La Diputación, durante el Pleno de septiembre, ha aprobado modificaciones presupuestarias por valor de casi 6 millones, en concreto 5.758.310,66 euros. Una primera modificación por casi 4 millones de euros, 3.930.270,66 euros, se ha decidido en sendos puntos del orden del día: uno referente a acciones culturales y otro a acciones de diferente naturaleza.

Por urgencia además se han aprobado 1.818.440 euros más para inversiones, en su mayoría a través del Plan AIRER, del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, que ha sido explicado por el responsable del Área, el vicepresidente cuarto, Germán Beardo, y que se destina a renovar y mejorar servicios públicos como alumbrado, cementerio, abastecimiento domiciliario de agua, vías públicas, limpieza viaria, pavimentación de vías públicas, parques y jardines y biblioteca.

En total el Pleno ha respaldado 58 partidas presupuestarias. Acciones culturales, infraestructuras, citas deportivas o memoria histórica ocupan buena parte de estas inversiones.

Por ejemplo, en materia deportiva se le otorgan ayudas a clubes, federaciones y ayuntamientos. Por ejemplo al de Jerez para la salida de la última Vuelta Ciclista o al de Algeciras para el partido de la Selección Española de Fútbol Sub-21 contra la Selección de Malta. También figura la Federación Española de Fútbol con cantidades para la FIFA Beach Soccer y la organización de varios eventos deportivos. Se conceden subvenciones para gastos a tres clubes de La Línea de fútbol, voley playa y baloncesto; al Cádiz Club de Fútbol para actividades culturales y deportivas en torno al Trofeo Carranza; al CD Alicante Planta y Mar para el desarrollo SUP Challenge 2024; y a la Federación Andaluza de Golf el campeonato Estrella Damm Andalucía Masters de Sotogrande. Además se aprueban contratos de patrocinio deportivo a través de EPICSA por valor de 380.000 euros.

En materia turística las modificaciones sufragan actuaciones de promoción del destino Cádiz en ferias como San Sebastián Gastronomika, Innoble o Virgili; o actuaciones de promoción, formación y marketing con el mercado alemán. A caballo entre cultura y turismo tienen cabida varias ayudas a recreaciones al Ayuntamiento de Grazalema para el Encuentro Andaluz de Moros y Cristianos; al Ayuntamiento de Tarifa para Recreación Histórica El Sitio de Tarifa 2024. También hay fondos con cariz social, que se conceden a la Asociación Familia Vicenciana para sufragar programas de comedor y actividades sociales en La Línea y a la Fundación Secretariado Gitano para el desarrollo del Proyecto de empleo e inclusión social de jóvenes del Campo de Gibraltar.

En infraestructuras hay varias actuaciones previstas en estas modificaciones a través de ayuntamientos o juntas vecinales. Así Tahivilla cuenta con fondos para la instalación de un punto de carga de uso público para vehículos eléctricos; al Ayuntamiento de Sanlúcar se destinan fondos para adquirir canastas de baloncesto; al Ayuntamiento de La Línea para focos en instalaciones deportivas; y al Ayuntamiento de Tarifa para mejoras en el Teatro Municipal Alameda y dotación de mobiliario para distintas zonas del municipio como La Zarzuela, Atlanterra o Bolonia. Además a la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz se le costea la mejora de las redes de agua y se incluyen gastos de climatización de distintos servicios de la Diputación de Cádiz.

En materia de Memoria Histórica y Democrática se sufragan proyectos de Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica de Cádiz. Además se concede al Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar fondos para la intervención arqueológica en el cementerio de San Antonio Abad; a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de La Janda para el Proyecto de Actuaciones de Memoria Histórica y Democrática y a la de la Sierra para el documental ‘Memorias de la Sierra de Cádiz’.

Las partidas en materia cultural superan los 1,4 millones. Hay varias partidas destinadas a patrimonio cultural de carácter religioso, como la destinada a la Hermandad de San Isidro Labrador y Nuestra Señora del Rosario en Los Barrios para la celebración de su 175 aniversario; al Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Jerez para la realización de la Procesión Magna Mariana; a la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación y Glorioso Patriarca San José para la realización de actuaciones en cubiertas de la Iglesia Mayor Parroquial de Olvera; y a la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y San Nicolás de Bari para la conservación y Restauración de la Fachada de su Capilla en Cádiz.

Otras acciones culturales con cabida en estas partidas incluyen a ayuntamientos como Castellar, Arcos, Prado del Rey, Ubrique, El Torno, para sus programaciones culturales; el de Paterna para un cine de verano y la difusión y organización del concurso de peteneras; al de Jerez para la feria del libro y para gastos de la candidatura de Jerez a la capitalidad europea de la cultura 2031, o al Ayuntamiento de Chipiona para conciertos en período navideño. También se incluye al Aula de Cultura del Carnaval para colaborar con los gastos de gestión y hay una partida para la adecuación del centro de interpretación de Paco de Lucía de Algeciras y otra para la Guarida del Ángel para el festival Internacional de la Guitarra Flamenca.

En materia cultural, y por valor de 110.000 euros, se han aprobado tres modificaciones presupuestarias más en otro punto del orden del día, que permitirán mejorar las instalaciones de la sede de la Fundación provincial de Cultura en Rivadavia, el programa ‘Los colores del flamenco’, la organización del VI Día del Flamenco en la provincia de Cádiz y el V encuentro Provincial de la Federación de Peñas Flamencas de Cádiz.

Plan AIRER y urgencias

Por otro lado, se ha aprobado por urgencia una partida para cubrir los gastos del Plan AIRER 2024 por valor de 1,8 millones. Además se han aprobado varias subvenciones: una al Ayuntamiento de Chipiona para sufragar los gastos de las Jornadas Técnicas de Participación Ciudadana de la provincia de Cádiz; al Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas para las ‘XIII jornadas micológicas y ruta gastronómica de la seta’; cobertura económica para la Asociación de Familiares de Alzheimer San Paulino, de Barbate, enmarcada en los fines sociales del Área de Servicios Sociales; y a la Cooperativa Agrícola San Patricio de Conil para la III Jornada del Garbanzo.

Más inversiones en Vejer

Además el Pleno ha aprobado por unanimidad la aprobación de un convenio para la peatonalización de la calle Perla de Cádiz en Vejer, con el proyecto ‘En Cádiz: dinamización comercial sostenible de las zonas turísticas de la provincia de Cádiz’, subvencionado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esta actuación financiada con fondos Next Generation con un presupuesto de 48.398,96 euros queda delegada en el Ayuntamiento de Vejer para que se haga cargo de su ejecución.

La Diputación de Cádiz ha aprobado de manera definitiva el Plan de Cooperación Local (PCL) 2024. La Corporación ha votado de forma unánime a favor de la puesta en marcha del mismo en la sesión de Pleno extraordinaria y urgente que se ha celebrado este martes 2 de julio.

El diputado delegado de Fomento y Empleo, Andrés Clavijo, ha sido el encargado de exponer los detalles de la nueva edición del PCL, que pretende satisfacer las demandas de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios públicos, asistiendo a los municipios de la provincia en el ámbito de la gestión de sus competencias, mediante actuaciones que repercutan en el bienestar de los ciudadanos y en la reducción del desempleo local. Clavijo ha hecho referencia a que se trata de un plan “que los alcaldes esperamos como agua de mayo y que traemos a aprobación definitiva de forma urgente para no perder ni un día en su ejecución”.

Este Plan se dirige a los municipios de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales autónomas (ELA) y financiado en un 100% por la Diputación Provincial de Cádiz, con el fin de desarrollar servicios de interés general en el ámbito municipal, en el marco de la conservación de bienes y funcionamiento y refuerzo de servicios de competencia municipal, así como en la red general de infraestructuras, equipamientos y dotaciones de espacios públicos, urgentes e inaplazables.

Ya en el Pleno ordinario del mes de junio se aprobó la modificación presupuestaria necesaria para dotar el Plan con 5,7 millones de euros. Esta cuantía se corresponde al montante económico necesario para sostener las propuestas presentadas por los respectivos ayuntamientos. De este presupuesto total, 5.200.429,98 euros se destinan a los 30 municipios beneficiarios y 499.570,02 euros a las 10 ELA. Los criterios para determinar la financiación que corresponde a cada municipio son el número de habitantes, la cifra de paro y población potencialmente activa. En el caso de las ELA, del total de la dotación económica que les corresponde, dos tercios se reparten a partes iguales y el tercio restante se reparte en función del índice resultante entre el número de habitantes de cada una de ellas respecto al total poblacional del conjunto de ELA.

Según las previsiones que maneja la Diputación de Cádiz, se estima que el Plan de Cooperación Local 2024 generará hasta 1.263 contratos, lo que supone que se beneficiarán 165 personas más que en la edición anterior. Las actuaciones contenidas en el PCL deberán estar finalizadas a fecha del 31 de diciembre del presente año.

El grupo del Partido Popular (PP) en la Diputación de Cádiz ha manifestado su malestar por lo que consideran un doble discurso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la institución provincial y en el Congreso de los Diputados. El PP lamenta que los diputados del PSOE no hayan apoyado en el Congreso la Proposición no de Ley (PNL) en la que se pedía al Gobierno de la Nación la declaración urgente de la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad y la dotación de más medios materiales y personales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en Cádiz.

El portavoz del grupo popular, el diputado provincial Juancho Ortiz, calificó esta postura de incongruente y "pantomima perversa", ya que en la Diputación el PSOE ha votado recientemente a favor de propuestas similares presentadas por el PP. Ortiz afirmó que "un apoyo que ahora vemos que fue fake". Por ello, Ortiz pide al PSOE en la provincia y al grupo socialista en la Diputación que "dejen de ser marionetas al servicio de la dirección nacional de su partido y se pongan al servicio de las necesidades y problemas de todos los gaditanos y gaditanas, máxime cuando se trata de un asunto tan delicado que interpela a toda la sociedad".

Una de estas mociones se debatió en el pleno ordinario del pasado febrero, días después de los asesinatos de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha en Barbate. En esa ocasión, fue aprobada por unanimidad la moción del PP en la que se instaba al Gobierno de España a declarar la comarca y la provincia como Zona de Especial Singularidad y a reforzar la presencia de la Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera para reducir la percepción de inseguridad y conceder el merecido reconocimiento a las víctimas de estos asesinatos y a los guardias civiles heridos.

En el pleno de marzo, también fue aprobada por unanimidad la propuesta del Grupo Popular de solicitar al Gobierno central la Declaración de Barbate como Municipio de Especial Singularidad, además de reconocer su deuda histórica por las servidumbres militares y medioambientales y la inclusión del pago en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En el último pleno de la Diputación, celebrado el pasado 22 de mayo, el Grupo Popular llevó otra moción en la que pedía la declaración de profesión de riesgo para los miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera como reconocimiento al trabajo que realizan. La moción también recogía la necesidad de elaborar una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar futuras desigualdades en relación al resto de policías del territorio español. Ortiz señaló que "la finalidad era que se hiciera justicia con quienes velan por nuestra seguridad arriesgando sus vidas, y de igual manera lo vio la oposición, que votó a favor".

El respaldo del grupo socialista a estas mociones en la institución provincial se considera ahora como un "apoyo fake" tras la falta de apoyo del PSOE esta semana en la Cámara Baja. No obstante, el Grupo Popular se congratula de que finalmente la PNL sí saliera aprobada en el Congreso gracias al apoyo del resto de los grupos políticos, a pesar de la postura "cobarde y contraria a los intereses de la provincia de Cádiz" de los diputados del PSOE y Sumar.

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha defendido este martes desde Cádiz la necesidad de “la armonía entre las administraciones, de su trabajo conjunto, de su esfuerzo y de su rigor” para crecer y avanzar.

Durante una rueda de prensa ofrecida en la sede del PP de Cádiz junto a su presidente provincial y alcalde de la capital, Bruno García, el secretario general de los populares andaluces ha defendido la “colaboración constante entre el Ayuntamiento y la Comunidad”, pero ha advertido que “nos preocupa la actitud pasiva y desganada que el Gobierno de España tiene con esta ciudad y con su provincia”.

Repullo ha recordado que Juanma Moreno se reunió con Pedro Sánchez en Moncloa y le entregó cien medidas. “Cien reclamaciones de los andaluces. Muchas de ellas afectaban a Cádiz, como el impulso al sector naval en su Bahía. Pero el presidente de la Junta sólo encontró en el presidente del Gobierno prisas, ganas de hacerse una foto y ningún interés por buscar soluciones”.

En su opinión, “el Gobierno de Sánchez sólo quiere bloquear Andalucía. Contraprogramar nuestras medidas. Disciplinarnos”. “Nos exige una servidumbre que nada tiene que ver con nuestro marco competencial ni con nuestro ordenamiento jurídico”, señala reiterando a continuación que “esto no es federalismo, esto es ‘Pedrocracia’”.

Y pone como ejemplo lo que está sucediendo con la Ley de la Vivienda. “El Gobierno de Pedro Sánchez hace trampas peligrosas con este asunto”, dice. “La ministra de Vivienda insinúa algo muy grave: que las comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía, son «insumisas» o que «incumplen» la ley”, añade y aclara: “falso”. Incluso se pregunta: “¿O no está penado por los tribunales incumplir la ley? ¿Si es así, por qué no lo denuncian?”. “Porque es mentira”, asegura. “porque los gobiernos del PP cumplen y aplican escrupulosamente la ley, algo que no hizo, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña independentista y los actuales socios de Pedro Sánchez, que fueron procesados y condenados por ello”.

Al hilo de ello, Antonio Repullo explica que “lo que nos negamos a hacer en el PP es aplicar un modelo que se ha demostrado fallido, y lo hacemos amparados en la Constitución y el reconocimiento a nuestras competencias en esta materia”.

El PP apuesta por una ley de vivienda alejada del intervencionismo y apoyada en la colaboración entre administraciones

“En Cataluña, única comunidad autónoma donde se aplican todos los postulados de la ley de Vivienda, la oferta ha caído un 14% y en ciudades como Barcelona, el precio ha subido un 4,6%”, señala al tiempo que afirma que “viendo esos resultados, el resto de comunidades ha optado por no aplicar, insisto, en virtud de sus competencias, algunos de los enunciados más invasivos e intervencionistas de la ley”. “Pero eso no es incumplir nada”, incide. “Eso es hacerte responsable de tu capacidad de autogobierno. Eso es gestionar con rigor y con responsabilidad. Eso es no perjudicar a los andaluces aplicando medidas impuestas por los independentistas y claramente perjudiciales para los ciudadanos que buscan vivienda”.

Así, Repullo defiende que “el PP de Andalucía tiene su propio modelo para la Vivienda, un modelo que pronto se materializará en la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, y que huye de los errores cometidos por una ley estatal que, recuerdo, impusieron Bildu y ERC al gobierno de Sánchez”. Según ha explicado, el PP ha desarrollado un modelo que no invade las competencias de las comunidades, que respeta el autogobierno, y que “huye del intervencionismo aplicado por esta norma, cuyos frutos, lamentablemente ya conocemos. Algunos artículos de la ley de vivienda de Pedro Sánchez, como saben, han sido anulados por el Tribunal Constitucional, tras un recurso de la Junta de Andalucía”.

En ese sentido, el secretario general de los populares andaluces ha recordado que “ayer mismo entregó Juanma Moreno las llaves de las 60 viviendas «de última generación» que se han construido en Matadero Sur. Y lo hizo apelando a la colaboración entre autonomías, a la lealtad y al trabajo conjunto a favor de la ciudadanía”. “Frente a leyes inservibles, frente a pancartas y ruido de redes, la Junta trabaja con rigor y con seriedad”, ha subrayado.

El PSOE-A saqueó nuestra tierra para beneficiarse a sí mismo

En otro orden de cosas, el secretario general del PP de Andalucía se ha referido a las informaciones que siguen publicándose acerca del escándalo de la Faffe. “Hoy, nos volvemos a avergonzar al leer los titulares que el PSOE-A sigue generando. Vemos lo que, por otro parte, ya sabíamos: El PSOE de Andalucía utilizó el dinero público de todos los andaluces en contrataciones a hijos, primos, amigos y esposas de dirigentes socialistas”. “Les recuerdo que afecta directamente al señor Espadas al estar imputada su esposa en el escándalo del caso Faffe”, ha puntualizado. Según Repullo, “enchufes, chollos y chanchullos. Ese debería ser el lema del PSOE de Andalucía para las siguientes elecciones: Enchufes, chollos y chanchullos”, porque está convencido de que “quieren regresar al poder para volver a hacerlo. Es parte de su naturaleza. Podrán negarlo, podrán darse golpes en el pecho en ruedas de prensa si quieren, pero ahí están los hechos. El PSOE de Andalucía saqueó nuestra tierra para beneficiarse a sí mismo”.

Así las cosas, el secretario general de los populares andaluces ha puesto de manifiesto que “ante Pedro Sánchez y su deriva política, ante Juan Espadas y su silencio cómplice, el Partido Popular ofrece soluciones, madurez y hechos”.

“Aquí está Bruno García, un alcalde querido que ha trabajado con pasión desde su primer minuto en el ayuntamiento, aquí está Juanma Moreno, defendiendo los intereses de Cádiz y su provincia ante el presidente del Gobierno y ante quien sea”, ha relatado para añadir: “Aquí está el Partido Popular, un partido que sólo busca el interés común, la mejora de los servicios públicos y el desarrollo de Andalucía”. “Para ello, reclamamos una financiación justa. Reclamamos igualdad para dar los mejores servicios públicos posibles y el Fondo Transitorio de Nivelación”, ha añadido tras recordar que Andalucía pierde al año 1.522 millones de euros por su infrafinanciación, que ascendería a 6.500 millones de euros si se aplica el cupo separatista.

Antonio Repullo ha concluido apelando a los andaluces a que “no se dejen confundir” y “no olviden quién gobernó con egoísmo y oscuridad y arrastró a nuestra tierra hasta el último puesto en los rankings, y quién lo está haciendo con generosidad, con transparencia y con esperanza, logrando un impulso y una competitividad nunca vistas antes en nuestra autonomía”. “El PP defiende, y siempre defenderá, la dignidad de Andalucía”, ha zanjado.

Bruno García denuncia el triple agravio de Sánchez a los gaditanos

Por su parte, el presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, se ha referido a un “triple agravio” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez con esta provincia. Por un lado, ha criticado las “pocas inversiones y aún menos ejecución, prácticamente la nada”, a lo que ha añadido las consecuencias de la falta de presupuesto en 2024 que, tal y como denunció el PP, ha significado que no se haya puesto en marcha ningún nuevo proyecto.

En segundo lugar, “la infrafinanciación que sufre Andalucía desde hace años, la primera que lo dijo fue la ministra Montero que como consejera pedía 4.000 millones para Andalucía y eso es lo que el Partido Popular seguimos reclamando con justicia”.

Finalmente, “un tercer agravio que tiene que ver con el cupo independentista que va a reducir aún más la financiación de esta provincia”. En ese contexto ha adelantado la campaña “Defiende Cádiz” que, en base a las 100 reclamaciones presentadas por Juanma Moreno a Pedro Sánchez, recoge demandas para la provincia de Cádiz que requieren de una respuesta por parte del Ejecutivo. Entre ellas, ha destacado las infraestructuras, la vivienda y la declaración de Zona de Especial Singularidad para la provincia.

El grupo popular en la Diputación Provincial de Cádiz ha forzado al Ministerio de Trabajo a rectificar los cambios en el Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) que habrían excluido a algunos municipios gaditanos. La presión ejercida a través del Pleno de la Institución Provincial y de los alcaldes ha llevado a la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, a revisar los criterios propuestos.

El pasado 7 de mayo, durante una sesión divulgativa organizada por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y el SEPE, se anunciaron nuevos criterios para el PFEA del próximo año. Estos cambios provocaron malestar entre numerosos alcaldes, lo que llevó al grupo popular a presentar una moción en el Pleno de la Diputación solicitando la rectificación de la orden ministerial. La propuesta buscaba evitar la exclusión de cualquier municipio y proteger a los trabajadores del campo gaditano.

La presión ejercida ha culminado en un escrito de la Dirección Provincial del SEPE, donde se informa de la revisión de los criterios para garantizar que todos los ayuntamientos que presenten proyectos en la modalidad de Empleo Estable y contemplen la creación de puestos de trabajo recibirán la subvención. Además, al recalcular el número de proyectos que cada municipio puede presentar, se evita la saturación del equipo técnico de los Servicios de Asistencia a Municipios (SAM) de Diputación, encargados de asistir a los municipios en la redacción y gestión de sus proyectos dentro del PFEA.

"Gracias a nuestra preocupación e insistencia han rectificado. Aunque el nuevo sistema no recuperará la participación proporcional de los ayuntamientos e impondrá la concurrencia competitiva, los cambios introducidos que hemos conseguido gracias a la presión conjunta garantizan que no habrá lugar a la exclusión ni a la discriminación de municipios a la hora de optar a las subvenciones de un programa que debe permitir crear empleo agrario y generar actividad económica en toda la provincia", declaró el grupo popular provincial.

El desenlace de este descontento generalizado asegura que todos los municipios de la provincia de Cádiz podrán participar en el PFEA sin discriminaciones, manteniendo la posibilidad de crear empleo agrario y fomentar la actividad económica en la provincia.

Antonio Repullo, secretario general del PP de Andalucía, ha puesto de relieve la necesidad de que el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz se conviertan en una prioridad para el Gobierno de España en la lucha contra el narcotráfico. Esta declaración tuvo lugar durante su presencia en la concentración "Por la dignidad de Barbate", organizada por el Ayuntamiento de la localidad, donde manifestó su apoyo a las familias de Barbate, enfatizando que "Barbate sale hoy a la calle para reivindicar que son un pueblo que vive con dignidad y libertad, y que no se merece proyectar esa fama que le quieren dar".

Repullo criticó la situación actual, argumentando que "la costa gaditana tiene un problema, pero un problema que es de toda España y así hay que tratarlo política, judicial y policialmente". Subrayó la importancia de una intervención integral que no solo se centre en la seguridad, sino también en el apoyo social a los ciudadanos de Barbate y sus alrededores, indicando que "el Estado debe garantizar medidas sociales que arropen al pueblo de Barbate, porque reforzar las oportunidades de los barbateños y de los vecinos de la comarca es menguar las posibilidades del narco".

El secretario general del PP de Andalucía hizo hincapié en la urgencia de implementar medidas sociales con "presupuesto, agenda y acciones concretas que arropen a la comarca", alabando los esfuerzos del gobierno andaluz en este sentido. Además, expresó su apoyo y respaldo a la corporación municipal, señalando que la manifestación "es una petición del pueblo" y reafirmando que "Barbate no merece esto, no merece los hechos ocurridos ni la imagen que se proyecta de ellos".

En cuanto a la seguridad, Repullo rechazó la idea de desmantelar unidades de la Guardia Civil en la zona y criticó la falta de atención a las necesidades de los agentes que trabajan en el terreno. Hizo eco de las demandas de más y mejores recursos para la Guardia Civil y la Policía Nacional y llamó a una reforma legal para endurecer las penas contra quienes colaboran con los narcotraficantes. "Las asociaciones y sindicatos policiales coinciden en la ausencia de medios y de efectivos, y en las dificultades que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad para cumplir sus obligaciones, además de la falta de seguridad que sufren", apuntó, citando las peticiones de más recursos materiales y humanos que, según él, son continuamente ignoradas por el gobierno central.

Concluyó su intervención con un llamado al Gobierno de Pedro Sánchez para que "corrija los errores profundos que ha cometido y que apueste por Barbate, por Cádiz, por la costa y por Andalucía", enfatizando la necesidad de políticas que ofrezcan a los jóvenes de la comarca un futuro prometedor.

Antonio Saldaña, portavoz de Vivienda del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, ha calificado como un "invento" el reciente anuncio del Gobierno de España sobre la creación de una nueva empresa pública de vivienda. Según Saldaña, "el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido y tiene la oportunidad de crear 3.200 viviendas protegidas en la Bahía, en concreto 2.300 en La Florida en El Puerto de Santa María y 800 en Navalip en Cádiz, sin necesidad de montar una nueva empresa pública".

El portavoz aseguró que "la creación de una empresa de vivienda es un engaño, no es verdad que haya que crear entidad pública alguna porque desde 1999 el Gobierno cuenta con SEPES, que dentro de su objeto social, y así se recoge expresamente en sus estatutos, tiene la promoción de vivienda pública". Además, afirmó que "si el PSOE no ha construido viviendas protegidas es porque no ha querido y con este nuevo anuncio vuelve a generar expectativas que son falsas".

Saldaña ha contrastado la gestión del Gobierno central con la de la Junta de Andalucía en materia de vivienda, señalando que "hay dos formas muy diferentes de afrontar la situación de acceso a la vivienda, desde la Junta de Andalucía con inversiones y acciones concretas y desde el Gobierno de España con engaños y falsas promesas".

El portavoz destacó diversas iniciativas impulsadas por la Junta de Andalucía, como el Plan Vive, que "en sus tres convocatorias hasta la fecha ha invertido más de 260 millones de euros, de los cuales unos 35 millones han sido destinados a la provincia de Cádiz para 76 promociones y 3.000 nuevas viviendas". Asimismo, mencionó el programa de promoción de vivienda protegida en régimen de permuta por parte de Avra, las ayudas al alquiler con más de 6,7 millones de euros y 1.500 beneficiarios en la provincia, y las ayudas específicas para personas vulnerables. También subrayó el programa de construcción de vivienda en alquiler financiado con fondos Next Generation dentro del Plan Ecovivienda, "del que se beneficiarán 55 promociones con 3.474 viviendas y una cuantía en subvención de 173 millones de euros".

En cuanto a la situación general de Andalucía, Saldaña indicó que "aunque aún es insuficiente y hacen falta más, Andalucía está por encima de la media española en cuanto al parque de vivienda en alquiler, con un 3,06% de porcentaje de vivienda pública respecto a la vivienda principal, frente al 2,5% nacional. Además, mientras que la cifra de vivienda pública en España por cada 100 habitantes es de 0,9, en Andalucía asciende a 1,17%, también por encima de la media".

Respecto a los presupuestos autonómicos para 2025, Saldaña afirmó que "800 millones de euros estarán destinados a inversión, de los cuales 300 millones, unos 40 para la provincia de Cádiz, van directamente, y sin espera, al bolsillo de los ciudadanos gracias a la bajada de impuestos, sin necesidad de resoluciones ni trámites administrativos". Añadió que "526 millones más irán destinados a políticas que reduzcan los obstáculos para acceder a una vivienda, tanto en venta como en alquiler". Entre las actuaciones destacadas en la provincia, mencionó las 67 viviendas del Cerro del Moro, la rehabilitación energética de 108 viviendas en la Calle Alegría de Cádiz y la rehabilitación del entorno Simón Susarte y Puente Mayorga en San Roque, así como San José Artesano en Algeciras.

El Partido Popular de Cádiz, a través de la parlamentaria y portavoz del Grupo Popular de Empleo en el Parlamento de Andalucía, María José Alba, ha animado a las pymes y autónomos de la provincia que soliciten las ayudas por sobrecoste energético convocadas por la Junta de Andalucía y cuyo plazo de solicitud se ha ampliado hasta el próximo 16 de octubre.

“El pasado año sufrimos un importante aumento de los costes energéticos que generó problemas a muchos para hacer frente a la factura de la luz y el gas, siendo uno de los sectores económicos más afectados las pequeñas y medianas empresas y autónomos que ahora tienen una ocasión de compensar esos gastos que tuvieron que asumir”, ha afirmado. Y, al respecto, ha destacado “ el compromiso de la Junta con las pymes y autónomos de Cádiz afectados por la subida de precios”.

María José de Alba explica que son 525 millones de euros de fondos europeos los destinados a compensar el sobrecoste energético (electricidad y gas natural) sufrido en el año 2022 como consecuencia de la guerra contra Ucrania , oscilando las ayudas por beneficiario entre los 300 euros y los 2 millones de euros.

La diputada popular apunta que el trámite de solicitud para poder acceder a estas subvenciones es muy sencillo a través de un formulario online en la web de la consejería de Empleo en el que no se requiere adjuntar ningún tipo de documentación ya que es la administración quien se encarga, con procesos automatizados, de recabar la información necesaria por parte de las comercializadoras energéticas, y de otras administraciones.

María José de Alba valora que estas ayudas son un compromiso del gobierno de la Junta de Andalucía con los agentes económicos y sociales, suscrito el pasado 13 de marzo en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía para compensar así el esfuerzo que han realizado pymes y autónomos para no cerrar sus negocios y mantener el empleo en plena crisis.

Igualmente, destaca que una vez más, el Gobierno de Juanma Moreno pone en marcha ayudas extraordinarias para ayudar a los sectores más necesitas y lo hace con un procedimiento ágil en su tramitación y pago directo en una única transferencia por el 100% de la ayuda en la cuenta bancaria del solicitantes de que acabe el año.

El presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, y la secretaria general, Almudena Martínez, han animado a los gaditanos a votar el próximo domingo 9 de junio de 2024, destacando que en estas elecciones "lo que se decide es el futuro de nuestra provincia". García subrayó que "Europa es crucial para los intereses de la provincia", mencionando que los fondos europeos permiten realizar muchas inversiones en los municipios y que "más del 80% de la normativa que aplicamos se decide en Europa".

García resaltó que la política europea afecta múltiples aspectos de la vida diaria, como la educación, el empleo, la vivienda, la seguridad, el campo y las políticas de agua. "Europa empieza en Cádiz y Europa se construye en Cádiz", afirmó, indicando la necesidad de estar bien representados en Europa para velar por los intereses de la provincia.

De cara al 9J, García defendió que "el Partido Popular se propone como la única fuerza política responsable que va a mirar a los problemas que Cádiz y los gaditanos e intentar buscarles soluciones también desde Europa". Añadió que en estas elecciones "la provincia de Cádiz se la juega" y que es importante votar por un proyecto que defienda a la provincia "frente a la desigualdad, la falta de inversiones y los agravios que ejerce el PSOE".

Por su parte, Almudena Martínez recordó que "estamos a sólo cinco días de decir qué es lo que queremos, quienes queremos que defiendan en Europa los intereses de Cádiz, de Andalucía y de España". Criticó al gobierno de Pedro Sánchez por "aprobar leyes para su subsistencia" que no benefician a los ciudadanos y mencionó que los diputados socialistas votaron a favor de la Ley de Amnistía y en contra de la Declaración de la Zona de Especial Singularidad de la Provincia y la mejora de los medios para luchar contra el narcotráfico.

Martínez señaló que "los diputados socialistas gaditanos ni siquiera comparecieron en la Comisión de Interior" donde se debatía la propuesta, y que "no les importa la seguridad de los gaditanos, pero sí les importa la amnistía con la que Pedro Sánchez paga los siete votos que le permiten seguir en la Moncloa". Finalizó diciendo que este domingo "podemos responder y elegir entre un PSOE que sólo mira por sus intereses o apostar porque el Partido Popular sea la voz que haga que Cádiz se oiga en Europa".

Los diputados nacionales del PP de Cádiz han hecho balance del actual curso político “en el que la provincia de Cádiz ha estado fuera de la agenda política del Gobierno de Pedro Sánchez”

En rueda de prensa, Pedro Gallardo, Ignacio Romaní, Macarena Lorente y Miguel Sastre, han criticado que la “inactividad del Gobierno Central que ni siquiera ha sido capaz de presentar unos presupuestos generales del Estado y la única ley que ha aprobado es la de Amnistía. Una ley que va en contra de nuestra Constitución y acaba con la igualdad entre los españoles”.

Asimismo, han afirmado que “España y Cádiz no merecen un Gobierno como este que está acorralado por la corrupción y asfixiado por unos socios a los que se somete de manera voluntaria y solamente se preocupa porque Sánchez se pueda mantener en la Moncloa y no por los problemas de los ciudadanos”.

Frente a ello, han defendido la labor parlamentaria llevada a cabo por los diputados gaditanos durante el periodo de sesiones que ahora termina en el que han realizado medio millar de iniciativas, entre preguntas y proposiciones no de ley, para “mejorar las condiciones de vida de los gaditanos”. Entre ellas, han destacados las relacionadas con la seguridad y la mejora de medios en la lucha contra el narcotráfico, la creación de empleo, la defensa de los sectores productivos primarios fundamentales en la provincia así como la industria naval, la construcción de viviendas, la defensa del patrimonio o la necesidad de infraestructuras hidráulicas entre otras.

Los diputados gaditanos han señalado las infraestructuras como uno de los asuntos claves para el desarrollo de la provincia “sin infraestructuras una tierra no tiene oportunidades y el Estado está aislando a la provincia de Cádiz con su falta de inversiones”, han afirmado. Entre las iniciativas reclamadas están la petición del tercer carril en la AP4 , señalando el agravio de que el Ministerio sólo pretenda hacerlo en la provincia de Sevilla, la ampliación del aeropuerto y también mejoras en materia ferroviaria tanto en cercanías, media y larga distancia como en el corredor ferroviario de Algeciras, o el incremento de las conexiones directas entre Cádiz y Madrid. .

Igualmente, han lamentado el “nulo compromiso total del gobierno con la provincia de Cádiz” apuntando a “la falta de respuestas y que todas las demanda de proyectos en inversiones para la provincia han caído en saco roto”.

El PP de Cádiz ha insistido en que, tal y como se alertó en su día, la falta de presupuesto ha significado que se hayan abandonado las inversiones en la provincia por lo que “el año va a pasar en blanco en el desarrollo de proyectos muy necesarios para Cádiz y que lleva años demandando”

Por último, han asegurado que los diputados gaditanos “vamos a seguir desarrollando una oposición contundente y constructiva y , a través del control en el Parlamento, exigiremos al Gobierno de Sánchez la atención que merece la provincia de Cádiz”.

El Partido Popular (PP) de Cádiz ha defendido este martes 21 de mayo en Sanlúcar de Barrameda la necesidad de reformar la política común pesquera para adaptarla a la realidad del sector. En un encuentro con representantes de los pescadores de la costa noroeste, el eurodiputado y candidato a las elecciones europeas, Gabriel Mato, ha subrayado la importancia del sector pesquero en la provincia de Cádiz y el compromiso del PP en la defensa de sus intereses ante la Unión Europea.

Gabriel Mato ha ratificado el "apoyo incondicional al sector de la pesca, un sector absolutamente estratégico y que no se está teniendo en cuenta en la medida que lo necesita y que lo merece, especialmente en la Unión Europea pero también por parte del Gobierno de España". Mato ha rechazado la idea de que "el sector de la pesca es el causante de todos los males", destacando que "los primeros interesados en que haya peces son los pescadores".

Durante la reunión, Mato ha insistido en la necesidad de buscar un equilibrio entre la conservación del medio ambiente y la actividad pesquera. "No sólo ver una parte de la defensa del medio ambiente sino también hay que ver elementos sociales y elementos económicos en torno a la actividad pesquera y que pueda haber barcos y mujeres y hombres trabajando en el sector", afirmó el eurodiputado.

Mato ha rendido cuentas de la defensa realizada por el PP en el Parlamento Europeo, destacando el papel de las cofradías, que "merecen un reconocimiento que ahora no tienen y por tanto no tienen acceso a todos los fondos europeos como sí tienen otras organizaciones de productores".

El eurodiputado también ha apostado por plantear controles a la actividad pesquera "de forma sensata, porque no se puede demonizar al pescador ni a determinadas artes como se está haciendo". En este sentido, ha lamentado que el arte de arrastre "es una de las más controladas que existen y, es verdad que hay que hacerlo, pero lo que no se puede es prohibir todo porque hay áreas marítimas vulnerables pero los pescadores y sus familias también son vulnerables".

Según Mato, la actual política común pesquera está obsoleta en muchos ámbitos, ya que "se hizo hace 10 años con unos criterios un poco idealistas y poco pragmáticos". Por ello, el PP propone una "reforma de la política común de pesca que sea más realista". Mato explicó que el PP ha presentado un informe en el Parlamento Europeo dirigido a compatibilizar los objetivos medioambientales con la actividad del sector, resaltando que "el rendimiento máximo sostenible será muy difícil lograr en los términos que planteaban, como también la obligación de desembarco".

Además, se han propuesto medidas para eliminar burocracia, facilitar el acceso a fondos, fomentar el relevo generacional y modernizar las flotas pesqueras.

En su visita a Sanlúcar, Mato estuvo acompañado por la senadora y presidenta local, Carmen Pérez, y la diputada autonómica, Auxiliadora Izquierdo. Pérez agradeció el interés del eurodiputado y señaló que "el PP somos conocedores de la importancia que tiene el sector pesquero en la provincia, sabemos de sus necesidades y aunque desde el gobierno andaluz se viene trabajando para atender a sus reivindicaciones, es mucho lo que queda por hacer, por lo que hemos ratificado a los pescadores nuestro compromiso con el sector".

Los diputados del Partido Popular (PP) de Cádiz, Pedro Gallardo, Ignacio Romaní y Macarena Lorente, han manifestado su firme oposición a la Ley de Amnistía propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez. Durante el análisis del inicio de la actividad parlamentaria de este año, han destacado la importancia de esta legislatura para el futuro de la provincia, considerando que está "muy condicionado por la política socialista de cesiones a independentistas a cambio de mantenerse en el poder".

Los representantes del PP han expresado su preocupación por el "déficit de atención" del Gobierno Central hacia Cádiz, resaltando que la provincia necesita especial atención en materia de empleo e infraestructuras. Han enfatizado que la política de desigualdades impulsada por Pedro Sánchez pone en peligro el desarrollo y el futuro de Cádiz, así como de toda España, estableciendo "españoles de primera y segunda categoría".

Romaní ha señalado que "la Ley de amnistía es el mayor agravio que se puede hacer a los gaditanos y españoles porque rompe un principio de igualdad que debe ser jerárquico y que ampara la Constitución". Por su parte, Macarena Lorente ha criticado el proceso de tramitación exprés de la Ley de Amnistía, acusando al gobierno de priorizar los intereses de sus socios políticos sobre los de la ciudadanía.

El PP de Cádiz ha reiterado su rechazo a la ley de amnistía, considerándola un ataque al Estado de derecho, a la Constitución, a la separación de poderes y a la igualdad de los españoles ante la ley. Lorente ha recalcado que "todos estamos obligados a someternos al mandato de la Ley y ningún partido ni político puede estar por encima de ella".

En respuesta, el PP ha presentado una enmienda a la totalidad a la Ley de Amnistía, proponiendo el delito de deslealtad constitucional. Esta propuesta busca castigar a autoridades y funcionarios que promuevan o inciten a la vulneración de la ley, tipificar la convocatoria de referéndums y consultas ilegales y la declaración de independencia de una parte de España. Según el PP, esta medida es esencial para proteger al Estado frente a aquellos que buscan atentar contra él y asegurar el interés general de todos los españoles.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una serie de iniciativas en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados destinadas a mejorar las condiciones laborales y la subida de salarios de las Fuerzas Armadas. La diputada nacional por el Partido Popular de Cádiz, Macarena Lorente, ha denunciado esta mañana el "desprecio del PSOE hacia las Fuerzas Armadas, al oponerse sistemáticamente a unas medidas que son de justicia y ayudarían a mejorar una situación sociolaboral y de salario que necesitan urgentemente ser actualizados".

Macarena Lorente ha destacado que las dietas por desplazamiento por razones de servicio están fijadas en 28,21 euros para la manutención diaria y menos de 49 euros para el alojamiento, unas cantidades que no se revisan desde 2005. "Unas cantidades que no se revisan desde 2005 y que están totalmente desfasadas siendo por ello necesario una actualización urgente", ha afirmado la diputada.

Además, Lorente ha mencionado que cada año entre 6.000 y 7.000 militares cambian su lugar de residencia sin recibir ayudas al traslado. Una de las iniciativas defendidas por el PP está destinada a la regulación y apoyo a la movilidad geográfica del personal de las Fuerzas Armadas, mejorando el bienestar familiar. Esta propuesta contempla compensaciones económicas adecuadas, servicios de mudanza y alojamiento temporal, y programas de orientación e integración en los nuevos destinos.

Otra de las proposiciones no de ley (PNL) del PP es establecer una senda de crecimiento del presupuesto de Defensa hasta alcanzar el 2% del PIB de manera progresiva. "Nuestro gasto en defensa actualmente está en torno al 1%, y es claramente insuficiente para afrontar el coste de nuevas adquisiciones, las actividades de adiestramiento, el sostenimiento del equipo y material en uso y por supuesto las retribuciones del personal", ha afirmado Lorente.

La diputada ha subrayado que el PP busca un programa plurianual de crecimiento que incluya el aumento progresivo en inversiones de equipamiento y material, I+D+i, y en las retribuciones del personal, teniendo en cuenta el desequilibrio salarial entre los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con responsabilidades similares.

Macarena Lorente ha reiterado "el compromiso claro del Partido Popular con las Fuerzas Armadas", añadiendo que "a pesar del voto en contra del PSOE a todas las propuestas para aumentar el salario y mejorar sus condiciones laborales, seguiremos trabajando para que el Gobierno cumpla de una vez por todas".

El Partido Popular de Cádiz ha advertido sobre el incremento de la criminalidad en la provincia desde 2018, coincidiendo con el Gobierno de Pedro Sánchez. Según los datos presentados por la diputada nacional Macarena Lorente, las infracciones penales han aumentado un 15,42% en Cádiz y un 20% a nivel nacional.

Lorente ha expresado su preocupación por lo que considera "un desastre en la gestión del Gobierno, que no atiende lo que realmente preocupa a los ciudadanos como es la seguridad". Según ha afirmado, "nuestro país es ahora más inseguro", refiriéndose al aumento continuado de la criminalidad, que ha alcanzado en el primer semestre de 2024 una tasa de 51,7 infracciones penales por cada 1.000 habitantes.

La diputada también ha destacado el incremento en los casos de violencia de género en la provincia de Cádiz, que han aumentado un 59% desde 2018, según datos del Sistema de Seguimiento Integral en casos de Violencia de Género (Viogen). Lorente ha señalado que, frente a los 29.424 casos registrados en la provincia, las unidades UFAM de la Policía Nacional y EMUME de la Guardia Civil disponen solo de 131 agentes (90 de la Policía Nacional y 41 de la Guardia Civil), lo que implica que cada agente debe atender a más de 500 víctimas durante su turno de trabajo.

Lorente ha cuestionado la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusándolo de mirar "hacia otro lado" en temas relacionados con la seguridad en la provincia, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y la violencia de género.

En cuanto al personal de seguridad, ha indicado que las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil no se han actualizado en 20 años, y que actualmente faltan casi medio millar de agentes para completar los puestos asignados en comisarías y cuarteles. En concreto, a junio de 2024, se encontraban vacantes 175 plazas en la Policía Nacional y 206 en la Guardia Civil, además de un centenar de agentes que están de baja o en comisión de servicio.

Finalmente, ha criticado que "no se están proporcionando los medios materiales necesarios" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir la delincuencia. Asimismo, ha denunciado que el Gobierno ha rechazado en nueve ocasiones la declaración de la provincia de Cádiz como "zona de especial singularidad", lo que permitiría adoptar medidas urgentes en situaciones concretas.

“Andalucía, y por tanto también la provincia de Cádiz, es la comunidad autónoma que menos dinero recibe por parte del Gobierno de Pedro Sánchez “ han denunciado esta mañana los parlamentarios autonómicos Auxi Izquierdo y Antonio Saldaña que, en rueda de prensa, han cifrado esta discriminación en 200 euros menos por cada gaditano que la media de otras comunidades.

“Los andaluces estamos cansados de perder recursos públicos mientras el Gobierno de
Pedro Sánchez negocia un cupo con otras comunidades, un dinero público que es necesario para hacer inversiones y mantener nuestros servicios públicos esenciales”, ha afirmado Izquierdo,

Así, ha enumerado diez agravios concretos del Gobierno de Sánchez con Andalucía y la provincia. “Perdemos 1409 millones al año por el injusto sistema de financiación autonómica, lo que supone que desde 2009 hemos dejado de recibir del Estado más de 14.000 millones de euros que le corresponden por su población ajustada”.

Igualmente, “recibimos 681 millones menos de los que le correspondía del Fondo Covid que habilitó el Gobierno para afrontar la pandemia, apenas 2.000 euros de los 16.000 consignados cuando por población nos corresponderían unos 500 millones más”.

Según los datos aportados por la parlamentaria, Andalucía es, junto Baleares, la comunidad que menos dinero ha recibido por habitante de los fondos Next Generation que Europa ha dado a los Estados miembros para hacer frente a la pandemia.

También, se ha referido a que el Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a Andalucía en el reparto de fondos contra la violencia de género, en dependencia, en la financiación de plazas de ayudantes doctor en universidades, o en la financiación de planes de empleo siendo la comunidad que menos dinero recibe por desempleados. Y, en materia de escolarización infantil , “Andalucía tendrá que devolver 119 millones de euros porque el Gobierno no permite destinarlo a la gratuidad de las familias “

Por último, ha explicado los agravios en materia de inversión para reforzar la red de transporte de energía eléctrica o los 500 millones de euros que han perdido los agricultores y ganaderos andaluces con el nuevo reparto de las ayudas de la PAC.

“El Gobierno de Sánchez perjudica a los andaluces y gaditanos y no vamos a permitir ni un agravio más porque no somos menos que nadie.No vamos a permitir que se frenen las oportunidades de transformación que tiene la provincia de Cádiz, ni vamos a permitir que se bloquee el desarrollo de proyectos importantes para el futuro de los gaditanos Nos jugamos mucho y no vamos a tolerar más agravios, ni más desigualdades”, ha concluido Izquierdo.

Andalucía Trabaja

En otro orden de cosas, Antonio Saldaña ha puesto en valor los “efectos positivos que el Gobierno del cambio está teniendo en la provincia frente a la preferencia de trato que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene por motivos políticos con otras comunidades”

“Después de la gran ilusión que llegó a Andalucía hace cinco años, hoy podemos decir que el cambio se nota, fundamentalmente en las políticas de empleo y Andalucía Trabaja y Cádiz Trabaja” ha asegurado.

Para el diputado popular “el viejo gobierno estaba anclado en el desempleo y la precariedad y hacía creer que era imposible de cambiar. Ahora el gobierno de Juanma Moreno se ha planteado como uno de los retos principales revertir las cifras de desempleo y poner políticas eficientes para conseguir un Cádiz líder”.

Entre otros aspectos ha señalado que Cádiz ha recibido 25 millones ayudas a sobrecoste energético, 8.5 millones para 21 proyectos de empleo en 2023 y 2024, Cádiz es uno de los eslabones lideres en la apuesta por la energía renovables y el hidrógeno verde, se han aprobado 60 programas de inserción laboral que van a beneficiar a más de 5000 desempleado con 23.7 millones de euros.

Aparte de estas políticas específicas, ha añadido la incidencia de la política fiscal “y ahora bajando impuestos Andalucía aumenta su recaudación”, la simplificación administrativa o una gestión eficiente de los fondos europeos . “Por tanto el cambio se nota y Andalucía es la comunidad autónoma donde más desciende el paro ,hay un incremento de autónomos superior al de Cataluña y Madrid y tiene el mejor dato de creación de empresas en 2024; mientras que en Cádiz el mes de marzo ha sido el mejor de la serie histórica de afiliación”

“En contraposición del trato discriminatorio del Gobierno de España que se está produciendo con Cádiz en Andalucía hay un gobierno autonómico que vino a llamarse el Gobierno del Cambio y cinco años después el cambio se nota y uno de esos elementos fundamentales es el empleo y la generación de actividad económica”.

El Gobierno ha rechazado la posibilidad de considerar la existencia de una deuda histórica con el municipio de Barbate, según la respuesta ofrecida al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso respecto al Plan Especial de Singularidad presentado por el Ayuntamiento de Barbate. En dicho plan, se solicitaban medidas específicas debido a la particularidad del municipio y sus necesidades tanto a la administración provincial como regional y estatal.

Ignacio Romaní, diputado nacional y coordinador del PP de Cádiz, y Ana Moreno, presidenta local del PP de Barbate, han manifestado su decepción ante esta respuesta. Romaní ha afirmado que "el Gobierno directamente rechaza que se pueda hablar de deuda histórica por parte del Estado con este municipio", una deuda que el Plan Especial de Singularidad cuantifica en casi 412 millones de euros. Asimismo, criticó que "se da larga al pago de compensaciones algunas por servidumbres militares". Romaní añadió que "a lo único que se refieren para intentar justificarse a su negativa es que el Ayuntamiento de Barbate ya se beneficia de diversas medidas destinadas a entidades locales con problemas financieros, algo que se aplica al conjunto de España y que nada tiene que ver con las singularidades de este municipio que se reclaman en el Plan Especial".

Ana Moreno explicó que el Plan Especial responde a las graves limitaciones de desarrollo que enfrenta Barbate, con un 83% de su término municipal afectado por distintas servidumbres, de las cuales un 39% es para uso militar. Moreno indicó que "por lo que recibimos 0 euros desde 1982 que se expropiaron los terrenos del Retín", y sumó a esto la complicada situación financiera del municipio, donde "toda la financiación es con recursos propios y a costa de los impuestos de los barbateños".

Moreno comparó la situación de Barbate con la de otras localidades que cuentan con bases de Defensa, como el Polígono de Tiro de Las Bardenas o las Bases de Rota, que reciben compensaciones anuales por las servidumbres militares. "Barbate está reclamando justicia, una deuda histórica y una compensación anual como esas tres Bases", afirmó.

Ignacio Romaní expresó que "el Gobierno demuestra con su respuesta un total desconocimiento y desinterés absoluto la realidad de municipio de Barbate". Romaní rechazó "los desprecios de los ministros y el Gobierno de Pedro Sánchez a Barbate, el último hoy mismo con la visita de la ministra de Defensa sin dignarse a avisar ni reunirse con el alcalde ni el gobierno municipal cuando sabe, o debería saber, los problemas del municipio y las compensaciones que se le están pidiendo".

El diputado popular subrayó que "Barbate no se merece de estos desaires, que me pregunto si también haría a cualquier municipio catalán o vasco", y adelantó que el PP seguirá elevando iniciativas en el Congreso "para que se hable de Barbate, para que se entiendan sus problemas y se atiendan sus necesidades".

Finalmente, Romaní recordó que en 2017 el Congreso aprobó por unanimidad una PNL presentada por el Grupo Socialista en la que se pedían medidas específicas para el municipio, pero que "sin embargo después cayó en saco roto y no se ha hecho absolutamente nada". Añadió que "lo que pedimos desde el Partido Popular al Gobierno es que aborde con valentía las justas reivindicaciones que el Ayuntamiento de Barbate ha concretado en el Plan Especial", y realizó un llamamiento a los socialistas gaditanos "porque el único camino para que Barbate no pierda más oportunidades es la unidad de acción".

“Si España no tiene nuevos presupuestos, Cádiz no tendrá inversiones y el 2024 será un año de oportunidades perdidas para Andalucía y nuestra provincia” han afirmado esta mañana los diputados nacionales Macarena Lorente y Miguel Sastre Uyá que han valorado en rueda de prensa las consecuencias que tendrá en Cádiz la prórroga de los presupuestos anunciada por el Gobierno.

“La renuncia de Pedro Sánchez y el PSOE a los presupuestos de 2024 y la prórroga de los actuales tendrá consecuencias fatales ya que, al no haber nuevas inversiones, no se van a poder iniciar nuevos proyectos y las actuaciones prometidas van a quedar postergadas, con suerte, al 2025” han asegurado.

Los diputados populares han concretado algunas obras claves que corren el riesgo de “quedar en el limbo” como el nuevo carril de AP-4 , la inclusión del tramo correspondiente a la provincia que el PP reclama, el enlace Aeropuerto-Jerez, el enlace de Torreguadiaro, mejoras en cercanías, el tren Algeciras Costa del Sol, el cuartel de la Guardia Civil de Chiclana, la comisaría de la Línea, la declaración de Zona de Especial Singularidad para la provincia, las depurados de Barbate y Sanlúcar, la presa de Gibralmedina, el contrato de los nuevos buques hidrográficos anunciados por el Ministerio de Defensa para los astilleros de la Bahía con una con inversión de 160 millones de euros o un Plan de Restauración de Fortificaciones Militares de la Bahía de Cádiz.

Para Lorente, “Pedro Sánchez tiene otras prioridades que no son desde luego los problemas de los gaditanos y es lamentable que los intereses partidistas y personales del PSOE y Sánchez y su sumisión al independentismo, nos dejen sin las partidas económicas necesarias para poder avanzar en proyectos que son fundamentales para el desarrollo de Cádiz. La prórroga de los PGE del año 2023 reafirma y multiplica el daño que Pedro Sánchez hace a Andalucía y al PSOE “.

Igualmente, el PP de Cádiz alerta de la pérdida de financiación, cuantificada en 1.500 millones de euros anuales, ya que “tampoco en el 2024 se pondrá en marcha en Fondo Transitorio de Financiación que necesita Andalucía por estar infrafinanciada, algo que reivindicaba la propia ministra Montero cuando era consejera de Hacienda en Andalucía y a lo que se comprometió a solucionar en 2018 aunque después de cinco años no ha hecho nada para reformar el sistema de financiación”.

A todo ello, han unido la “preocupación por la baja ejecución de los presupuestos del Estado en Andalucía y en Cádiz ya que, según el último dato disponible del primer semestre de 2022 en nuestra comunidad apenas alcanza el 15.7% frente al 64% de inversiones ejecutadas en Cataluña”.

La diputada ha criticado “el papelón del PSOE de Andalucía y de Cádiz que calla e incluso aplaude entre risas las decisiones de Pedro Sánchez que son tremendamente perjudiciales para nuestra provincia siendo cómplices del parón impuesto a las inversiones de nuestra provincia”.

Para Lorente “los socialistas deberían explicar a los gaditanos por qué el adelanto de las elecciones en Cataluña , y el tejemaneje que Pedro Sánchez se trae con sus socios, tiene como consecuencia, la prórroga de unos presupuestos en los que, ya de por sí, no se reflejaban las necesidades de Cádiz en el 2023, y mucho menos en el 2024”.

Miguel Sastre Uyá, por su parte, ha rechazado que “España, Andalucía y Cádiz estén en manos de Puigdemont y que, tras la aprobación de la amnistía, ahora se condicione nuestro desarrollo y nuestras inversiones a la convocatoria de elecciones en Cataluña. No hay un proyecto de país, sólo decisiones para mantenerse en el poder y tapan sus malas acciones con cortinas de humo que provocan que nuestra provincia sea cada vez más perjudicada”.

Por último, desde el PP de Cádiz, han adelantado “estar muy muy vigilantes a todo lo que suceda a partir de ahora en la negociación de los presupuestos 2025, porque corremos el riesgo de que la negociación de las cuentas del 2025, se pacten privilegios que vayan en contra de nuestros intereses una vez más”.

El presidente provincial del Partido Popular de Cádiz, Bruno García, destacó durante la junta directiva provincial celebrada en Sanlúcar de Barrameda la necesidad de que su formación política se enfoque en atender los problemas de los ciudadanos de la provincia. García lamentó "los momentos complicados que se están viviendo en la política", acusando al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de dedicar "su tiempo, esfuerzo y ambición a cosas que no tienen que ver con el interés general". Afirmó que "las preocupaciones y problemas de la gente van por un lado y el PSOE por otro, solo intentando tapar todas las vergüenzas que cada día vamos conociendo".

En este contexto, hizo un llamamiento al Partido Popular de Cádiz para que se mantenga centrado en "lo importante, que son los problemas de los ciudadanos". Subrayó que "los gaditanos no podemos dejarnos llevar por esa manera de política que quiere el PSOE, que tiene que ver con la mentira y la confrontación para desviar la atención". García aseguró que "no podemos caer en la desilusión de quienes quieren aprovecharse de la política" y destacó el compromiso del Partido Popular de Cádiz de "dar la batalla para que la gente sepa que hay quienes estamos preocupados por solventar sus problemas y ese equipo se llama Partido Popular".

El líder provincial enfatizó que la política debe ser "un instrumento eficaz para solucionar los problemas de nuestros vecinos" y abogó por mantener una cercanía constante con los ciudadanos. Contrapuso esta visión al "ruido del Gobierno de Pedro Sánchez", destacando la gestión del Partido Popular en la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y en los ayuntamientos, tanto desde el gobierno como desde la oposición, subrayando que trabajan "para todos y sin sectarismos".

En el ámbito local, Bruno García reconoció el trabajo que está realizando el Partido Popular de Sanlúcar de Barrameda, encabezado por Carmen Pérez, y su grupo de concejales. Señaló que "desde la oposición están liderando la iniciativa política frente al desgobierno del gobierno municipal". Recordó que el Partido Popular ganó las últimas elecciones municipales en la localidad con "el mejor proyecto para los sanluqueños", aunque un pacto entre Izquierda Unida y el PSOE les impidió asumir el gobierno de la ciudad. Sin embargo, destacó que el equipo liderado por Pérez está haciendo "un gran trabajo demostrando que el Partido Popular es la mejor alternativa y que cumple con su compromiso con la ciudad".

Carmen Pérez, presidenta local del Partido Popular de Sanlúcar de Barrameda y senadora, agradeció el respaldo de la dirección provincial al municipio. Pérez expuso los objetivos de su formación de cara al próximo año, que incluyen "seguir trabajando en la misma línea, estando en la calle recogiendo las demandas de la gente, siendo la voz de los sanluqueños en el pleno municipal y proponiendo soluciones ante la falta de gestión de la alcaldesa Carmen Álvarez y su equipo". Pérez añadió que "esa falta de gestión está generando un gran descontento en la ciudad".

La junta directiva provincial, celebrada en Sanlúcar de Barrameda, sirvió de marco para estas declaraciones y para reiterar el compromiso del Partido Popular de Cádiz con una política basada en la cercanía a los ciudadanos y en la búsqueda de soluciones a sus problemas cotidianos.

La Junta de Andalucía ha iniciado la tramitación de los presupuestos para el año 2025 en el Parlamento andaluz. Según el Partido Popular (PP) de Cádiz, se trata de “unos presupuestos que buscan afrontar los problemas y retos de los gaditanos como son la sanidad, la vivienda o el empleo y que además dan un impulso definitivo para la ejecución de proyectos muy relevantes”. La parlamentaria autonómica Ana Mestre detalló que estos presupuestos destinan un total de 455 millones de euros “con nombres y apellidos para la provincia de Cádiz”, lo que representa un incremento de 40 millones respecto al año anterior, aunque la inversión total será aún mayor.

El PP subrayó que el 80% de estos fondos se destina a sanidad, educación y dependencia, destacando que en sanidad se incrementará la plantilla con 7.000 personas, entre ellas 2.385 nuevos efectivos, 1.275 dentro del proceso de estabilización y 3.175 refuerzos asistenciales para el año 2025. Mestre afirmó que esta medida demuestra “el compromiso de Juanma Moreno por la Sanidad de nuestra tierra y el fortalecimiento de nuestro sistema”.

Además, la Consejería de Inclusión Social, Igualdad y Familia incrementará sus fondos en 2.331 millones de euros en 2025 para reforzar la dependencia, un aumento del 12% respecto al año anterior, que busca reducir las listas de espera y ampliar los servicios para las personas más necesitadas. Mestre expresó su confianza en que los gaditanos empezarán a ver los resultados de estos fondos destinados a la dependencia.

En el ámbito educativo, Mestre anunció que a partir del próximo curso, la Junta garantizará la gratuidad de la educación infantil para los niños de 3 años, una medida que beneficiará a unos 9.000 niños en Cádiz. Mestre destacó también el refuerzo en las plantillas docentes de la provincia, alcanzando un total de 18.000 docentes, con la incorporación de 357 adicionales este curso, de los cuales 237 se destinan a la educación especial y 120 a la formación profesional.

El apoyo al tejido productivo de Cádiz también se refleja en los presupuestos, con una dotación de más de 6.600 millones de euros, un aumento de 350 millones respecto a 2024. Este apoyo incluye 1.175 millones para el empleo autónomo y 20 millones para un plan de empleo específico en la provincia. Además, el PP resaltó la asignación de 17 millones de euros para la digitalización de pymes y el desarrollo de polígonos industriales en la zona.

Entre los proyectos específicos para la provincia de Cádiz, Mestre mencionó la Ciudad de la Justicia en Cádiz y Algeciras, la rehabilitación del edificio Valcárcel, el Instituto Virgen del Carmen de Puerto Real, el Colegio Argonautas de Chipiona, la nueva UCI del Hospital de Puerto Real, centros de salud como el del Mentidero, Camposoto de San Fernando, Vejer de la Frontera y la Bajadilla en Algeciras, así como el Museo del Flamenco de Jerez y el teatro Romano de Cádiz. Estos proyectos, según Mestre, están destinados no solo a crear empleo, sino también a “generar bienestar en la provincia de Cádiz”.

Por último, Mestre defendió estos presupuestos como “inéditos a pesar de la complicada situación de financiación que sufre Andalucía”, argumentando que el Gobierno central no reconoce adecuadamente la población andaluza y que, debido a ello, Andalucía deja de percibir 1.500 millones de euros anuales. A pesar de esta situación, Mestre subrayó que estos presupuestos representan “la mayor inversión de la historia en Andalucía, con 48.836 millones de euros, para generar prosperidad, estabilidad y seguridad en la provincia y en la comunidad, a la vez que se bajan impuestos”.

Con motivo del segundo aniversario de las elecciones autonómicas en las que los gaditanos dieron su apoyo mayoritario a Juanma Moreno, el PP de Cádiz ha destacado "la positiva gestión del gobierno andaluz en la provincia que está permitiendo una nueva etapa de crecimiento y progreso para Cádiz". A través de la diputada autonómica Auxiliadora Izquierdo, el partido ha resaltado que la provincia de Cádiz registra hoy datos récords de desarrollo.

Entre los datos proporcionados, la diputada ha destacado que la provincia cuenta con 62.358 empresas, un 7,43% más que en 2018; casi 67.500 autónomos, un 13.15% más que en 2018; 390.070 afiliados registrados en mayo de 2024, un 18,33% más que en diciembre de 2018. Además, las exportaciones alcanzaron los 8.265 millones de euros, un 17% más que en 2018, y los 5,84 millones de turistas recibidos el pasado año, un 23,1% más.

Izquierdo ha afirmado que "las políticas del PP están dando sus frutos en Cádiz, una provincia que ahora cuenta con una Junta de Andalucía que sí apuesta por ella. Es un gobierno volcado con devolver a los gaditanos su confianza con trabajo, compromiso, dedicación y humildad".

La diputada también ha resaltado que, bajo el gobierno del PP en Andalucía, "se han desbloqueado proyectos claves para la provincia y puesto en marcha muchas inversiones", a lo que ha añadido "un escenario fiscal y administrativo más atractivo para atraer inversiones y dinamizar nuestra economía, siendo la comunidad con menos burocracia de España y la segunda con menos impuestos frente a las 69 subidas que ha aplicado Pedro Sánchez".

Para el PP de Cádiz, el ejecutivo de Juanma Moreno es "un ejemplo de gestión que desde la estabilidad y moderación ha hecho que Andalucía sea ahora un referente para España y para Europa; una comunidad moderna y útil que genera confianza dejando atrás décadas en las que la corrupción y los índices negativos lastraban la imagen de nuestra tierra".

Entre los proyectos destacados en estos dos últimos años, Izquierdo mencionó la puesta en marcha del Trambahía, la carretera Medina-Paterna, la variante de acceso a Alcalá del Valle, la reforma del Hospital San Carlos, la nueva UCI pediátrica del Puerta del Mar, una inversión de 13 millones en el centro de investigación INIBICA, y el inicio de las obras del nuevo centro de salud de Díez Mérito en Jerez. También se han realizado la Planta de Compostaje de Villamartín, la ruta ciclista Eurovelo 8 con más de 14 tramos en la provincia gaditana, el aliviadero de la Presa de Guadalcacín y el inicio de la conducción de agua desde el Embalse Guadalcacín al Partidor de La Peruela.

Además, se mencionan la nueva oficina del SAE en Algeciras, la finalización de las viviendas públicas de Matadero y la licitación de las viviendas de Cerro del Moro en Cádiz, el Centro de Formación Punta Europa en Algeciras, la inauguración del Centro de Innovación UCA SEA en el Llano Amarillo y la próxima puesta en marcha del Centro de Fabricación Avanzada (CFA).

En relación a la ITI, Izquierdo ha defendido que el gobierno de Juanma Moreno ha logrado culminar con un alto grado de cumplimiento las inversiones previstas en este programa por valor de unos 385 millones de euros, señalando que en 2018, cuando el PP llegó al Gobierno, apenas se había ejecutado un 19% y certificado un 2%.

Izquierdo concluyó que "aunque queda todavía mucho por hacer, dos años después Andalucía y Cádiz crean más empleo, crecen más económicamente y hay menos impuestos; se invierte más en sanidad, en educación, en políticas sociales, y todo ello se hace siempre buscando los consensos, dialogando e instalados sobre una base de sensatez, de moderación, de centralidad, de seguridad jurídica".