ejecutar la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz; estas obras tienen nombre y apellido y forman parte de las más de 500 obras previstas en toda Andalucía desde hace una década”. De igual forma, pone el acento en el hecho de que “en los últimos 11 años, se han ejecutado 6 obras hidráulicas en la provincia, cuatro de ellas, con fondos propios del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, es decir, financiadas directamente por los propios ayuntamientos, que son quienes menos recursos tienen”. 

Rodríguez se ratifica en la denuncia expresada ya en el mes de febrero sobre la política del PP en materia hidráulica e insiste, por un lado, en que “lo único reseñable del PP en materia hidráulica en la provincia ha sido pedir la retirada de su participación en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana; primero lo hizo la Junta en 2015 con el PSOE y luego en 2022, el PP ratificó su salida, dejando a deber más de 250 millones de euros comprometidos en un protocolo con los municipios, en obras pendientes de adjudicar e invertir”. Por otro lado, el dirigente incide en que gran parte del problema de escasez de agua de la provincia reside en “la falta de planificación del Gobierno autonómico, con actuaciones como la retirada del canon de infraestructuras que eliminó el PP el pasado año con el argumento de que no era necesario financiar inversiones en obras de infraestructuras, y que ha vuelto a implantar este año”.

“No nos cansaremos de denunciar que todos esos incumplimientos han producido que el Consorcio no tenga capacidad económica para afrontar la sequía; no podemos pedirles constantemente esfuerzos a los ciudadanos, sino que hay que decirle a la Junta de Andalucía que cumpla, que no mire para otro lado, que la sequía no se combate sólo cuando hay un año falto de lluvias”, indica el coordinador.

Finalmente, Rodríguez lamenta que la Junta de Andalucía lleve “meses anunciando medidas de restricciones que los ayuntamientos tienen que poner en marcha, pero no ha anunciado ninguna inversión en la zona gaditana en los diferentes decretos de sequía que se han aprobado” y concluye enfatizando que “el posicionamiento de Izquierda Unida con respecto a la lucha contra el cambio climático y la sequía es claro, pero nos negamos a asumir que quiénes han incumplido una tras otra sus obligaciones en inversiones para mejorar las redes de abastecimiento en alta quieran derivar la responsabilidad exclusivamente a los ciudadanos”.

Izquierda Unida defenderá una moción en el Pleno de la Diputación de Cádiz del próximo día 20 en la que plantea una batería de medidas encaminadas a lograr el compromiso de las administraciones en la lucha por la igualdad real entre sexos en el fomento, acceso y práctica de actividades deportivas.

Entre las actuaciones que plantea la iniciativa registrada por el diputado provincial de Izquierda Unida, Ramón Galán, en el que será su primer pleno al frente del grupo provincial, se encuentra la petición de un plan provincial de promoción del deporte femenino con el que se garantice una práctica deportiva igualitaria en la provincia, a través de medidas de prevención y protección contra conductas machistas en las escuelas y actividades deportivas.

La iniciativa surge a raíz de los comportamientos machistas del ex presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la final de la Copa del Mundo y según entiende el diputado, surge “la necesidad de tomar medidas en apoyo del deporte femenino para garantizar todos los derechos de las mujeres que lo practican en condiciones de igualdad con los hombres”.

En este sentido, la moción pide al Pleno provincial una condena explícita de los hechos protagonizados por el ya ex presidente de la RFEF, así como el apoyo a las jugadoras de la selección española.

Además, reclama el compromiso de la institución provincial de luchar por “garantizar a hombres y mujeres las condiciones de igualdad en cuanto a acceso a la práctica deportiva en todos los niveles y en todas las etapas de la vida” y por la “eliminación de los estereotipos sexistas en el deporte”.

De igual forma, la moción pide a la Diputación que insta a las federaciones deportivas de la provincia a “garantizar la igualdad de acceso de las mujeres y de los hombres al estatuto de atleta de alto nivel, garantizando los mismos derechos y los mismos ingresos en el deporte profesional”, así como a los medios de comunicación a “velar por la cobertura equilibrada del deporte femenino y masculino, así como por una representación no discriminatoria de las mujeres”.

Finalmente, la iniciativa insta al resto de administraciones a hacer cumplir las leyes de igualdad en lo referente a garantizar una representación equilibrada de hombres y mujeres en todos los niveles y en todos los puestos de responsabilidad, así como en la toma de decisiones y en las condiciones salariales de las mujeres que se dedican al deporte de manera profesional.

El diputado de IU indica en la exposición de motivos que “las mujeres siguen sufriendo de una manera clara discriminación en el ejercicio de su actividad deportiva” y añade que “esa discriminación se manifiesta en ataques a su libertad sexual como estos -en referencia a lo sucedido en la Copa del Mundo de Fútbol-, y también en la falta de apoyo institucional y social al deporte femenino y en las condiciones materiales en las que ejercen la actividad deportiva en comparación con los hombres”. En este sentido, considera que “como sociedad tenemos tarea por delante”.

Izquierda Unida llevará al Pleno de la Diputación de Cádiz la situación de discriminación que enfrentan miles de profesionales sanitarios en Andalucía al estar incorrectamente clasificados bajo los subgrupos C1 y C2 según la Ley de Función Pública Andaluza. Esta situación persiste a pesar del consenso político en el Parlamento de Andalucía y los acuerdos sin vinculación jurídica que reconocen la necesidad de adecuar estas clasificaciones conforme al Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).

El diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, defenderá una moción que respalda a todos los profesionales excluidos de la clasificación profesional adecuada, subrayando la vital importancia de su labor en el sistema sanitario público y la discriminación que han enfrentado bajo la normativa vigente. La moción destaca especialmente a los Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería, un colectivo significativo por su número, su carácter mayoritariamente femenino y su constante reivindicación de justicia laboral, que incluye además a otras ocho categorías de técnicos superiores que deberían estar reclasificados en el Grupo B.

Adicionalmente, se insta a todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía a considerar y apoyar la Proposición de Ley presentada por el grupo parlamentario de Por Andalucía, que busca corregir estas desigualdades. La proposición especifica la asignación al Grupo B, Cuerpo Superior Sanitario, de especialidades como Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, entre otras, y la inclusión en el Grupo C, Cuerpo de Ayudantes Facultativos, de categorías como Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

La formación política recalca que esta reclasificación no solo es una demanda de justicia ante la aplicación incorrecta de las normas, sino un reconocimiento necesario a la labor de estos profesionales, quienes, destacaron durante la pandemia por su compromiso y profesionalidad, mereciendo condiciones laborales dignas y equitativas.

Izquierda Unida presentará en el próximo Pleno de la Diputación de Cádiz una moción que aborda la problemática del acceso a la vivienda en la provincia, enfocándose especialmente en los jóvenes y personas en riesgo de exclusión. El diputado provincial de Izquierda Unida, Ramón Galán, ha expresado su preocupación por el creciente número de ciudadanos que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda en el mercado actual, una situación que se ha agravado en Cádiz, especialmente entre los grupos más vulnerables.

La moción propuesta por Galán insta a la Junta de Andalucía a implementar medidas necesarias para facilitar el acceso a la vivienda a estos colectivos. Entre las propuestas, se incluye la creación de un parque público de viviendas y un programa de primera vivienda, iniciativas que buscan proporcionar una solución estructural a la crisis habitacional en la región.

Galán recuerda que el derecho a la vivienda está reconocido en normativas internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sin embargo, señala que este derecho fundamental no se está cumpliendo adecuadamente en España, donde la situación de acceso a la vivienda es una de las más complicadas de la Unión Europea. Hace hincapié en la alta edad de emancipación en España (30,3 años) y en la baja tasa de emancipación juvenil (15,9%), comparada con el promedio europeo.

La Ley 12/2023, de 24 de mayo, Por el Derecho a la Vivienda, es mencionada por el diputado como un marco legal que incluye disposiciones relevantes, como la posibilidad de aplicar un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles a viviendas desocupadas y la regulación de Zonas Tensionadas. Izquierda Unida espera que su moción ayude a paliar las dificultades de acceso a la vivienda y promueva la igualdad y justicia social en la provincia de Cádiz.

Este miércoles, Izquierda Unida presentará una moción ante la Diputación de Cádiz en un acto de solidaridad con el pueblo palestino, en respuesta a la intensificación del conflicto desde el 7 de septiembre, donde Israel ha sido acusado de llevar a cabo una "guerra de ocupación desproporcionada" resultando en miles de muertes inocentes. La moción surge en un contexto donde las autoridades palestinas han declarado la guerra por primera vez desde 1973, subrayando la lucha de 75 años del pueblo palestino bajo ocupación.

El portavoz de Izquierda Unida en la Diputación, Ramón Galán, defenderá la moción que busca el respaldo provincial a la causa palestina. La iniciativa pide una condena firme a la guerra de ocupación de Israel, el asesinato de civiles por ambos bandos, y el cumplimiento de las resoluciones de la ONU, incluyendo el reconocimiento de las fronteras de 1967.

Además, la moción insta al Gobierno de España a tomar acciones concretas: enviar ayuda humanitaria a Gaza, sometida a una "brutal represión israelí"; reconocer el Estado de Palestina; mediar internacionalmente para poner fin a la guerra; exigir un alto el fuego inmediato y permanente; imponer un embargo en el comercio de armas con Israel, y apoyar la investigación de la Corte Penal Internacional sobre Palestina, similar a la realizada sobre Ucrania.

El diputado Galán enfatiza la situación crítica de la Franja de Gaza, descrita como "una enorme cárcel al aire libre" donde 2.4 millones de palestinos viven sin condiciones básicas para una vida digna, atribuyendo la responsabilidad al bloqueo impuesto por Israel desde 2007. Esta moción de Izquierda Unida en Cádiz refleja un esfuerzo significativo por parte de la política local para influir en la política internacional y humanitaria, marcando una postura firme en uno de los conflictos más prolongados y complejos del mundo contemporáneo.

Izquierda Unida (IU) ha logrado un importante respaldo en la Diputación de Cádiz para sus mociones relacionadas con la mejora de la atención pediátrica en Ubrique y contra el acoso o bullying. El diputado provincial de IU, Ramón Galán, destacó la importancia del apoyo civil en Ubrique en la lucha por una sanidad pública de calidad. Galán se mostró "muy satisfecho" con la aprobación de ambas mociones, que recibieron votos a favor de IU y PSOE, y la abstención de PP y 100x100 La Línea.

La primera moción insta a la Junta de Andalucía a asegurar el pleno funcionamiento de las dos consultas de pediatría en Ubrique. También se apela a la realización del Control del Niño Sano para todos los niños y niñas del municipio y el derivamiento al Centro Infantil de Atención Temprana (CAIT) cuando sea necesario.

Galán recriminó la pugna constante entre PSOE y PP en torno a la sanidad pública y la privada. "En los pilares básicos del estado de bienestar no caben medias tintas", afirmó. El diputado también puso de manifiesto que la sanidad en la Sierra de Cádiz se enfrenta a crecientes "conciertos con la sanidad privada", siendo el hospital privado concertado de Villamartín el principal hospital de referencia en la zona.

En cuanto al acoso escolar, IU celebró la unanimidad alcanzada en la moción contra el bullying. Se insta a la Junta de Andalucía y al Estado a tomar medidas contra esta lacra que afecta a la infancia y la adolescencia. Esta moción surgió como resultado de las demandas presentadas a IU por la Asociación Anti Bullying de Sanlúcar de Barrameda (ABSA).

Galán concluyó subrayando que "tenemos que apostar desde la administración pública por la sanidad pública y no caben medias tintas ni echarnos en cara si es el PSOE o el PP, porque lo que los ciudadanos quieren es que las listas de espera disminuyan y que los tratamientos como los del cáncer de mama sean desde la pública".

Jorge Rodríguez, coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, ha calificado de "provocación" los nuevos acuerdos marco sacados a licitación por la Junta de Andalucía, dirigida por Juanma Moreno, para derivar a pacientes en listas de espera a clínicas y centros sanitarios privados. Rodríguez critica que se destinarán más de 700 millones de euros de fondos públicos a la sanidad privada en Andalucía.

Según el dirigente, la Junta de Andalucía aportará 734,4 millones de euros en total: 533,1 millones para abordar intervenciones quirúrgicas pendientes y 201,1 millones para pruebas diagnósticas aún por realizar. "Y todo esto con el objetivo de bajar las listas de espera que se demoran de forma estrepitosa", apunta Rodríguez.

El coordinador provincial lamenta que esta medida llegue en un contexto en que "se cierran centros de salud, no existen pediatras en Andalucía, se desmantela la Atención Primaria y los centros hospitalarios de Andalucía, y aumenta la financiación a través de Clínicas Pascual de dinero público".

Rodríguez añade que no se trata de una acción aislada, sino de una política más amplia. "El Partido Popular se ha quitado la careta en esta legislatura y está marcando el ritmo de una derecha rancia y conservadora que está cargándose la sanidad de los andaluces y las andaluzas", afirma.

Sin detalles concretos sobre cómo estos acuerdos afectarán a la provincia de Cádiz, Rodríguez señala que "Izquierda Unida estará atenta; el modus operandi ya sabemos cuál es, adelgazar la sanidad pública para terminar privatizándolo todo".

El coordinador provincial hizo también un llamamiento a la población, y en especial a los trabajadores de la sanidad pública, a movilizarse este mes de octubre. "Hacemos un llamamiento para salir a la calle y secundar el que va a hacer la Marea Blanca, en la que estará IU con toda su militancia y cargos públicos", aseguró.

Por último, Rodríguez subrayó que la situación se agrava con el cese de miles de interinos del Servicio Andaluz de Salud en estos días. "Estamos horrorizados y escandalizados", concluyó.

Izquierda Unida defenderá este miércoles en el Pleno de la Diputación de Cádiz una moción en favor del reconocimiento laboral y la mejora de las condiciones de trabajo de las camareras de piso. El diputado provincial de Izquierda Unida Cádiz, Ramón Galán, solicitará el respaldo del resto de grupos políticos a la proposición que insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a establecer la jubilación anticipada para las camareras de piso.

La moción también insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a incluir las enfermedades que reclaman las camareras de piso como enfermedades profesionales. Además, Izquierda Unida solicita a la Consejería de Turismo y a la de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía la aprobación de una ley que obligue a los hoteles a establecer métodos más justos para medir el tiempo de trabajo de las camareras de piso.

Ramón Galán afirma que "ha llegado la hora de acabar con la precariedad que soportan estas trabajadoras, con trabajos a destajo generalizado, un nivel de estrés enorme y que encima sufren dolencias derivadas de su actividad que ni siquiera se les reconoce como enfermedad profesional si no es tras un proceso judicial". El diputado destaca que casi el 80% de los empleos no cualificados del sector servicios -excepto el transporte- están ocupados por mujeres, y el colectivo de camareras de piso es uno de estos puestos cuya actividad está "invisibilizada" y sufre una "enorme precariedad".

La moción de Izquierda Unida refleja algunas de las principales reivindicaciones del colectivo de camareras de piso, entre las que se incluye acabar con el trabajo a destajo, que provoca situaciones de mucho estrés. En el documento se señala que "muy al contrario de lo que ocurre en el sector de la construcción, sector altamente masculinizado, en el que el destajo supone una mayor remuneración por su trabajo, para las camareras de piso el destajo es la forma habitual y requerida para cobrar el salario base; ellas tienen que hacer un alto número de habitaciones por jornada laboral más las entradas o salidas que haya en el día, más los espacios comunes. En definitiva, están sobrecargadas y reclaman un cambio en la forma de medir su tiempo de trabajo".

El diputado de Izquierda Unida menciona una experiencia en el Gobierno de Baleares, que ha introducido la obligatoriedad de los hoteles de constituir un grupo de trabajo que desarrollará los métodos para medir el tiempo de trabajo de las trabajadoras en cada centro, formados por representantes de la empresa, de los trabajadores, y representantes de los servicios de prevención. Esta medida, que se recoge como requisito obligatorio en el Convenio Colectivo de Hostelería aplicable, "permite garantizar la salud laboral de las 20.000 camareras de piso que trabajan en los hoteles de las islas", señala Galán.

Por otro lado, la moción hace referencia al nivel de estrés que soportan estas trabajadoras a lo largo de su vida laboral, y a los efectos de los productos que utilizan, lo que hace que "a partir de una edad, estas mujeres no soporten la carga de trabajo y sufran a menudo situaciones de enfermedad y, por tanto, aumenta el absentismo por IT. Por eso es bastante más razonable adelantar la edad de jubilación, porque sus cuerpos están dañados y no pueden mantener ese ritmo a cierta edad".

Finalmente, Galán se hace eco de la denuncia de las camareras de piso respecto a las enfermedades profesionales no reconocidas, salvo si emprenden antes una demanda judicial para lograr que se les reconozca. "Es muy injusto, además de costoso, tener que acudir a juicio para conseguir que una enfermedad generada por la actividad profesional sea reconocida como enfermedad profesional por sentencia judicial una y otra vez. Lo lógico y lo que suele ocurrir en otras profesiones, es que cuando una enfermedad se repite constantemente en una actividad sea calificada directamente como enfermedad profesional, lo que además de facilitar los procesos de las trabajadoras enfermas, facilita también que se tomen las medidas oportunas desde los servicios de Salud y Prevención de riesgos laborales", destaca la moción.

El diputado de Izquierda Unida Cádiz espera contar con el apoyo de todos los grupos provinciales en favor de este colectivo eminentemente feminizado y precarizado.

Jorge Rodríguez, coordinador provincial de IU en la provincia de Cádiz, ha acusado a la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía de escudarse en cifras de gasto globales para ocultar una realidad: "el desvío de más de mil millones de euros al mantenimiento de unos conciertos a todas luces innecesarios".

Rodríguez también acusa a la Junta de tergiversar el concepto de ratio."No podemos hablar de bajada de ratio solamente porque el número de niños y niñas matriculados haya descendido". Para Rodríguez, el concepto "bajada de ratio" corresponde a "una medida más compleja, que debe regularse normativamente; reduciendo de forma legal el número de alumnos y alumnas que cada docente atiende en un aula. Ahora, es cierto, hay clases con muy pocos niños, pero otras que incluso superan, como han denunciado reiteradamente las organizaciones sindicales, la ratio legal establecida".
Para IU, "planificar es un deber legal y ético de los gestores públicos. Y planificar significa asignar los recursos a las necesidades. Hoy por hoy, los hechos lo demuestran, es innecesario mantener unos conciertos con empresas privadas educativas cuando la red pública puede atender la demanda", apunta el coordinador provincial..
Para la organización de izquierdas, una planificación democrática y dialogada permitiría que esta transición fuera lo menos traumática posible, especialmente para las familias y para los trabajadores y trabajadoras de estos centros.

Además, apunta que esta supresión de conciertos permitiría "la contratación de más profesionales para los centros, una de las peticiones más demandadas por familias y profesorado, lo que redundaría en una mejor atención a un alumnado cada vez más diverso y avanzar hacia una auténtica inclusión de los niños y niñas con necesidades especiales, tal como marca la legislación vigente".

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Jorge Rodríguez, ha calificado hoy de “tomadura de pelo” la actitud de la Junta de Andalucía con los jóvenes andaluces en la tramitación del Bono Joven de Alquiler. El responsable provincial, que se ha sumado a la concentración convocada hoy en Cádiz por la Plataforma de Afectados por la gestión del Bono Joven de Alquiler en Andalucía junto a la responsable provincial de Acción Política de IU, Ana Medina, critica que “los 1.800 gaditanos y gaditanas -más de 17.000 en toda Andalucía- que pudieron registrar su solicitud después de muchas trabas, siguen esperando a que se resuelvan los expedientes y a que la Junta de Andalucía realice los pagos de unas cantidades que les pertenece”.

Tras intercambiar impresiones con la portavoz de la plataforma, Cristina Gutiérrez, Rodríguez ha recordado que se trata de “una ayuda que aprueba el Gobierno de España en enero de 2022 y que la Junta de Andalucía no pone en marcha la convocatoria hasta noviembre de ese mismo año, diez meses después, con una clara intencionalidad de retrasar lo máximo posible esas ayudas”. Además, afirma Rodríguez que la Junta “pone en marcha el programa sin aportar ni un solo céntimo, puesto que la convocatoria permitía la cofinanciación de las comunidades autónomas, y no sólo no se ha cofinanciado, sino que se han puesto todas las trabas posibles”. En este sentido, se ha sumado a la petición de los jóvenes de dimisión de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, por “haber arruinado la vida de miles de jóvenes en Andalucía, engañándoles, al meterse en un alquiler con una posible ayuda de 250 euros durante 24 meses y dos años después no ha llegado ni un solo céntimo”.

Denuncia asimismo IU que, durante la tramitación del programa de Bono Joven de Alquiler, la Junta está incurriendo en numerosas irregularidades; entre ellas, critica Rodríguez que “no se ha publicado resolución aceptando y denegando las solicitudes que los jóvenes de Cádiz han hecho, así que no sabemos cuál es el criterio de esos pagos que se están haciendo con carácter retroactivo”.

Por otro lado, se pregunta el coordinador provincial “si estos pagos están cumpliendo la función de estas ayudas llegando dos años después a las cuentas corrientes de los jóvenes” o si “se está poniendo de verdad sobre la mesa los problemas de acceso al alquiler de los jóvenes”. 

La dirección provincial de Izquierda Unida ha hecho un llamamiento a los gobiernos de la Diputación de Cádiz, de la Junta de Andalucía y del Gobierno central, solicitando la creación de un fondo de contingencia para los municipios de la provincia de Cádiz afectados por el fuerte temporal `Bernard´ que se desató el pasado domingo 22 de octubre.

Jorge Rodríguez, coordinador provincial de Izquierda Unida, ha destacado la magnitud de los daños causados por la tormenta, que trajo vientos que superaron en numerosas áreas los 100 km/hora. Estos vientos causaron múltiples destrozos y cortes en servicios públicos. Rodríguez considera vital que las tres administraciones establezcan con urgencia este fondo para ayudar, en especial, a los pequeños municipios a recuperar las infraestructuras dañadas, tales como centros escolares, caminos públicos, parques y jardines.

A su vez, Rodríguez insta a que se realice una evaluación de los daños en cada territorio y que “se activen los recursos necesarios para que los municipios afectados puedan remediar los daños y restablecer los servicios públicos lo más pronto posible”.

Ramón Galán, diputado provincial de IU Cádiz y alcalde de Trebujena, ha anunciado que presentará esta solicitud ante la Diputación Provincial de Cádiz. Galán ha subrayado la importancia de movilizar fondos con celeridad para atender los numerosos daños que han sufrido los municipios. Asimismo, ha mantenido contactos con Mercedes Colombo, delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, y con miembros del gobierno provincial en la Diputación gaditana, recalcando la urgencia de habilitar estos fondos. Según Galán, “los ayuntamientos contamos con los recursos actuales para mantener los servicios, pero no para enfrentar una situación como la experimentada ayer, que ha dejado una marca profunda en muchos pueblos”.

La Coordinadora Provincial de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista – PSOE – Cádiz, convocó una reunión de urgencia el 9 de noviembre de 2023, ante los recientes sucesos que sacuden a España, atribuidos a lo que describen como intentos de desestabilización por parte de la derecha ultra y la ultra derecha.

Este encuentro surge como respuesta a la agresión sufrida por Víctor Mora, Secretario Local del PSOE de Sanlúcar de Barrameda. Desde Izquierda Socialista expresan su "más enérgica repulsa" al incidente y se solidarizan con todas las personas afectadas por actitudes similares.

La coordinadora enfatiza la importancia de una investigación rápida y exhaustiva del incidente, subrayando la necesidad de una respuesta judicial urgente. Su objetivo: frenar lo que consideran un clima de odio fomentado por las fuerzas políticas de la derecha ultra y la ultra derecha en España.

Según el comunicado de la coordinadora, estas acciones buscan "doblegar la voluntad de lo votado democráticamente por la ciudadanía de España", una declaración que resalta la gravedad percibida de la situación y la urgencia de su resolución. La solidaridad y la condena por parte de Izquierda Socialista reflejan su compromiso con la protección del orden democrático frente a lo que interpretan como tácticas intimidatorias y antidemocráticas.

Izquierda Unida ha mostrado su satisfacción por la aprobación de dos mociones presentadas en el Pleno provincial celebrado en la Diputación de Cádiz. Las mociones abogan por la mejora de las condiciones laborales de las camareras de piso de la hostelería gaditana y por el cumplimiento de las leyes de Memoria de Andalucía y del Estado. Ambas mociones fueron aprobadas por unanimidad, excepto uno de los puntos relativos a las camareras de piso que tuvo el voto en contra del Partido Popular.

El diputado provincial de Izquierda Unida Cádiz, Ramón Galán, expresó que es “de justicia” reconocer la labor de las camareras de piso en el sector de la hostelería gaditana, especialmente ahora, “a las puertas del verano”. Galán destacó la precariedad y la invisibilidad de este colectivo y subrayó la importancia de que su voz sea escuchada en la Diputación y obtenga el respaldo de todos los grupos.

La moción sobre las camareras de piso insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a establecer la jubilación anticipada para este colectivo y a incluir sus enfermedades como profesionales. Sin embargo, un punto que pedía a la Consejería de Turismo y a la de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía aprobar una ley para métodos más justos de medir el tiempo de trabajo de las camareras de piso no obtuvo unanimidad. Fue aprobado con los votos de IU, PSOE y La Línea 100x100, pero el Partido Popular votó en contra.

Ramón Galán recordó que estas mujeres realizan “trabajos muy forzosos y duros” y enfatizó la necesidad de controlar los tiempos de trabajo. Además, defendió un turismo sostenible que respete los derechos laborales de los trabajadores de la provincia de Cádiz.

Por otro lado, Galán se mostró “muy contento” por la unanimidad lograda en la moción que insta a todas las administraciones públicas a impulsar el cumplimiento efectivo de las leyes de Memoria de Andalucía y del Estado. Esta moción pide disponer de los recursos técnicos y económicos necesarios, fomentar el conocimiento y difusión en centros educativos y entre la población sobre los eventos históricos y favorecer el reconocimiento y reparación moral de las víctimas del franquismo en la provincia.

Finalmente, se pide a la Diputación que llame a la ciudadanía a participar en las actividades organizadas durante el mes de junio con motivo del Día de la Memoria Histórica y Democrática, celebrado el pasado 14 de junio.

Galán recordó que las leyes de Memoria, tanto la estatal de 2022 como la de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía de 2017, recogen el derecho a conocer, investigar y reparar a las víctimas del régimen franquista, que dejó más de 100.000 asesinados en toda España, de los cuales más de 45.000 fueron en Andalucía. Destacó la importancia de que la corporación provincial apoye el cumplimiento de estas leyes por parte de todas las administraciones públicas competentes.

Izquierda Unida solicitará a la Diputación de Cádiz en el próximo Pleno provincial que destine la subida de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) aprobada para este año por el Gobierno central a abonar las cantidades que adeuda a los ayuntamientos de la provincia. Esta demanda surge tras la publicación el 26 de junio del Real Decreto-ley que prorroga determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y adopta medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

Según el Real Decreto-ley, "el Ministerio de Hacienda puede actualizar las entregas a cuenta y proceder a pagar las cantidades adicionales por la liquidación de 2022 de la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado".

El portavoz de Izquierda Unida, el diputado provincial Ramón Galán, afirma que "la presión de sumar en el seno del Gobierno y la moción presentada por IU en numerosos ayuntamientos y diputaciones de todo el Estado instando al Congreso de los Diputados y al Gobierno a acelerar la tramitación del proyecto de ley reseñado, ha contribuido a desbloquear este tema, lo que va a suponer un alivio a las cuentas de las administraciones locales".

Galán señala que, según informó el Ministerio de Hacienda a las entidades locales, en 2024 recibirán 28.557 millones de euros en recursos del sistema de financiación, "una cifra que es un 22,6% superior a la de 2023, y que es la más alta de la historia".

Además, el portavoz de IU insta en la moción a la Junta de Andalucía a "cumplir la Ley 6/2010 de 11 de junio, aprovechando el incremento de fondos recibidos por el Gobierno central". Esta ley contempla dotar estos fondos con "600 millones de euros de manera anual por parte del Gobierno andaluz, así como, en coordinación con la FAMP, establecer un mecanismo para el pago de los 1.200 millones de euros que se les adeuda a las entidades locales andaluzas por el incumplimiento sistemático de la PATRICA; deuda con los ayuntamientos que, en el caso de la provincia de Cádiz, se encuentra en más de 152 millones de euros".

Izquierda Unida (IU) llevará al próximo Pleno de la Diputación de Cádiz una serie de medidas dirigidas a apoyar la agricultura y la ganadería en la provincia. Estas propuestas llegan en un momento en que el sector agrario en España enfrenta protestas por la baja rentabilidad, reflejando una crisis que, según IU, no es puntual sino que tiene causas estructurales.

Ramón Galán, diputado provincial de IU Cádiz, ha registrado una moción que destaca la situación crítica del sector agrario andaluz, especialmente el modelo social y familiar. La moción aboga por una intervención integral que aborde tanto las causas climáticas como las consecuencias de las políticas agrarias y comerciales de la Unión Europea.

Entre las medidas propuestas, la moción insta a la Junta de Andalucía a complementar las ayudas estatales para la sequía con recursos propios, tanto para cultivos como para ganado, e incluir planes de emergencia por sequía. Además, pide al Gobierno central implementar medidas que equilibren la oferta y la demanda en el sector, potenciar la Ley de Cadena Alimentaria mediante una mayor inspección y crear un Observatorio de Costes y Precios Alimentarios. También se solicita una reforma de la Política Agraria Común (PAC) que centre su atención en los agricultores europeos, recuperando principios de preferencia comunitaria y equiparación de rentas.

La moción de IU también propone que la Diputación de Cádiz reconozca a las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) como interlocutoras representativas del sector en el sistema democrático. El portavoz de IU defiende la importancia estratégica del sector agrario para la economía, la sociedad y, fundamentalmente, la seguridad alimentaria. Subraya la necesidad de proteger al sector y a sus trabajadores, señalando que la prosperidad del campo es clave para el bienestar general.

La moción también hace énfasis en la desigualdad entre el aumento del precio de los productos básicos en la cesta de la compra, que se ha elevado en un 18,93% en un año, y la falta de retribución justa para productores agrícolas y ganaderos. Por ello, IU considera esencial equilibrar la situación y propone que las instituciones públicas ofrezcan soluciones para corregir desequilibrios y mejorar la cadena alimentaria.