El Partido Popular de Cádiz ha denunciado este lunes un supuesto trato desigual en la financiación autonómica como resultado de los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña. La diputada nacional del Partido Popular, Macarena Lorente, ha manifestado que 'lo que se da de más a una comunidad autónoma, hay que quitárselo al resto de los ciudadanos, y más para Cataluña significa menos para Andalucía y menos para Cádiz'. Según Lorente, este es un problema que afecta a los gaditanos, a los andaluces y a todos los españoles, ya que considera que podría suponer un recorte en los servicios públicos que comprometería el presente y el futuro de las próximas generaciones.

Durante una rueda de prensa, Lorente ha criticado que los acuerdos entre el Gobierno y Cataluña son una forma de 'dar más dinero a los territorios más ricos y menos a los más pobres, lo que ni es progresista, ni es justo, ni es igualitario ni solidario'. Ha subrayado que una falta de financiación adecuada impactaría negativamente en la sanidad, la educación, las infraestructuras y los servicios públicos de Andalucía, afectando también a proyectos que podrían impulsar el crecimiento de la provincia de Cádiz.

La diputada ha cuestionado por qué municipios gaditanos como Cádiz, Barbate, Rota, San Fernando, Chiclana, Conil o Algeciras deberían tener menos financiación que municipios catalanes de características similares, y ha señalado que esta situación podría llevar a un empeoramiento de los servicios públicos en la provincia de Cádiz.

Lorente también ha recordado que el Partido Popular advirtió hace meses que el año 2024 sería un "año en blanco" en inversiones para la provincia de Cádiz debido a lo que considera una priorización de los intereses partidistas por parte del Gobierno al elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Según la diputada, esto se traduciría en que 'con nuestros impuestos se paga el cupo catalán'.

Además, ha señalado que el Partido Popular de Cádiz considera que el 'cupo catalán' solo beneficia a Pedro Sánchez, calificándolo como "otro pago al independentismo para mantenerse en el poder" y la "mayor traición que se ha cometido nunca contra los andaluces". Según Lorente, esta situación tiene como responsable a Pedro Sánchez, con la ministra María Jesús Montero como 'brazo ejecutor' de estos acuerdos, además del PSOE de Andalucía y de Cádiz como 'cooperadores necesarios'.

El Partido Popular de Cádiz ha reafirmado su compromiso de continuar trabajando por una financiación justa e igualitaria que proporcione soluciones a los problemas de la provincia.

El Partido Popular (PP) de Cádiz ha hecho un llamamiento al Gobierno para que reconsidere su decisión y no excluya a aproximadamente 49.000 gaditanos de las ayudas para el acceso a alimentos básicos. Ana Mestre, parlamentaria y vicesecretaria regional de política municipal, expresó su preocupación por el impacto negativo que tendrá el sistema de tarjetas monedero, impuesto por el Ministerio de Inclusión, que se implementará a partir del próximo 1 de abril. Este modelo limita la asistencia únicamente a familias con menores, dejando a miles de personas vulnerables sin cobertura.

La problemática radica en que el nuevo modelo excluye a una gran parte de la población que actualmente recibe ayuda a través de la Junta de Andalucía, incluyendo mayores con pensiones bajas, familias con hijos mayores de 18 años, personas sin hogar, migrantes y mujeres víctimas de violencia de género. Según Mestre, de los más de 57.000 beneficiarios actuales en Cádiz, solo 8.600 mantendrán el derecho a estas ayudas, dejando así al 85% de las personas vulnerables de la provincia sin acceso a alimentos básicos.

Ana Mestre y Auxiliadora Izquierdo, tras reunirse con la Cruz Roja de Rota, han criticado la decisión del Gobierno, argumentando que el sistema de tarjetas monedero, al estar vinculado a ciertas cadenas de supermercados, no solo excluye a numerosas personas necesitadas sino que también presenta problemas logísticos y económicos, ya que la compra se realizará a precios de mercado.

En respuesta a esta situación, el PP de Cádiz ha anunciado la presentación de mociones en todos los ayuntamientos de la provincia, instando al Gobierno a revisar y modificar el modelo actual. Proponen un sistema mixto que permita mantener las tarjetas monedero para las familias y, al mismo tiempo, incluir a bancos de alimentos y entidades sociales en el reparto de alimentos básicos, garantizando así que nadie que lo necesite quede excluido.

El Partido Popular de Cádiz ha solicitado que se tramite con urgencia la modificación de la Ley Orgánica 1/1979 para que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad en el desempeño de sus funciones. Esta petición se produce tras la aprobación en el Congreso de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Popular que busca reforzar el sistema penitenciario, garantizando la seguridad de los funcionarios y mejorando sus condiciones laborales.

El PP de Cádiz ha destacado la relevancia de esta medida en la provincia, donde se encuentra la cuarta parte de la población reclusa de Andalucía, representando el 6,5% del total nacional. Según los datos presentados, en los cinco centros penitenciarios de la provincia se registró el 10% de las agresiones a funcionarios en toda España el pasado año. Además, estas agresiones han incrementado un 12% en 2023 respecto al año anterior y un 126% en comparación con los últimos cinco años.

El diputado nacional Ignacio Romaní ha criticado que el PSOE, pese a votar a favor de la iniciativa, “vote a favor de esta iniciativa pero después paraliza su aprobación”. Romaní también señaló que la presidenta del Congreso “tiene bloqueada una propuesta similar y ha prorrogado hasta en 18 ocasiones el trámite para la presentación de enmiendas, obstaculizando así la tramitación de la ley”.

En sus declaraciones, Romaní afirmó que “se trata de un nuevo engaño por parte del Gobierno y el PSOE que una y otra vez prometen este reconocimiento, también la pasada semana votando a favor de la PNL del Grupo Popular, pero no impulsan el que salga adelante. En seis años no han hecho nada por mejorar las condiciones de los funcionarios de prisiones”.

El diputado del PP subrayó que es prioritario avanzar en esta medida y reiteró el apoyo de su partido a las demandas de los funcionarios penitenciarios, afirmando que “su reconocimiento como agente de la autoridad es algo prioritario”.

La portavoz del PP en la Comisión de Empleo del Parlamento de Andalucía, M José De Alba, y la vicesecretaria de dicha comisión, Ascen Hita, han valorado esta mañana que “Andalucía y la provincia de Cádiz es hoy una tierra con más oportunidades y futuro gracias a las políticas del Gobierno de Juanma Moreno que tiene en la creación de empleo una de sus grandes prioridades”,

Las diputadas populares han mantenido una reunión sectorial sobre empleo en la provincia en la que han analizado tanto actuaciones ya puestas en marcha como nuevos programas destacando el “salto cuantitativo y cualitativo que se ha dado en la política de empleo en los últimos cinco años”.

Al respecto, ha afirmado que “antes hablar de empleo era hablar de políticas fracasadas, de opacidad, despilfarro y corrupción” en referencia a los ERE , cursos de formación o la Fundación Faffe , “mientras ahora se habla de una comunidad locomotora de creación de empleo”.

“Andalucía es hoy una comunidad líder y una tierra con grandes oportunidades y futuro”, destacando que hoy es donde más empleo se crea, y que es la primera en empleo autónomo, en exportaciones y en creación de empresas . En el caso de la provincia de Cádiz , en el mes de marzo se ha registrado uno de los mejores datos de los últimos 20 años con más de 11300 desempleados menos y ha sido el mejor mes de la serie histórica de afiliación a la Seguridad Social.

“Son muchos los datos que corroboran que se va por el bueno camino, algo que no ocurre por casualidad, sino que , aunque aún queda mucho por hacer , es mucho lo que se está haciendo y mucha la inversión orientada a la creación de empleo”.

Entre otras medidas, De Alba ha destaca la simplificación administrativa y digitalización de los procesos que también ha llegado a la gestión de las políticas de empleo lo que ha permitido que las ayudas a la creación de empleo se tramiten de forma ágil en apenas minutos y si antes se tardaba 10 años en abonar el ticket de autónomos ahora se tramitan y cobran en unos 3 meses.

Igualmente, la portavoz popular ha apuntado la transformación de las políticas de atención a las personas desempleadas, “donde antes había un Servicio Andaluz de Empleo que era noticia por la gestión irregular de subvenciones y hoy es un servicio conectado con las necesidades reales del mercado y ofrece una atención personalizada”; y el cambio de la Formación para el Empleo.

“La Formación para el empleo se ha convertido en una herramienta eficaz que, gracias al trabajo conjunto con el sector empresarial, que multiplica la empleabilidad de las personas, y por tanto las oportunidades de futuro de miles de andaluces y gaditanos” ha afirmado.

En relación a la mejora de la empleabilidad y la formación para favorecer la incorporación de gaditanos al mercado laboral, ha enumerado diversos programas que están en marcha como Andalucía Activa, incentivos a la contratación de empleo estable, ayudas a la primera experiencia profesional en instituciones públicas y extranjero o cursos de inserción laboral.

Por último, ha destacado que Andalucía se convertido así en una comunidad líder “pese a los agravios que sigue sufriendo por parte del Gobierno de Sánchez, porque perdemos cada año 1.500 millones de euros por culpa de que nuestra tierra está infra financiada y también somos la comunidad que menos fondos para el empleo recibe con apenas 389 euros por desempleado frente a los 991 euros de la media nacional”.

La parlamentaria andaluza y vicesecretaria del PP de Andalucía , Pilar Pintor, ha destacado hoy el “impulso” de la Junta de Andalucía a la UCA que ampliará su oferta durante el próximo curso 2025-2026 con 21 nuevas titulaciones “adaptadas a las nuevas especialidades laborales y a las nuevas tecnologías , lo que permitirá mejorar la empleabilidad de los jóvenes”.

Pilar Pintor ha valorado que “tras más de una década con la oferta universitaria congelada, los jóvenes andaluces y gaditanos verán incrementada las titulaciones de doctorados, grados y másteres pudiendo optar así a una mayor variedad de opciones educativas, a la vez que se acaba con las disfunciones en la enseñanza universitaria que no estaba adaptada a las necesidades actuales de nuestro mercado laboral”.

En concreto en la provincia de Cádiz las nuevas titulaciones de la UCA se concretan en cuatro grados (Educación Social, Ingeniería en energías renovables, Economía Azul sostenible y Logística y Transporte) , 14 másteres (Clínica y Epidemiología de las enfermedades emergentes, Derecho del Vino, Derecho Digital ,Dirección de Proyectos, Diseño Industrial e Innovación , Humanización y Ética de la Salud, Investigación e Intervención Comunitaria para la Transformación y la Inclusión Social , Gestión y Logística Portuaria, Gestión Sostenible de Empresas, Master Degree in Applied Phycology, Master in Nature Based Solutions in Productive and Natural Ecosystems, Petroquímica y Tecnologías del Hidrógeno, Seguridad y Protección Marítimas y Sistemas de Refrigeración y Climatización Sostenibles) y tres doctorados (Investigación y análisis del flamenco , Doctorado internacional conjunto en Ciencias y Tecnología Marinas y Marítimas y Marketing e Investigación de Mercado). Además de la UCA, la nueva oferta universitaria pública en toda Andalucía se amplia a 184 nuevas titulaciones.

La parlamentaria popular ha señalado igualmente que la Junta ha aceptado el 100% de los nuevos títulos propuestos por la Universidad de Cádiz “lo que evidencia la capacidad de diálogo y compromiso del Gobierno andaluz de Juanma Moreno para planificar un nuevo mapa universitario acorde a las necesidades del actual mercado laboral y los intereses de los jóvenes, con más oportunidades de formación y de elegir su camino hacia el futuro”.

“Tras más de una década de parálisis, el gobierno de la Junta está haciendo una fuerte apuesta por recuperar la competitividad de la universidad pública andaluza y lo hace tanto ampliando la oferta académica como con un esfuerzo inversor destinando un 23% más de presupuesto para el sistema universitario público. En cinco años el gobierno de Juana Moreno ha situado a los jóvenes en el centro de sus políticas para garantizar sus posibilidades de empleabilidad y su futuro y logrado con su gestión que nuestro sistema universitario de un salto cuantitativo y cualitativo” ha concluido.

Los diputados nacionales, Pedro Gallardo y Nacho Romaní, han puesto de manifiesto el “rechazo rotundo” del Partido Popular de Cádiz a la amnistía y la desigualdad entre españoles como pago para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa “ante lo que nos vamos a rebelar porque no es aceptable que Andalucía y la provincia de Cádiz sean tratadas de menos, que haya privilegios a unos en perjuicio de todos y que se condicione nuestro futuro con menos recursos y un trato discriminatorio que es en definitiva lo que pretende hacer Sánchez como presidente”

En una comparecencia ante los medios de comunicación, han anunciado que el PP de Cádiz se va a movilizar, “más allá de las siglas y dando voz a muchos gaditanos que ni entienden ni comparten la actitud del PSOE de que haya españoles de primera y españoles de segunda. Vamos a defender los intereses de Cádiz y eso pasa por defender la igualdad entre todos los españoles porque no queremos ser más que nadie pero tampoco menos que nadie”.

Así ha adelantado que, además de la presentación de mociones en todos los ayuntamientos en la Diputación, el PP va a participar en el acto convocado este fin de semana en Madrid, para lo que se han organizado autobuses desde la provincia para facilitar el traslado a los gaditanos que lo han pedido. “El domingo se va a evidenciar que hay una alternativa al chantaje que quieren imponer unos independentistas, y que no pasa por la ruptura de la igualdad entre de los españoles, sino por defender la igualdad”.

Para los diputados populares la provincia se está jugando mucho con la formación del próximo gobierno de España y han puntualizado que si en la pasada legislatura de Pedro Sánchez como presidente la provincia ya fue discriminada dando de lado muchas inversiones para priorizar otros territorios, “preocupa aún más la deriva en la que ha entrado el PSOE que ha dado por bueno y quiere oficializar el dar a los independentistas y a un prófugo de la justicia todo lo que este le quiera pedir”

El PP de Cádiz insiste en que “el chantaje para la investidura es inaceptable, de momento amnistía, autodeterminación, mayor financiación, la condonación de deudas o Irene Montero de Ministra de Igualdad. Una vez que Sánchez ha asumido la amnistía como la primera de las muchas otras concesiones que vendrán; si antes la investidura de Feijóo era necesaria ahora es imprescindible”.

Al respecto, han denunciado que se está hablando de romper la unidad del país, de aprobar una ley de amnistía, que el poder ejecutivo se atribuya la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos o evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano, que es realmente grave. Pero también los gaditanos van a tener menos recursos que otros territorios porque el PSOE va a hacer que haya españoles de primera y de segunda y la provincia de Cádiz va a salir muy perjudicada porque al PSOE no le importan los gaditanos.

“Hoy Cataluña recibe por habitante 140 euros más que Andalucía fruto de un sistema de financiación firmado en 2009 entre PSOE y ERC que nos hace perder al año 1.000 millones de euros, algo que empeorará tras las concesiones que el PSOE otorgará a los independentistas que supondrán que nosotros pagaremos para que ellos lo gasten y no lo vamos a permitir”, han criticado.

Por ello desde el PP de Cádiz “nos vamos a movilizar y vamos a pelear siempre por la España en la que creemos , por el reencuentro, por la concordia, la igualdad y el progreso de todos que es la alternativa que apoyaron la mayoría de los españoles”.

El Partido Popular (PP) de Cádiz ha destacado el plan de verano desarrollado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para reforzar los servicios sanitarios en la provincia durante los meses estivales. Este plan, según el parlamentario autonómico Antonio Saldaña, "garantiza la atención sanitaria a gaditanos y visitantes".

En una rueda de prensa junto a la también parlamentaria Auxiliadora Izquierdo, Saldaña rechazó los "ataques partidistas y politización que el PSOE está haciendo de la gestión de la Consejería de Salud". El parlamentario defendió que la provincia de Cádiz contará con 6.182 contrataciones para cubrir las vacaciones del personal sanitario y reforzar la atención en centros de zonas costeras. Cádiz es la segunda provincia de Andalucía con mayor número de contrataciones, y prácticamente todos los centros de atención primaria mantendrán su horario habitual de atención al público.

Saldaña subrayó que actualmente se destinan al Plan de Verano más del doble de las contrataciones que había en 2018, durante el gobierno socialista, cuando la cifra de contrataciones fue de 3.000 frente a las 6.182 contrataciones previstas este verano. Además, explicó que muchas de estas contrataciones incluyen personal de refuerzo covid que se ha mantenido y se ha incorporado a las plantillas de refuerzo del Plan Verano.

Los parlamentarios gaditanos también señalaron otras medidas impulsadas por el gobierno andaluz para abordar la falta de médicos en los meses de verano. Entre estas medidas se incluyen un plan de fidelización para los médicos internos residentes que terminan su formación en septiembre, complementos económicos en zonas de difícil cobertura y el pago de horas extras a los profesionales sanitarios que deseen alargar su jornada laboral de forma voluntaria.

La Consejería de Salud continúa trabajando para implementar medidas que permitan cubrir el personal en las zonas con mayores dificultades, destacándose una reunión convocada con la Sectorial de Salud, donde la consejera informará sobre nuevas propuestas.

Antonio Saldaña enfatizó que la falta de personal médico no es un problema específico de la provincia de Cádiz o de Andalucía, sino que afecta a todas las comunidades autónomas. Saldaña hizo un llamamiento al Ministerio competente para que permita a las comunidades formar e incorporar más personal, abordando el desequilibrio provocado por la jubilación de un elevado porcentaje de médicos. "El Gobierno de España tiene que permitir que en Andalucía se formen más médicos para poder tener más recursos para atender a los ciudadanos", afirmó.

Finalmente, los parlamentarios pidieron la concienciación de los usuarios para "un uso responsable y solidario de la asistencia sanitaria", señalando que entre enero y mayo de este año se perdieron más de 4 millones de citas porque el paciente no asistió ni anuló, lo que impidió su uso por otros pacientes.

El Grupo Popular de la Diputación de Cádiz ha llevado al pleno de la institución provincial el deterioro del servicio ferroviario en la provincia de Cádiz, exigiendo al Gobierno un aumento del número de trenes de cercanías y media y larga distancia para reducir los tiempos de espera y ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Asimismo, ha solicitado a la empresa ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y responsable del mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, que invierta en la prevención y reparación de las vías de tren que unen Cádiz y Jerez.

La moción presentada por el Grupo Popular será debatida en la sesión plenaria del próximo 18 de septiembre y recoge las reivindicaciones planteadas por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de la provincia de Cádiz. Este colectivo, en una reunión reciente con el Grupo Popular, expresó su preocupación por los problemas de retraso que afectan a los trenes que circulan entre Jerez y Cádiz desde comienzos de año, agravados especialmente durante el verano debido a la falta de mantenimiento de las vías.

Durante la reunión, los representantes de la Plataforma explicaron al portavoz del Grupo Popular, Juan José Ortiz, que el mal estado de las vías se debe, entre otros motivos, a que los baches no están siendo revisados ni reparados, lo que provoca una disminución de la velocidad de los trenes y afecta a la comodidad de los usuarios. Señalaron que ADIF tiene subcontratado el mantenimiento a una empresa privada que solo dispone de dos vehículos de reparación para cubrir los desperfectos de las vías en Andalucía y Extremadura, por lo que han exigido el aumento del número de trenes de bateo y perfilado, máquinas utilizadas para nivelar y alinear las vías férreas.

El Grupo Popular subraya en su moción que "Cádiz no puede seguir siendo el vagón de cola del sistema ferroviario y necesita más y mejores infraestructuras para poder apostar por el transporte público". Según el portavoz del Grupo Popular, "hay que invertir en las infraestructuras porque la ciudadanía de la provincia se merece un servicio ferroviario digno, seguro y de calidad, con mayor número de conexiones y de trenes de cercanías y más conexiones con Sevilla, Madrid y el resto de España".

El PP ha venido denunciando la situación del ferrocarril tanto en la Diputación de Cádiz como en otros órganos municipales, autonómicos y nacionales, atribuyendo la responsabilidad de esta situación a lo que consideran una "nefasta gestión y el castigo perenne a la provincia de Cádiz del ministro Óscar Puente", lo que, según el Grupo Popular, perjudica el desarrollo socioeconómico y la conectividad y calidad de vida de los gaditanos.

Entre las demandas del PP para mejorar el mapa ferroviario de la provincia de Cádiz se encuentran la mejora de la conexión ferroviaria entre las dos Bahías, la ampliación del tren litoral desde la Costa del Sol hasta Algeciras, la finalización de las obras de mejora de la línea Algeciras-Bobadilla, la llegada de la Alta Velocidad a Cádiz, la recuperación del cuarto tren Alvia entre Madrid y Cádiz y el refuerzo con trenes dobles en la línea que une Cádiz con Sevilla, Córdoba y Jaén.

El Partido Popular de Cádiz ha presentado en el Congreso una serie de iniciativas para abordar lo que consideran un “caos ferroviario” en la provincia. El diputado nacional, Miguel Sastre Uyá, ha criticado que “la situación de descontrol lejos de mejorar cada vez va a peor”, señalando que los gaditanos experimentan “carencias y problemas diarios en el tren”.

Miguel Sastre ha explicado que numerosos usuarios les han informado sobre los problemas que enfrentan en los trenes de cercanías, media y larga distancia. “Retrasos, cancelaciones, averías, trenes con los billetes agotados o precios desorbitados, es la tónica habitual y no podemos habituarnos ni conformarnos con una situación que es del todo inasumible”, ha declarado el diputado.

En respuesta a estas quejas, el PP de Cádiz ha registrado una serie de preguntas para que el Gobierno responda sobre aspectos como la puntualidad, las incidencias, la oferta de plazas y los precios. Sastre ha subrayado la necesidad de que el Gobierno “asuma la necesidad de inversiones y mejoras en el mapa ferroviario de la provincia”, mencionando que han planteado exigencias específicas sobre la inversión y el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias para evitar averías y asegurar la comodidad de los viajeros. Estas demandas están respaldadas también por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, que denuncia el mal estado de las infraestructuras ferroviarias en Cádiz.

Sastre ha destacado que “Cádiz no puede seguir siendo el vagón de cola del sistema ferroviario y necesita más y mejores infraestructuras para poder apostar por el transporte público”. Además, ha insistido en que la provincia merece “un servicio ferroviario digno, seguro y de calidad, con mayor número de conexiones y de trenes de cercanías, y más enlaces con Sevilla, Madrid y el resto de España”. El diputado ha criticado al ministro Puente y al Gobierno por “negar los problemas o mirar hacia otro lado” en lugar de afrontar la situación del tren en la provincia.

El PP ha reiterado que llevan tiempo denunciando “el déficit del sistema ferroviario tanto en la Bahía de Cádiz como en el Campo de Gibraltar”, a lo que han añadido que seguirán exigiendo mejoras hasta que se dote a la provincia de infraestructuras adecuadas. En este sentido, Sastre ha recordado que la Diputación Provincial aprobó el mes pasado una moción presentada por el Grupo Popular para solicitar al Gobierno mejoras ferroviarias en Cádiz. También ha señalado que el Parlamento de Andalucía debatirá mañana una proposición del PP sobre este tema.

El Partido Popular ha presentado una serie de iniciativas en la Comisión de Justicia del Congreso para solicitar al Ministerio de Justicia la creación de nuevos juzgados en la provincia de Cádiz, con el objetivo de paliar la actual saturación y carencia de recursos. La diputada nacional por el PP de Cádiz, Macarena Lorente, ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que no se apruebe ninguna nueva unidad judicial para el próximo año.

Lorente se ha reunido con José Adolfo Baturone, decano del Colegio de Abogados de Cádiz, y Ana Bertón, delegada territorial de Justicia en la provincia, para analizar las necesidades del sector y la situación de la administración de justicia. En este encuentro, la diputada ha destacado "la complicada situación de la Justicia en Cádiz con una estructura judicial y plantillas insuficientes para atender las cargas de trabajo, con el agravante de la complejidad de los asuntos relacionados con el narcotráfico que tienen gran incidencia en la provincia".

Según Lorente, el Consejo General del Poder Judicial ha emitido un informe en el que se señala como prioridad la creación de una plaza de magistrado en la Sección 7ª de la Audiencia con sede en Algeciras (Civil y Penal), que permitiría la constitución de la Sección 9ª con especialización en el orden penal. Asimismo, se considera necesaria la apertura de nuevos juzgados de Primera Instancia en los partidos judiciales de Algeciras, Jerez, Puerto Real, San Fernando y Sanlúcar, así como un juzgado de lo Social en Jerez.

La diputada también ha resaltado que Algeciras, La Línea y San Roque, en la comarca del Campo de Gibraltar, concentran el 60% de los procedimientos judiciales de la provincia, lo cual subraya la necesidad de un refuerzo. En Jerez, la situación es igualmente crítica en los juzgados de lo Social, con un retraso de más de dos años en la resolución de procedimientos.

Además, Lorente ha remarcado la urgencia de dotar a los juzgados de Barbate con una tercera sala, una petición previamente planteada por la Consejería de Justicia y rechazada por el Gobierno. Asimismo, ha recordado que la comisión de servicio del tercer magistrado para los juzgados del municipio finalizará pronto, y ha considerado necesaria su prórroga, como lo ha solicitado el decano del Colegio de Abogados.

Por otro lado, la diputada ha mencionado el caso del partido judicial de Chiclana, que atiende a más de 150.000 personas, población que se triplica en verano, provocando un aumento de denuncias y asuntos. Lorente ha manifestado que “la sobrecarga y grandes carencias que arrastra el mapa judicial de la provincia requiere de un mayor esfuerzo por parte del Ministerio, ya que para este año apenas se atendió la creación del Juzgado de lo Social número cuatro de Cádiz capital y para 2025 todo apunta a que no tiene intención de poner en marcha ningún otro".

En el marco de su reunión con el decano de los abogados, también se abordaron reivindicaciones como la unificación en todas las comunidades del servicio del turno de oficio y la digitalización del sistema judicial. Finalmente, Lorente ha indicado que el Grupo Popular en el Congreso ha propuesto, a través de una enmienda al Proyecto de Ley de Derecho de Defensa, la elaboración de un estatuto para los abogados y procuradores del turno de oficio que refuerce su protección profesional.

El Partido Popular ha centrado la atención en los jóvenes durante la recta final de la campaña europea, destacando que 'los jóvenes deben tener un protagonismo especial porque se trata de no hipotecar su presente y su futuro y aprovechar la posibilidad de responder con su voto para cambiar todas las cosas con las que no están de acuerdo'.

El presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, junto a la vicesecretaria de política municipal del PP de Andalucía, Ana Mestre, y la presidenta provincial del NNGG, Samara Ortiz, han lamentado 'las barreras que están teniendo los jóvenes' en temas claves como el desempleo, la vivienda y la falta de oportunidades en general. Han asegurado que 'estos asuntos son los que nos preocupa al Partido Popular, tenemos puesto el foco en ello y a lo que queremos dedicar nuestro tiempo es a buscar soluciones y dar respuesta'.

El presidente del PP ha afirmado que 'los jóvenes son una prioridad para el Partido Popular, algo que está demostrando Juanma Moreno con hechos en Andalucía, y que también se recoge en los compromisos del programa europeo en donde las políticas de juventud tienen un peso específico'.

Por su parte, Samara Ortiz ha destacado que uno de los principales compromisos del PP con los jóvenes en estas elecciones europeas es una importante rebaja fiscal que permitirá ahorrar a los jóvenes una media de 2.500 euros al año para facilitar su incorporación al mercado laboral. En materia de formación, el PP apuesta por la implantación del 'Bachillerato Schuman' con contenidos comunes para toda la UE, la mejora del programa Erasmus mediante la inclusión de estudiantes de FP y FP Dual, la ampliación del importe de las becas Erasmus+ y la creación del nuevo 'Erasmus transatlántico' que favorecerá la movilidad de los estudiantes con países como EEUU, Canadá e iberoamericanos.

Además, han propuesto la aprobación de un Plan de Acción por la Salud Mental que trabaje en la prevención y refuerce los controles de acceso a las redes sociales para menores de 16 años.

El Partido Popular ha destacado que 'es útil votar masivamente al PP para reaccionar, para protestar y cambiar las cosas'. Ana Mestre ha apelado a los jóvenes que piensan que España no va bien y que no están de acuerdo con 'los despropósitos de Pedro Sánchez' a que 'el domingo voten en coherencia con lo que piensan y apoyen al Partido Popular que es el único cambio posible ante el descontento generalizado que tiene la gente'.

Finalmente, Mestre ha afirmado que 'ahora toca refrescar Europa con los jóvenes. Ha llegado el momento de que tengan más protagonismo, los jóvenes tienen que decidir la Europa fuerte y unida que nos proteja a España y sólo con Europa será posible la España de las oportunidades y la España de los ciudadanos en el centro de la acción política que todos ansiamos'.

Los senadores y diputados del Partido Popular (PP) por la provincia de Cádiz han anunciado una serie de iniciativas en el Senado y el Congreso en relación con el Nudo de Tres Caminos, una infraestructura clave para las comunicaciones de la Bahía de Cádiz. Este enlace es fundamental para conectar la Bahía con la comarca de La Janda, el resto de la provincia y Sevilla.

Las obras de construcción de un nuevo enlace en el Nudo de Tres Caminos comenzaron hace unos meses, después de años de retrasos. Sin embargo, según ha informado la senadora Teresa Ruiz Sillero, "el horizonte para que se solucione el problema de colapso en uno de los puntos más conflictivos de las carreteras de la provincia es aún lejano".

Ruiz Sillero ha explicado que los senadores y diputados gaditanos están realizando un seguimiento de este proyecto, y por ello, han registrado varias preguntas al Ministerio de Transportes sobre la evolución de los trabajos, que tienen un plazo de ejecución establecido de 42 meses. "Ello supone que al menos durante tres años más, los usuarios de esta vía tendrán que seguir sufriendo los interminables atascos y retenciones que se producen en la carretera, especialmente durante la época estival, y el desarrollo económico de la provincia seguirá estando limitado por la carencia de infraestructuras adecuadas", ha afirmado la senadora.

Ante esta situación, Ruiz Sillero ha instado al Gobierno a que estudie la viabilidad de implantar un doble turno en la ejecución de las obras, con el objetivo de agilizar los trabajos y acortar los plazos de finalización del proyecto, señalando que recientemente se produjo una nueva retención de 4 kilómetros en la zona.

El grupo popular en la Diputación Provincial de Cádiz presentará una moción en el próximo pleno para instar al Gobierno de España a que declare como profesión de riesgo el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esta iniciativa también busca la equiparación salarial de estos cuerpos con otras fuerzas de seguridad autonómicas, mediante "la puesta en marcha de una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación al resto de policías del territorio español".

El portavoz del grupo popular en la Diputación, Juancho Ortiz, ha afirmado que se trata de "un obligado reconocimiento hacia las fuerzas de seguridad en general, que se hace aún más incuestionable en nuestra provincia". Además, Ortiz ha subrayado que la defensa de la actuación de los cuerpos de seguridad contrasta con "la precariedad que mantienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la provincia en donde hemos vivido terribles acontecimientos derivados del trabajo en desigualdad de condiciones que se ven obligados a desarrollar las fuerzas del orden frente a las bandas de narcotraficantes".

Ortiz ha rechazado "el desprecio que el ministro del Interior demuestra a los cuerpos de Seguridad, dando de lado constantemente sus reclamaciones de más medios y mejores condiciones laborales para desarrollar su labor". Además, ha recordado que "tres meses después del asesinato de los guardias civiles en Barbate poco o nada ha cambiado en la zona y se sigue negando la Declaración de la Zona de Especial Singularidad para la provincia de Cádiz".

La moción del PP también solicita que se acometan las modificaciones legales necesarias para que los agentes puedan solicitar la jubilación anticipada. Asimismo, se insta al Gobierno a elaborar un informe sobre las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación real, total y absoluta de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas, así como la elaboración de una ley de retribuciones que impida futuros agravios salariales.

Complementariamente, la iniciativa exige al Gobierno que cumpla el mandato del Congreso de los Diputados para la asignación urgente de efectivos policiales a las Unidades Adscritas de la Policía Nacional en Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón, a fin de cubrir el 100 % del Catálogo de Puestos de Trabajo asignado a estas Unidades.

Ortiz ha destacado que "nuestra obligación como servidores públicos es cuidar a quienes nos cuidan y seguir reclamando y demandando mejoras en las condiciones laborales y salariales de la Policía y la Guardia Civil y, sobre todo, el reconocimiento de su trabajo como profesión de riesgo".

El problema de la vivienda en la provincia de Cádiz se ha convertido en uno de los principales retos debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda. Según los datos presentados, España necesita 600.000 viviendas nuevas para cubrir la demanda actual, de las cuales 17.000 corresponderían a la provincia de Cádiz. Este desequilibrio se ve reflejado en el mercado de alquiler, donde cada vivienda disponible recibe una media de 25 solicitudes. Además, la situación se agrava anualmente con un desfase de 150.000 viviendas entre las que se construyen y los nuevos hogares que se generan.

El diputado nacional por Cádiz y portavoz adjunto en la Comisión de Vivienda del Congreso, Miguel Sastre Uyá, ha señalado que la situación actual es resultado de una política de vivienda que se basa en la propaganda y que, lejos de solucionar el problema, lo ha empeorado. Según el parlamentario, las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, muchas de ellas pactadas con sus socios políticos como Bildu, han contribuido a reducir la oferta y aumentar los precios, generando además inseguridad jurídica para los propietarios.

En este contexto, Sastre Uyá criticó la aplicación de medidas como los topes de precios y la nueva burocracia, que han complicado la gestión de los propietarios para ofrecer viviendas en alquiler. Según explicó, estas medidas, junto con una legislación que favorece a los ocupantes ilegales y a los morosos, han provocado el fenómeno conocido como “inquiocupación”. Indicó que, comparando los años 2023 y 2024, el número de viviendas en alquiler se redujo en un 30 %, lo que equivale a unas 80.000 viviendas menos disponibles en el mercado.

El diputado popular cuestionó la utilidad de la propuesta del Gobierno de crear una empresa pública de vivienda, argumentando que ya existen organismos como SEPES y SAREB que no han logrado frenar la situación actual. En el caso de la provincia de Cádiz, señaló que el Gobierno cuenta con suelos donde podrían haberse construido al menos 3.000 viviendas, pero que estos terrenos permanecen sin utilizar.

Sastre Uyá defendió que el reto de la vivienda no tiene una única solución, sino que requiere un abanico de medidas para equilibrar la oferta y la demanda. Entre las propuestas planteadas por el Partido Popular, destacó la reducción de impuestos, mencionando que actualmente los tributos suponen el 30 % del precio de una vivienda. Propuso la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) al 4 %, la reducción del IVA al 4 % y la ampliación de los avales para la compra de vivienda hasta los 40 años.

Otra de las iniciativas propuestas incluye la promoción de más suelo público para la construcción de viviendas nuevas y la rehabilitación de las existentes, así como la agilización de los trámites urbanísticos mediante la introducción del silencio administrativo positivo en un plazo de tres meses. También se contempla una reforma de la Ley del Suelo para evitar la anulación parcial de los Planes Generales de Ordenación Urbana.

El diputado subrayó la necesidad de garantizar seguridad jurídica a los propietarios, reclamando medidas que permitan la expulsión de ocupantes ilegales en un plazo de 24 horas. Además, denunció que el PSOE mantiene bloqueada en el Congreso la tramitación de la ley antiokupa aprobada previamente en el Senado.

El diputado nacional por el PP de Cádiz, Ignacio Romaní, ha exigido al Ministerio de Interior que complete la plantilla de la policía nacional adscrita a Andalucía, subrayando que la provincia de Cádiz padece una notable escasez de efectivos desde hace años. Esta situación, según Romaní, refleja la indiferencia del ministro ante un problema que impacta directamente en la seguridad de la provincia. En la actualidad, de los 725 agentes designados en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para Andalucía, sólo 377 ocupan sus cargos, y en la provincia de Cádiz, la cifra se reduce a 40 agentes de los 60 previstos.

El parlamentario ha destacado que la comisión de Interior del Congreso ha dado luz verde a una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, la cual solicita la inmediata cobertura del 100% de las vacantes en estas unidades policiales. Romaní lamenta que "hace diez años que el Ministerio no realiza una convocatoria para cubrir la plantilla de la policía adscrita", calificando la situación de "inadmisible". Además, ha criticado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas, que contempla un aumento del 20% en el número de Mossos d'Esquadra, argumentando que esto representa una desigualdad y una indignidad en el trato hacia Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana y Aragón, que llevan años demandando la cobertura completa de sus plantillas policiales sin obtener respuesta.

Romaní expresa su confianza en que el Gobierno atienda y adopte la propuesta aprobada por la Comisión de Interior del Congreso, enfatizando la urgencia de cubrir las vacantes en la policía adscrita en las distintas comunidades, especialmente en Andalucía y Cádiz, donde las carencias en los cuerpos de seguridad son evidentemente graves.

Además, el Grupo Popular ha logrado que el Congreso inste al Gobierno a reconocer a la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, una iniciativa que, según Romaní, fue obstaculizada por el PSOE en Europa pero finalmente aprobada en la comisión de Interior. El diputado sostiene que es "justo y de sentido común" otorgar este reconocimiento a quienes "se juegan la vida por defender a los gaditanos", destacando que la policía local y otras profesiones ya cuentan con esta consideración. Romaní denuncia que en España se agreden a 30 agentes diariamente y recuerda incidentes graves ocurridos en la provincia de Cádiz, subrayando que es una obligación gubernamental reconocer y proteger los derechos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El Partido Popular de Cádiz ha manifestado su apoyo a las demandas del comité de empresa de la planta de Navantia en Puerto Real para impulsar la construcción de buques en la factoría y no limitar su actividad a la fabricación de plataformas eólicas marinas. Los representantes del PP, Ignacio Romaní, diputado nacional, y Antonio Saldaña, parlamentario, se reunieron con los trabajadores para abordar la situación actual de la planta y solidarizarse con su preocupación por el futuro de los astilleros.

Romaní subrayó que la diversificación de la actividad industrial de Navantia debería ser una oportunidad para abrir nuevos mercados y ampliar la producción en las distintas plantas, y no para limitar las capacidades de los astilleros. "Se trata de sumar nuevos contratos, nunca de sustituir", explicó Romaní, criticando la política de segregación de centros que está llevando a cabo la compañía y que, según su criterio, cierra las puertas del astillero de Puerto Real a la construcción de barcos para enfocarse exclusivamente en encargos offshore.

El PP de Cádiz sostiene que la factoría de Puerto Real cuenta con la capacidad, tecnología y medios suficientes para competir por contratos y mercados más amplios de los que le permite actualmente el Gobierno. Romaní afirmó que "hay que apostar por la construcción offshore, pero también por la construcción de barcos, no solo militares, sino también civiles". Asimismo, advirtió que "Navantia pierde cada vez más peso en el mercado de la construcción civil".

En este contexto, los representantes del PP se comprometieron a llevar al Congreso una batería de iniciativas para que el Ministerio de Industria y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se posicionen sobre el futuro de la planta de Puerto Real y garanticen su desarrollo más allá de la industria offshore. Además, el PP de Cádiz preguntará al Gobierno sobre la firma del nuevo Plan Estratégico de la compañía, que acumula más de un año de retraso, con la esperanza de que incluya las inversiones necesarias para que los astilleros de la Bahía de Cádiz se conviertan en un referente en el mercado internacional.

El pleno de la Diputación Provincial de Cádiz aprobó el 31 de diciembre de 2024 los presupuestos para el año 2025 con un amplio respaldo, incluyendo el apoyo del grupo de Izquierda Unida (IU), lo que evidencia la capacidad del gobierno liderado por Almudena Martínez para alcanzar acuerdos más allá de líneas políticas. El presupuesto, que busca mejorar el bienestar de los ciudadanos de los 45 municipios de la provincia, incluye inversiones destacadas en empleo y políticas sociales.

El Partido Popular (PP), en coalición con La Línea 100x100, defendió las cuentas como un paso clave hacia el desarrollo equilibrado de la provincia. Ignacio Romaní, coordinador provincial del PP de Cádiz, subrayó que el respaldo logrado refuerza la idea de un gobierno provincial centrado en atender las necesidades de los municipios y alejándose del sectarismo político. "Hoy Diputación de Cádiz cuenta con un gobierno eficaz que, con su presidenta a la cabeza, está presente en cada una de las 45 localidades de la provincia, un gobierno que sabe escuchar, dialogar y llegar a acuerdos con todos", afirmó Romaní.

Por otro lado, el PSOE, liderado por Ruiz Boix, votó en contra de los presupuestos, lo que Romaní calificó como parte de una estrategia de negación constante hacia el gobierno provincial. "Frente a ello, nos encontramos con un PSOE enrocado en sus propios intereses y que tiene como única preocupación el enfrentamiento constante con la presidenta de Diputación y su equipo de Gobierno", añadió.

Romaní instó al PSOE a adoptar una postura más constructiva y sumarse al trabajo conjunto para abordar los retos de la provincia. En este contexto, reiteró que los presupuestos para 2025 representan "unas grandes cuentas, hechas pensando en mejorar el bienestar de todos los gaditanos y el progreso de los 45 municipios".

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una iniciativa solicitando al Ministerio de Transportes que "revise el mapa ferroviario de la provincia de Cádiz e impulse la planificación y ejecución de las infraestructuras y medios necesarios para alcanzar una adecuada interconexión interior de la provincia y también con otras provincias". Los diputados nacionales Miguel Sastre Uyá e Ignacio Romani destacaron en una rueda de prensa que Cádiz, siendo la décima provincia en población de España y con un relevante peso turístico además de un gran potencial en la industria logística, "necesita de una verdadera apuesta en materia ferroviaria ante las numerosas carencias y deficiencias que ahora presenta".

La propuesta incluye el impulso y la finalización de infraestructuras pendientes como la renovación y electrificación de la línea Algeciras-Bobadilla, cuya finalización ha sido pospuesta por diversos ministros del Gobierno actual, y aborda la incierta llegada de la Alta Velocidad a la provincia. Además, solicita el estudio de la viabilidad de nuevas conexiones, como la posible conexión ferroviaria entre las Dos Bahías, enfocada en promover una movilidad sostenible y el desarrollo económico de la provincia.

También se pide la optimización y modernización de los recursos actuales para responder adecuadamente a la demanda existente, incluyendo cercanías y los trayectos de media distancia a Sevilla, así como la mejora de la conexión directa con Madrid. Sastre Uyá criticó la dependencia de la recuperación de trenes directos a Madrid de la disponibilidad de máquinas que dejan de operar en otras comunidades, lo cual ha sufrido un nuevo retraso. El diputado enfatizó la importancia de una adecuada conexión ferroviaria para el desarrollo de Cádiz, señalando que lo que se solicita al Gobierno es "que nos de las infraestructuras que Cádiz merece".

El Partido Popular (PP) ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para rechazar una moción presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la Comisión de Asuntos Exteriores, que buscaba apoyar al Gobierno de España en las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido para establecer una zona de prosperidad compartida entre Cádiz y Gibraltar. La votación resultó en 10 votos a favor, 18 en contra y tres abstenciones.

El portavoz de los socialistas, el senador por Cádiz Alfonso Moscoso, expresó su descontento, indicando que "el PP tenía hoy la oportunidad histórica de apoyar a la comarca del Campo de Gibraltar, a sus vecinos, ayuntamientos y empresas. En definitiva, a 300.000 personas que viven allí, 30.000 en el Peñón y al conjunto de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.

Moscoso lamentó que, con su voto negativo, "condenan la oportunidad histórica que jamás han tenido Cádiz y el Campo de Gibraltar para tener nuevas vías de desarrollo económico, que genere empleo y mejor calidad de vida para los vecinos”. Además, añadió: "Su voto negativo vuelve a dar la espalda a Gibraltar. No quieren la prosperidad compartida de empresas, trabajadores y personas".

Según el senador, "el acuerdo es una oportunidad histórica que nunca ha tenido Cádiz, ni el Campo de Gibraltar ni los municipios que lo rodean. Hablamos de un nuevo marco jurídico internacional y europeo, una nueva relación de España y Gibraltar para buscar fórmulas de futuro y soluciones a la controversia histórica".

El PSOE proponía que el acuerdo incluyera aspectos sobre la convivencia, la instalación conjunta del aeropuerto, la desaparición de la verja y decisiones estratégicas de amplio consenso. Moscoso subrayó que "este acuerdo versa sobre la convivencia, la instalación conjunta del aeropuerto, la desaparición de la verja y decisiones estratégicas de amplio consenso. Hablamos de un momento histórico que España no debe dejar pasar para avanzar en la comarca del Campo de Gibraltar y en avanzar en un acuerdo para la soberanía común, y sobre las competencias y los acuerdos económicos, financieros y sociales".

Finalmente, Moscoso argumentó que el PP votó en contra de la moción por motivos electorales y por no querer reconocer la labor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Afirmó que “el PP no puede votar a favor de esta moción por dos razones. Primero, porque estamos en elecciones y prefieren mantener el rechazo a las políticas socialistas de Pedro Sánchez y prefieren seguir instalados en el 'cuanto peor para España, mejor electoralmente para el PP'". Además, señaló que "en segundo lugar, si votan a favor, reconocen el éxito del presidente en política exterior. Un presidente con reconocimiento cum laude en la comunidad internacional. En definitiva, votan en contra del acuerdo con Gibraltar, de la prosperidad compartida en los municipios de la comarca de los campos de Gibraltar”.

La Junta de Andalucía ha decidido impulsar la formación en el sector naval de la provincia de Cádiz mediante un nuevo plan formativo que arrancará en 2025. Este programa, que se implementará tras una década sin formación específica en el sector, beneficiará a unas 8.500 personas a través de 565 cursos que abarcarán 41 especialidades formativas. La inversión total destinada a este proyecto asciende a 2,3 millones de euros, que se ejecutarán a lo largo de tres años.

El plan de formación ha sido desarrollado a través de un protocolo de actuación firmado entre la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (FEMCA) y el Clúster Marítimo Naval de Cádiz (CMNC). Este acuerdo busca alinear la oferta formativa con las necesidades de perfiles especializados que demanda el sector naval en la provincia, especialmente en la Bahía de Cádiz.

Auxiliadora Izquierdo, parlamentaria del Partido Popular en Cádiz, ha valorado positivamente esta iniciativa, subrayando que "se trata de una ambiciosa oferta formativa, tanto por su alcance como por su contenido, que viene a cubrir una grave carencia que existía y que se llevaba tiempo reivindicando por la necesidad de mano de obra especializada". Además, ha señalado que esta formación permitirá a los trabajadores de la provincia "mejorar su empleabilidad y tener la posibilidad de insertarse en un sector con muy buenas perspectivas de futuro".

Este programa no solo está dirigido a personas desempleadas, sino también a aquellos que actualmente están ocupados en otros sectores y que buscan reciclarse o actualizar sus destrezas, especialmente en áreas vinculadas a las nuevas tecnologías y al sector offshore. Izquierdo ha destacado que esta formación ha sido diseñada específicamente para el sector naval de la provincia de Cádiz, lo que la convierte en una propuesta singular y adaptada a las necesidades concretas de este ámbito económico.

Por último, la parlamentaria ha recordado que esta medida se suma a otros programas de lucha contra el desempleo impulsados por la Junta de Andalucía durante 2024, como la formación profesional para el empleo (FPE), los proyectos integrales de empleo, los programas de empleo y formación, y la última convocatoria del plan de empleo 'Andalucía Activa'.