Provincial

  • El PSOE denuncia que los ayuntamientos de la provincia pierden 77 millones por el PP

    El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha lamentado el impacto que tendrá en la provincia el voto contrario del PP en el Senado a la senda de estabilidad marcada desde el Ministerio de Hacienda. El Gobierno de Pedro Sánchez intentó sacar adelante en la cámara alta que los ayuntamientos pudieran ampliar sus recursos con 3.000 millones más y las CCAA con 2.000 millones de euros, “permitiendo presupuestos expansivos”. Sin embargo, como ha explicado Ruiz Boix hoy en rueda de prensa “el PP va a impedir que los ayuntamientos de la provincia de Cádiz puedan destinar casi 77 millones de euros adicionales a inversiones en infraestructuras o equipamientos públicos por el voto en contra de la ampliación del techo de déficit”. 

    Un “boicot” que, según el líder del PSOE, hace que nuestra provincia pierda hasta 77 millones de euros en sus presupuestos, de los que 7 millones corresponden a la capital donde gobierna Bruno García “con unos presupuestos que no conocemos y que llegan tarde”. “Jerez es la ciudad más poblada y la que peor parada sale pues los jerezanos pierden 13 millones que su ayuntamiento podría dedicar a mejorar los servicios, y ha pasado eso con el voto en contra de la senadora, a su vez alcaldesa, María José García-Pelayo”, ha señalado apuntando a que “es el mismo caso incongruente de un alcalde como el de Algeciras que como senador ha dicho NO a poder disponer de 7,56 millones de euros más este año”. “O el del Puerto con 5,51 millones”, ha apuntado Ruiz Boix que lamenta que municipios tan necesitados de servicios públicos fuertes como La Línea pierda casi cuatro millones, Sanlúcar 4,29 millones y Barbate que “es un municipio endeudado” se deja atrás 1,41 millones de euros. “No estarán en el PP tan preocupados por la incidencia del narcotráfico en estos municipios cuando le recortan recursos”, ha apostillado.

    “Una vez más lo que vemos claramente de nuevo es al PP contra los intereses de la provincia de Cádiz”, lamenta el dirigente socialista que asegura que “lo que han hecho es muy grave porque afectará directamente a las inversiones en servicios públicos para la ciudadanía”. “Se podría construir vivienda pública o habilitar pisos tutelados para mujeres víctimas de la violencia de género”, anota para insistir en que “tendremos menos dinero en los presupuestos municipales para inversiones en equipamientos e infraestructuras”.  

    A su juicio, “hay demasiadas decisiones inexplicables ya en el PP, porque les puede más torpedear a Pedro Sánchez y sus intereses partidistas que los intereses de la ciudadanía y eso deben saberlo”. De ahí que haya anunciado que el PSOE de Cádiz se suma a la campaña puesta en marcha por el PSOE federal “para denunciar este atropello a los ayuntamientos y presentaremos mociones para que se conozca esta realidad”. 

       

  • El PSOE denuncia un "incendio sanitario" en el Campo de Gibraltar

    El PSOE de Cádiz ha denunciado un "incendio sanitario" en el Campo de Gibraltar, vinculado a lo que describe como un "deterioro continuo e intencionado" de la sanidad pública en Andalucía, derivado de las políticas del Gobierno de Moreno Bonilla. Esta situación, que también afecta a otras zonas de la provincia y de la comunidad autónoma, ha sido objeto de una reunión mantenida en la Casa del Pueblo de Algeciras entre representantes sindicales del sector de la Sanidad, miembros de la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública en el Campo de Gibraltar y dirigentes socialistas.

    Durante la reunión, a la que asistieron el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, y representantes del PSOE de los ocho municipios de la comarca, se constató la gravedad de la situación sanitaria en la región. Ruiz Boix afirmó que "el Servicio Andaluz de Salud no funciona", haciendo referencia a la crisis en la Atención Primaria, Pediatría, especialidades médicas y las intervenciones quirúrgicas, con más de un millón de personas en Andalucía en lista de espera.

    Ruiz Boix también señaló que la problemática es consecuencia de un "problema de gestión y un problema de modelo sanitario" por parte del Partido Popular, asegurando que la destitución de la consejera de Sanidad, Catalina García, no solucionará la crisis. Subrayó que esta destitución, junto con la de la consejera de Educación, confirma las denuncias realizadas por el PSOE sobre el deterioro de estos servicios públicos.

    En relación con el Campo de Gibraltar, el dirigente socialista recordó que la comarca experimenta un incremento de población durante los meses de verano en sus cinco municipios costeros, lo que agrava la situación, ya que los servicios sanitarios "no sólo no se refuerzan, sino que encima reduce el número de profesionales y los centros de atención primaria se quedan sin horario de tarde". Ruiz Boix exigió al Gobierno de Moreno Bonilla el refuerzo de las plantillas y el reconocimiento del "fracaso" de sus "planes de choque", acusando a la administración de favorecer a las clínicas privadas con dinero público y provocar una desconfianza creciente en la sanidad pública.

    Finalmente, Ruiz Boix recordó que antes de la destitución de la consejera, el presidente de la Junta ya había firmado el despido de más de 5.000 sanitarios que prestaron servicio durante la pandemia de Covid-19, y que muchos estudiantes de Medicina y Enfermería han tenido que buscar empleo en otras comunidades autónomas debido a la falta de estabilidad laboral en Andalucía.

  • El PSOE denunciará en Diputación el deterioro de servicios públicos en Cádiz

    El PSOE denunciará en el pleno de la Diputación de Cádiz el grave deterioro de los servicios públicos en la provincia. La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Ana Carrera, pedirá al PP un compromiso en dos cuestiones claves: el plan de verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) consensuado con los sindicatos para evitar el caos en la gestión sanitaria, y la ejecución de obras en dos colegios de la Sierra, la cubierta del Albarracín en El Bosque y el nuevo aulario para infantil en el Antonio Machado en Espera, "que tienen a los padres y madres en huelga, sin llevar a sus hijos a clase".

    Carrera reclama al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, "que no deje de ejecutar ni un solo euro más en las infraestructuras educativas" y reta al Partido Popular a que diga "cuántas obras aprobadas y anunciadas en los últimos seis años se han ejecutado en la provincia de Cádiz". Además, exige a la delegada del gobierno, Mercedes Colombo, que "haga lo necesario para que la delegada territorial de Educación cumpla con su trabajo y ponga en marcha los mecanismos para que esas dos obras en los colegios de la Sierra se ejecuten en verano y estén listas para el inicio del curso escolar".

    A juicio de la portavoz socialista, "la provincia de Cádiz, la educación en Cádiz está sufriendo doblemente al gobierno de Moreno Bonilla". Critica el desmantelamiento de la educación pública en favor de la concertada y privada, y señala problemas como la reducción de líneas educativas, la falta de personal para atender a niños con necesidades especiales y la no cobertura de bajas laborales de los docentes.

    Carrera denuncia que "en Cádiz, además del desmantelamiento habitual, se suma la incapacidad de la delegada territorial para solucionar problemas educativos de su competencia". Según Carrera, "los sindicatos alertan de renuncias constantes de funcionarios públicos que no aguantan más los malos modos de la delegada".

    Entiende Carrera que esta situación "afecta al funcionamiento y organización de la delegación en cuanto a planificación e infraestructuras". Advierte que "estos malos modos se extienden a los alcaldes que no son de su partido, directores de colegios y familias a las que no atiende".

    "Cada día que la delegada de Educación permanece en su puesto, la educación en Cádiz sigue empeorando", sentencia Carrera, emplazando a comprobar "los planes de infraestructuras educativas aprobados anualmente por la agencia pública de educación". Según Carrera, desde que Isabel Paredes es la delegada territorial, "no se ha resuelto ningún problema de infraestructura y no se ha ejecutado ninguna obra importante en un centro público".

    La dirigente socialista señala que "hay obras aprobadas en 2019 y 2020 cuyas licencias han caducado y ahora se comunica a las familias y ayuntamientos que ya no cuentan con el dinero para ejecutarlas".

    Carrera manifiesta la solidaridad del PSOE con la comunidad educativa de toda la provincia de Cádiz, explicando las dos obras pendientes en los colegios de la Sierra. En el colegio Albarracín de El Bosque, "llevan años solicitando la reparación de la cubierta que provoca filtraciones y riesgo de desprendimiento". Ya en 2022 el PSOE exigía la mejora de esta cubierta, y Carrera reprocha que la delegada "no ha querido cumplir con el compromiso de adjudicar la obra en abril para que se ejecute en verano".

    En el colegio Antonio Machado en Espera, las familias llevan años esperando un nuevo aulario para el ciclo de infantil. Carrera indica que "el nuevo aulario fue aprobado en el plan de infraestructuras educativas de 2021 con una dotación de más de 345.000 euros, y tres años después, sigue sin ejecutarse". Carrera pide al PP "que se ponga del lado de las familias y de la educación pública, y no sea cómplice de la incapacidad de la delegada territorial".

  • El PSOE en Diputación lamenta el rechazo del PP a las ayudas para la contratación de jóvenes universitarios en Cádiz

    La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista, Ana Carrera, ha lamentado esta mañana que el PP en el Pleno de la Diputación haya dado la espalda a la creación de empleo en la provincia tras aprobar, con el rechazo del Grupo Socialista, el desistimiento del segundo plazo de la convocatoria de ayudas a empresas y ayuntamientos para la contratación de jóvenes universitarios gaditanos que buscan una primera oportunidad laboral. 

    Un plan que el Gobierno socialista dejó aprobado justo antes de las elecciones municipales y que el equipo que lidera Almudena Martínez del Junco “ha sido incapaz de poner en marcha y ejecutar”. Carrera, que conoce el plan pues formó parte del equipo redactor, ha pedido al PP que “no desista de unas ayudas que nacieron con la idea de ir dirigidas a aquellos jóvenes que necesitaban esa primera experiencia laboral y dar respuesta así a esa demanda que los jóvenes nos trasladaban”. “No podemos entender, ni compartir que por alguna dificultad en las bases no se hagan las modificaciones necesarias y se puedan ejecutar esas ayudas”, ha insistido la portavoz del PSOE que señala que tras un año y dos meses de gestión popular, ha sido una dejación porque no hemos visto empeño en buscar solución para no perder ese programa dotado de un millón de euros “que ahora nos explicará a qué van a dedicarlo”. “Si de verdad queremos ayudar a la creación de empleo en la provincia, ésta era una buena fórmula para los jóvenes”, ha zanjado.

    Sobre empleo ha girado también la moción socialista defendida por Carrera para que la Junta “ponga en marcha un plan de empleo, con recursos propios, y con financiación suficiente, en el que los Ayuntamientos no tengan que financiar gran parte del coste, como ocurre en el Programa Andalucía activa”. De la misma manera, plantea la portavoz cambios en el programa actual para que no se excluya a los jóvenes de los municipios de más de 50.000 habitantes, “porque dejaría fuera a gran parte de la población de esta provincia”. Y por último, la moción que ha salido adelante con los votos de PSOE, IU y La Línea 100X100 insta al Gobierno andaluz a no excluir tampoco en ese plan a las personas con titulación universitaria, como sucede con el Programa Andalucía Activa.

    Carrera ha apelado a los alcaldes presentes para que corroboren “la inquietud y dificultad que genera una cofinanciación que es imposible de asumir y hace que muchos municipios no se puedan acoger como ha sucedido en convocatorias anteriores”. “En este plan tampoco podrán solicitarlo o lo harán por la responsabilidad que tienen de cara a la generación de empleo pero le supone un menoscabo de los recursos para asuntos que sí son de su competencia”, ha apuntado.

    La portavoz socialista ha recordado que “es el Gobierno de España quien está financiando el plan de empleo con 50 millones de euros, pero quien tiene las competencias es la Junta y no pone un euro en generar empleo”, apostillando que “Moreno Bonilla ha reducido en 69 por ciento los planes de empleo destinados a la provincia de Cádiz que, en el último año de gobierno socialista, estaban dotados con 46 millones de euros, mientras hoy se llega apenas a los 14 millones”.

     

    Continúa el sectarismo, el 82 por ciento de las modificaciones presupuestarias presentadas al Pleno van a parar a ayuntamientos gobernados por el PP y sus socios de La Línea 100X100 

    El Grupo Socialista, al igual que ha hecho en plenos anteriores, ha afeado hoy al Gobierno de la derecha que siga presentando modificaciones presupuestarias con un fondo claramente sectario, pues el grueso de las inversiones contempladas vuelven a centrarse en municipios gobernados por el PP y su socio. Así, ha denunciado que “es la primera vez en la historia de la Diputación que tras un año de Gobierno de los 52 millones repartidos, el 75 por ciento ha ido a parar solo a cuatro ayuntamientos (La Línea, El Puerto, Algeciras y Jerez) y de la modificación presentada en el día de hoy en el Pleno, “los datos son aún peores” ya que, según ha precisado Carrera, “el 82 por ciento va para PP y La Línea 100X100 y el resto solo un 17 por ciento a otros partidos”.  

    El alcalde de Rota y diputado provincial, Javier Ruiz Arana, ha defendido la postura del PSOE en las otras dos mociones socialistas elevadas a este pleno. Una, sobre medidas para la sequía y otra para que los ayuntamientos dispongan de la recaudación íntegra del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos.  

    Respecto a esta segunda, ha explicado que “estamos en un cambio de modelo para utilizar menos recursos planteado en la Agenda 2030 de la Unión Europea a través de una directiva, se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español y lo ha desarrollado el Parlamento con la ley autónomica”, y ha reclamado “una labor de pedagogía a la hora de hablar de estos nuevos impuestos que trastocan los números de los ayuntamientos”. 

    Ruiz Arana ha manifestado su sorpresa por que el portavoz del PP en el debate “se pone el traje de la Junta en lugar del traje municipalista, cuando se trata de defender algo que es muy fácil, y es que lo que está recaudando la Junta, en torno a 100 millones, se trasfiera a los municipios”. “La ley salió adelante con la abstención del PP, venía negociada porque es la trasposición de una directiva europea, apliquen la medida como vean oportuno”, ha señalado el regidor roteño que ha recordado que la propuesta la ha defendido así también el Vicepresidente de la FAMP del PP pidiendo que “la recaudación se quede en los ayuntamientos, ya ese dinero sale de los aytos y no vuelve”. El portavoz socialista se mostró a favor de “plantear los cambios legislativos necesarios, porque daría más garantía de que se cumple esa transferencia pero ayuden a los ayuntamientos que tenemos que tener aprobados antes de fin de año los planes locales”. La moción salió adelante gracias al respaldo de IU y La Línea 100X100, junto a los votos favorables de los diputados socialistas. 

     

    Compromiso e impulso a las medidas contra la sequía que parece olvidada

    No corrió la misma suerte la moción relativa a la sequía donde Ruiz Arana defendió la necesidad de darle un impulso a los compromisos adquiridos por la Diputación y la Junta, “proyectos plasmados en papel dotados presupuestariamente pero que precisan de una ejecución más diligente”. Además ha planteado que deberían entrar en el debate iniciativas o peticiones de ayuntamientos gaditanos para la instalación de desaladoras en la provincia, como se va a hacer en la costa de Málaga. “Pedimos compromiso e impulso, no olvidar que estamos ante una situación crítica en la que es necesario que haya una estrategia pactada y donde la Diputación lidere que todos los ayuntamientos podamos poner en marcha medidas de ahorro en el consumo de agua y que se implique para poder ser eficaces a la hora de trasladar estos mensajes a la ciudadanía”, ha dicho.

    Respecto a la moción presentada por IU sobre la economía circular y el sistema de recogida de residuos puerta a puerta en la Sierra, Ana Carrera ha manifestado que “si lo que quieren es de verdad solucionar y que el proyecto de economía circular funcione, la moción se queda cortísima”. Pidió al portavoz de IU que “sume y no ahonde en diferencias”. “Pidamos a la Junta 1,2 millones de euros como han planteado la presidenta de Básica y el presidente de la Mancomunidad para su financiación”, ha instado. “El compromiso es la financiación, lo demás es brindis al sol”, ha insistido para justificar la abstención del Grupo Socialista ya que “se trata de un proyecto impulsado por el PSOE dentro de la ITI dotado con 18 millones que se han quedado cortos para completarlo”. 

    En definitiva, con la moción aprobada, según Carrera, “IU y PP pierden la oportunidad de pedir ayudas a la Junta y a Diputación para financiar el proyecto en la Sierra de manera que lo haga más eficiente y viable”.

    Loli Varo, por su parte, manifestó el respaldo del Grupo a la moción de IU de rechazo al proyecto del parque eólico marino flotante Poseidón frente al litoral gaditano, si bien reprochó a Galán que “no hubiera sido una moción conjunta, como se ha hecho en los municipios afectados, donde siempre hemos ido de la mano”.

  • El PSOE estudia medidas sobre la subida de la basura en el Campo de Gibraltar

    La portavoz socialista en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y secretaria general del partido en Tarifa, Lucía Trujillo, ha reiterado esta mañana en Algeciras el “rechazo” del PSOE al “tarifazo” de la basura que ha aprobado la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, al tiempo que ha advertido de que existen serias dudas sobre la “legalidad” de que se haya empezado a aplicar con carácter retroactivo.

    En rueda de prensa junto con el secretario general del PSOE de Los Barrios y viceportavoz comarcal, Daniel Perea, y el secretario de Organización del PSOE de Algeciras y también miembro de la Manomunidad, Fran Fernández, Lucía Trujillo ha confirmado que desde el Partido Socialista se va a “estudiar esta posible ilegalidad del cobro con carácter retroactivo en el recibo de la basura que que ha realizado Arcgisa”, la empresa pública mancomunada de recogida de residuos, y ha anunciado ante los periodistas que “si se prueba que ha sido así, desde el PSOE vamos a tomar las acciones que sean necesarias para defender los intereses de los vecinos y vecinas de la comarca”.
    “No logramos entender cómo el gobierno de la Mancomunidad, formado por el Partido Popular y por 100×100, es capaz de acometer este atraco al bolsillo de los campogibraltareños, mientras que ellos se suben el sueldo”, ha lamentado Trujillo, que ha instado a la presidenta de la institución, Susana Pérez Custodio (PP), a que deje ya de mentir y de intentar confundir a los ciudadanos. “La Ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular sí recoge que debe existir una tasa para el depósito de residuos en vertedero, pero no dice ningún artículo de esta ley que para recoger esa tasa haya que subir el recibo un 46%, y a la vista está, ya que ésta es la única administración de la provincia que ha hecho una subida de estas características en el recibo de la basura”.

    Además, Trujillo ha explicado que el artículo 97 de esta Ley dice que la recaudación del impuesto se asignará a las comunidades autónomas, es decir, que “todo lo que se va a recaudar gracias a este impuesto va para el Gobierno de la Junta de Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla. Por tanto, desde aquí instamos nuevamente al gobierno de la Mancomunidad a dejar ya de mentir, a ser transparente y decir la verdad, que esa modificación de las ordenanzas la ha aprobado el PP con sus socios de gobierno y el voto de calidad de la presidenta, y con el voto en contra del Partido Socialista”, cuyas alegaciones fueron desestimadas.

    En lo que respecta a la aplicación de esta nueva tarifa, Trujillo ha señalado que “a todos nos ha llegado ya el recibo de la basura, y en ese recibo no viene la cantidad que correspondería al cuarto trimestre, sino una cantidad mayor”, y ha recordado que, al haberse configurado dicha ordenanza como ordenanza fiscal, en ningún caso puede tener carácter retroactivo”. “Por tanto, no entendemos cómo el gobierno de la Mancomunidad es capaz de cobrar con carácter retroactivo este recibo cuando no lo ampara la Ley”, ha añadido Trujillo, explicando que ya ha habido una reunión para compartir esta “preocupación” y este “rechazo al tarifazo de la basura” con la Federación de Asociacionse de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), y que ambas organizaciones “nos hemos comprometido a estudiar esta posible ilegalidad”.
    Por su parte, el portavoz adjunto Dani Perea ha recordado que “ese impuesto fue decretado en 2022 y nos llega a la Mancomunidad a finales de este año, pero nos llega también un escrito de la Federación Andaluza de Municipios, donde apela a la cautela, a la calma y a no aplicar un impuesto que todavía no sabíamos exactamente cuál era la cuantía, cuál era la forma y además que le compete, como ha dicho mi compañera Lucía a la Junta Andalucía, la recaudación y la reglamentación de ese impuesto”.

    Perea apunta que “cuando fue a pleno en febrero de 2023 por parte del Partido Socialista expresamos esas dudas en la aplicación de impuestos y planteamos la posibilidad de que los ayuntamientos pagaran ellos mismos el impacto que suponía el impuesto en cada una de las localidades por parte de ARGISA, en virtud del acuerdo al que se había llegado por parte de los propios alcaldes”.

    “Cuando fuimos a pleno de febrero nos encontramos que ese acuerdo adoptado por los alcaldes se elimina de la propuesta de acuerdo y por tanto es el propio Partido Socialista el que pide que se quede encima de la mesa, una situación en la que hasta Landaluce expresó su conformidad”. Precisa el líder de Los Barrios que “esa fue la causa” y pide al PP “que no mientan diciendo que el Partido Socialista no lo aprobó en su día porque no quiso o porque había cuestiones electorales, porque lo único que quería el Partido Socialista era que no se repercutiera en el bolsillo de los ciudadanos”.

    Asimismo, Fran Fernández también ha manifestado la preocupación existente en el PSOE de Algeciras por este “tarifazo”, que se une en este municipio a las otras subidas aprobadas por el gobierno local de Landaluce (PP), con el voto en contra de la oposición y de miles de firmas ciudadanas. Entre ellas, la “brutal” subida del IBI y las del impuesto de circulación, la plusvalía, el agua y la grúa municipal, entre otros impuestos, tasas y precios públicos. En total, un “verdadero atraco” al bolsillo de los algecireños que se va a poder ir comprobando en los sucesivos recibos, y que forma parte de un plan que el PP ocultó durante toda la campaña electoral para que no le pasara factura en las urnas. “Hay una gran diferencia entre lo que hace el PSOE cuando hay crisis, que es aprobar medidas sociales y ayudas para los más vulnerables, y lo que hace el Partido Popular, que es privatizar y subir impuestos, pero sin mejorar los servicios”, ha añadido el socialista algecireño.

  • El PSOE evalúa junto a COAG los daños de la DANA en los cultivos e infraestructuras agrícolas de Cádiz

    El senador socialista por la provincia de Cádiz, Alfonso Moscoso, junto a la diputada en el Congreso, Mamen Sánchez, han mantenido esta mañana un encuentro con representantes de COAG Cádiz para analizar la situación crítica que atraviesa el sector agrícola de la provincia tras las intensas lluvias provocadas por la reciente DANA. Este temporal, caracterizado por su extrema concentración e intensidad, ha dejado importantes daños en los cultivos e infraestructuras agrícolas, afectando directamente a numerosas explotaciones y familias dedicadas al sector primario.

    Durante la reunión, se realizó un balance de los efectos negativos de estas lluvias, que han supuesto graves perjuicios para cultivos como hortalizas, viñas, frutales y cereales, entre otros. Las precipitaciones torrenciales han generado encharcamientos prolongados y erosión en amplias zonas de cultivo, dañando tanto la producción como la calidad del suelo. Además, muchos agricultores han perdido parte de sus cosechas actuales y han visto comprometidas las próximas siembras debido a la saturación de los terrenos y el arrastre de nutrientes.

    Asimismo, se abordaron los daños en infraestructuras rurales, tales como caminos de accesorio, sistemas de riego y otras instalaciones que resultan imprescindibles para la actividad agrícola y el transporte de mercancías. Las intensas lluvias han dejado varios tramos de caminos rurales en estado impracticable, dificultando el acceso a las explotaciones y aumentando los riesgos para la logística agrícola en una época crucial del año.

    Los representantes de COAG Cádiz expusieron a la diputada y al senador su gran preocupación por el impacto económico que estas pérdidas tendrán para las explotaciones familiares y las cooperativas locales, muchas de las cuales ya arrastran dificultades financieras a causa de condiciones de mercado adversas y cambios climáticos cada vez más frecuentes e intensos.

     

    Compromiso institucional para impulsar ayudas y medidas de recuperación y demandas de nuevas inversiones

    La Diputada Mamen Sánchez y el Senador Alfonso Moscoso escucharon las demandas de COAG Cádiz y mostraron su disposición a trabajar de forma conjunta con las distintas administraciones para agilizar la tramitación de ayudas económicas directas y facilitar medidas de apoyo para la recuperación del sector. Entre las propuestas abordadas, destacan la implementación de ayudas económicas a fondo perdido para las explotaciones más afectadas, así como la demanda a la Junta de Andalucía de inversiones necesarias para rehabilitación de infraestructuras rurales.

    Ambos representantes trasladaron su compromiso de impulsar desde sus respectivos cargos una serie de iniciativas que puedan contribuir a la recuperación del sector y a la mitigación de los efectos que la DANA ha ocasionado en los cultivos y las infraestructuras agrícolas de la provincia de Cádiz. “El sector agrícola es fundamental para el desarrollo de nuestra provincia, y es necesario implementar mecanismos de apoyo que ofrezcan estabilidad y seguridad ante fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y frecuentes”, ha subrayado la diputada Mamen Sánchez.

    Por su parte, el senador Alfonso Moscoso insistió en la necesidad de reforzar las infraestructuras de riego y los sistemas de contención de aguas para proteger las áreas agrícolas ante futuros temporales, y apeló a una mayor inversión por parte del Gobierno del PP en la Junta de Andalucía, en la resiliencia del territorio frente al cambio climático.

     

    Solicitud de medidas preventivas y planificación ante fenómenos extremos

    Finalmente, los representantes de COAG Cádiz y los parlamentarios coincidieron en la urgencia de establecer una estrategia de planificación preventiva, que incluya tanto mejoras en infraestructuras de drenaje y contención, como campañas de concienciación y formación para agricultores sobre cómo mitigar los daños causados por fenómenos meteorológicos extremos. COAG Cádiz hizo hincapié en la necesaria inversión de la Junta de Andalucía e imperiosa urgencia para que destinen recursos a la modernización de las infraestructuras rurales y a la promoción de prácticas agrícolas más resilientes ante el cambio climático.

    COAG Cádiz agradece a la diputada Mamen Sánchez y al senador Alfonso Moscoso su apoyo y disposición a colaborar en la defensa de los intereses del sector agrícola de la provincia, esperando que este compromiso se traduzca en acciones concretas que permitan a los agricultores recuperar cuanto antes su actividad y garantizar la continuidad de sus explotaciones.

  • El PSOE exige a la Junta más compromiso con infraestructuras y vivienda asequible desde Diputación

    El Grupo Socialista en la Diputación ha sacado adelante en el Pleno de hoy las tres mociones que elevaba para su debate y aprobación y que recogían asuntos tan importantes para la provincia de Cádiz como el desdoble de la A-384, un plan de formación profesional adaptado a las necesidades del mercado laboral, así como el impulso de una política de vivienda pública, realista y justa. Las tres mociones ponen en entredicho la gestión que, dentro de sus competencias, tiene la Junta de Andalucía y han recabado el apoyo de los grupos políticos, excepto el PP, que solo se mostró a favor en el caso de la clamorosa reivindicación histórica sobre la necesidad de dar continuidad a la autovía que finaliza en Arcos. 

    La portavoz del Grupo Socialista y diputada por la Sierra, Ana Carrera, ha defendido la propuesta sobre la autovía a Antequera para que la Diputación se pronunciara claramente sobre una carretera vital para la provincia y que ha sido respaldada por unanimidad. Carrera ha advertido de que la falta de esa infraestructura “está provocando no solo que las empresas ya plantean abiertamente tener que abandonar porque no les es viable ya que no compiten en igualdad de condiciones, es importante no solo porque se está privando de oportunidades a nuestros pueblos sino sobre todo porque se les está privando de seguridad al ser la carretera con más siniestralidad de toda Andalucía”.

    “Hoy el Grupo Socialista no quiere que sea una demanda del PSOE, sino una demanda que dé voz al conjunto de la ciudadanía que necesita un plan de actuaciones que de manera urgente materialice el proyecto”, ha explicado la portavoz que ha precisado que “no queremos anuncios de estudios, ya ha habido muchos y muchos de ellos han caducado”. “La A-384 merece ya que se le consigne la financiación necesaria para que cuanto antes se den los pasos y sea una realidad”, ha insistido para afear al PP que se escude en los años que tiene la reivindicación de la carretera, reafirmándose en que “en seis años el PP ha tenido tiempo de pintar partidas en los presupuestos para haber avanzado kilómetros de firme”. 

     

    El PP no quiere ver la necesidad de cualificar a los jóvenes gaditanos y cierra los ojos a la demanda de vivienda pública

    En cuanto a la propuesta relativa a la oferta formativa para los jóvenes de la provincia, Carrera ha recordado la llamada a la cualificación profesional que se viene realizando desde los sectores claves y de la que dan fe constantemente los titulares de prensa. Se ha referido, como ejemplo, a la advertencia del presidente de Navantia sobre la necesidad de mano de obra cualificada de 6.000 trabajadores para la industria auxiliar o también a la demanda de las industrias emergentes en torno a las energías verdes en el Campo de Gibraltar. “Hay una demanda desde los principales sectores estratégicos, de demanda de personal cualificado que no tiene la respuesta adecuada”, ha señalado para apelar a la necesidad de consenso en un asunto de tanta importancia que, sin embargo, “el PP no ha querido ver” al votar en contra. En el debate, la diputada socialista le ha reprochado precisamente al portavoz del PP su mirada cortoplacista y el conformismo con la nula apuesta del Gobierno de la Junta. Haciendo un repaso a todas las formaciones profesionales que existen en otras provincias, Carrera le ha instado a explicarle a los jóvenes gaditanos que “la oferta de la Junta es suficiente”, cuando se sabe que tres de cada cinco alumnos en Andalucía se han quedado sin la plaza solicitada y la alternativa es una FP privada que cuesta 4.000 euros.  

    La tercera moción del PSOE la ha defendido esta mañana en la sesión plenaria la diputada Laura Álvarez reclamando el apoyo de los grupos a otro clamor social como es la falta de vivienda a un precio asequible, lo que requiere de políticas de fomento para la construcción de vivienda pública tanto en propiedad como alquiler. En su argumentación, Álvarez ha echado mano de datos como que la edad emancipación de los jóvenes andaluces está en 30 años, el precio de la vivienda en Andalucía se ha incrementado en un 19 por ciento y el del alquiler en un 30 por ciento. “Son datos que nos preocupan, sabemos que desde el Gobierno la Ley está intentando regular pero hay que recordar el artículo 148 que transfiere las competencias a las CCAA”, ha señalado preguntándose “qué ejecución presupuestaria está haciendo la Junta”. La diputada del PSOE ha lamentado que la Junta no haya ejecutado el 57 por ciento del presupuesto de vivienda en el último año, teniendo mayor aportación que nunca, hay 476 millones que no se ejecutan. Ha extendido la denuncia al presupuesto del Gobierno andaluz para 2025 ya que “solo refleja las transferencias de otras administraciones, concretamente del Plan estatal de vivienda, por lo tanto, invierte 0 euros”.

    La moción que ha recibido el respaldo de todos los grupos excepto del PP pedía “cosas sensatas” como ha detallado Álvarez, entre ellas, ha destacado la necesidad de revisar sus planes de vivienda al objeto de garantizar nuevas iniciativas para la construcción y rehabilitación de nuevas viviendas asequibles, que den cobertura a las demandas actuales de acceso a la vivienda en venta o alquiler. Para ello, entienden que la Junta de Andalucía debe ejecutar los fondos en materia de vivienda que reciba de cualquier otra administración de manera eficiente y eficaz.

    Entre las medidas propuestas, figura también instar a la Junta de Andalucía a impulsar la construcción de parques de viviendas asequibles en la provincia de Cádiz e incentivar medidas que fomenten la emancipación juvenil. Conforme a la normative estatal, emplazan a la Junta de Andalucía a declarar en la provincia de Cádiz zonas tensionadas en materia de vivienda. Y por último, la moción aprobada insiste en  reclamar a la Junta de Andalucía que contemple en los presupuestos de 2025 mayores cuantías para abordar la construcción de nuevas viviendas de protección oficial para venta y alquiler y fomentar así el parque público de viviendas a precios asequibles.

    En el turno de preguntas, la portavoz del PSOE ha demandado a la presidenta información sobre el calendario para la presentación de los presupuestos de la Diputación, tendiendo la mano al PP a plantear propuestas de calado para reforzar el desarrollo económico y social de la provincia “porque en esta casa se ha hecho en otras ocasiones, el poder compartir las necesidades que tiene esta provincia para llegar a acuerdos sobre las oportunidades y respuestas que desde la Diputación se pueden ofrecer”. El diputado Javier Pizarro, por su parte, ha requerido en el turno de ruegos que el Gobierno provincial detalle el número de proyectos que se están realizando desde los Servicios de Asistencia a Municipios (SAM) periféricos o desde el SAM central en municipios de menos de 20.000 habitantes.  

  • El PSOE exige que la Diputación de Cádiz no financie eventos que no cumplan la ley de accesibilidad

    La celebración del evento ‘Family Weekend’ en El Puerto de Santa María, llevado a cabo a finales de octubre, ha generado controversia entre colectivos y familiares de personas con discapacidad. Pese a recibir una financiación superior a los 180.000 euros por parte del área gestionada por el alcalde y vicepresidente provincial, Germán Beardo, la organización no incluyó medidas de accesibilidad universal obligatorias según la normativa vigente. Esta omisión desató una ola de críticas por parte de asociaciones que defendieron la necesidad de garantizar la inclusión en este tipo de actividades.

    A raíz de esta polémica, el Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz ha anunciado que presentará una moción en el próximo pleno para exigir el cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal. El diputado provincial Ángel M. González ha señalado que el objetivo de esta iniciativa es evitar que se destine financiación pública a eventos que no sean inclusivos. Según González, “la inclusión no es un capricho, sino un derecho constitucional recogido además en normativa específica que no se puede vulnerar”.

    El diputado socialista ha recordado que la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, obliga a las administraciones públicas a promover la inclusión en actividades culturales, recreativas y deportivas. Por ello, además de instar a la Diputación a cumplir esta normativa, el Grupo Socialista también planteará recordar a los municipios de la provincia la obligación de aplicar estas medidas en todos los eventos que se realicen bajo su competencia.

  • El PSOE felicita a la flota pesquera del Golfo de Cádiz por los acuerdos del Gobierno en Bruselas

    Al rescate de los pescadores! La flota de Cádiz recibirá casi un millón de  euros en ayudas

    La diputada socialista Mamen Sánchez ha felicitado a la flota pesquera gaditana por el acuerdo del Consejo de Ministros de Pesca de la UE, presidido por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha sido muy positivo con un incremento de cuotas en especies con un alto valor comercial, según ha precisado el ministro español. 

    Según Mamen Sánchez, “el gobierno de España ha logrado una cuota histórica en la merluza del sur, con 10.971 toneladas”. “Este aumento supone un 9,7 por ciento más que en el 2023 y esto va beneficiar mucho a la flota gaditana”, señala asegurando que “también va a beneficiar a nuestras flotas el aumento de la cuota del jurel en un 5,3 por ciento o el rape con un 7,2 por ciento y el gallo un 11,4 por ciento”.

    Además- continúa Sánchez- “en el caso de la cigala se va a conseguir mantener la cuota del 2023 en 32 toneladas gracias al acuerdo con Portugal que permite el intercambio de cuota y la reapertura de pesquería de la cigala en nuestras aguas”. 

    De hecho, sostiene Sánchez que “el sector podrá disponer de 1.754 kilos, importantísimos en estas fechas”. La diputada socialista también se ha referido al  lenguado, respecto al que el ministro ha logrado aminorar la reducción prevista inicialmente en un 33 por ciento a un 17 por ciento.

    Mamen Sánchez, que es miembro de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha agradecido al Ministro Luis Planas esta negociación histórica y que se tenga en cuenta a las pesquerías de Cádiz, por la importancia del sector para la  dinamización de la económica de la provincia de Cádiz. 

    La diputada socialista quiere tener un diálogo fluido y constante con el sector para hacer llegar sus voces al Congreso y al Gobierno y por supuesto que también puedan ser escuchados directamente por el Ejecutivo. “Sobre todo en un momento donde hay que poner tantas instituciones de acuerdo, Comisión y Estados miembros para proteger la biodiversidad y asegurar el mantenimiento de la actividad pesquera”, ha apuntado.

  • El PSOE habla de "boicot" al homenaje del Congreso a la Pepa en el Oratorio por el 212 aniversario

    El secretario general del PSOE de Cádiz y presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha lamentado el boicot del PP a la celebración de los actos previstos por la Mesa de la cámara en el Oratorio de San Felipe Neri con motivo de la conmemoración de los 212 años del Bicentenario de la Pepa.

    Ruiz Boix recuerda que se había generado una gran expectación en torno a la decisión de la Mesa del Congreso de visitar Cádiz y la oportuna idea de celebrar una reunión de la mencionada institución, espejo de la soberanía nacional, en el Oratorio San Felipe Neri con motivo de los 212 años que se cumplen de la aprobación de la Pepa. 

    “Las reuniones de la Mesa para organizar los asuntos relacionados con la organización y funcionamiento de la Cámara Baja se van a producir igualmente en Madrid, así que no entendemos que los diputados del PP hayan decidido dar la espalda a Cádiz e impedir que se rindiera homenaje a la Constitución que abrió camino a la libertad en España e Iberoamérica y tumbó el Antiguo Régimen”, señala Ruiz Boix que no entiende las razones que les han llevado a “dar ese portazo a los gaditanos y a los españoles pues se trataba solamente de recordar la historia que nos alumbra”.

    Ruiz Boix afea al PP que “esté instalado solo en alimentar la crispación y no vea más allá de la ira y el resentimiento”. “Desgraciadamente, la crispación en la que vive únicamente el Partido Popular que no ve soluciones, ni encuentra respuesta a los problemas de los ciudadanos, alimenta una confrontación que esparcen por todos lados rompiendo con el consenso que había para celebrar esa Mesa en Cádiz, rompiendo incluso con la institucionalidad que siempre ha rodeado todo lo que significa para Cádiz, para España, y para el mundo la Constitución de 1812”, subraya.  

    Así, ha pedido explicaciones al PP de Cádiz y al presidente del PP, “para más inri alcalde de la ciudad”, Bruno García, “por permitir que la estrategia de Génova lo inunde todo y le hayan hecho un feo tan grande a la ciudad de Cádiz, teniendo todo organizado ya, sin respetar a los gaditanos y gaditanas, ni a la Constitución de la Pepa, ni mucho menos a los valores que esta representa y dejando una vez más a las claras el liberalismo y patriotismo de pacotilla del PP”. 

  • El PSOE impugna un acuerdo del Pleno de Diputación de Cádiz por lo que considera un "reparto ilegal" de fondos

    El Grupo Socialista en la Diputación ha registrado hoy las alegaciones anunciadas contra el reparto del remanente realizado en la Diputación que fue aprobado en el pleno del 20 de septiembre “por no respetar la Ley” y a través de las que ha pedido la revocación de dicho acuerdo por ser nulo de pleno derecho. 

    En el escrito jurídico registrado esta mañana, alegan en primer lugar, falta de motivación del procedimiento de urgencia y de la puesta a disposición del expediente administrativo al carecer de la preceptiva motivación y evitar la puesta a disposición a los miembros de la corporación del expediente administrativo, en tiempo y forma suficiente, para el conocimiento de los asuntos a tratar. Entienden desde el PSOE que “la única motivación de la urgencia viene a responder a la voluntad de la Presidencia de Diputación de impedir el legítimo ejercicio de acción política del art. 23 de la CE a los miembros de la corporación, lo que supone una clara vulneración de los derechos de esta parte y una quiebra del principio de seguridad jurídica del artículo 9 de la CE”.

    Se produjo a su vez en ese Pleno, según el Grupo Socialista, una vulneración de los principios generales contemplados en el art. 8 de la Ley General de Subvenciones que establece los Principios Generales, de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. De la misma manera apuntan al artículo 22 de la misma Ley que indica que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se ha de tramitar en régimen de concurrencia competitiva. Este sistema de concesión de subvenciones, garantiza la publicidad y concurrencia de los que optan a la concesión, así como la igualdad y no discriminación de los mismos. 

    Entienden desde el PSOE que de la misma manera se ha vulnerado el artículo 14 de la Constitución Española puesto que el reparto realizado ha generado desigualdad y discriminación entre los Ayuntamientos. Inciden en que se han concedido subvenciones nominativas sin que los Ayuntamientos tuvieran conocimiento de su convocatoria y su tramitación.

    Respecto al deber de la Administración de cumplir con las garantías procedimentales, las alegaciones de los socialistas consideran que el Gobierno de la Diputación ha infringido el derecho al procedimiento debido y ponen de ejemplo las declaraciones de Ortiz que adujo que “las inversiones en obras son a los municipios que se han podido comprometer (con una declaración jurada) a adjudicar los proyectos antes del 31 de diciembre de este año”. Se preguntan en el texto, “cómo tiene conocimiento la Diputación de Cádiz de cuáles son los Ayuntamientos que se pueden comprometer a adjudicar proyectos antes del 31 de diciembre de 2023, qué sistema de comunicación o invitación se ha realizado a esos Ayuntamientos para que hayan podido comprometerse mediante una declaración jurada, por qué no se ha hecho extensivo a todos los Ayuntamientos”.

    También se ha producido una vulneración del código de buen gobierno local de la FEMP aprobado en junta de gobierno de 24 de marzo de 2015 así como del artículo 36 de la Ley de Bases de Régimen Local en cuanto al principio de proporcionalidad. Queda patente, según se desprende de las alegaciones registradas, que el reparto realizado no respeta el espíritu que debe presidir la actuación de la Diputación que viene llamada por mandato legal a asistir y cooperar jurídica, económica y técnicamente con los municipios de menor capacidad económica y a coordinar determinados servicios en aquellos de menos de 20.000 habitantes y por otro, el principio de proporcionalidad en el reparto de ayudas, sirviendo de ejemplo que frente a los 14.800 euros subvencionados a Setenil, La Línea de la Concepción ha recibido 10.200.000 euros, Cádiz 5.015.000 euros, el Puerto de Santa María 7.000.000 euros, Algeciras 5.135.000 euros y Jerez de la Frontera 4.272.268,71 euros. 

    Y por último, y no menos importante, concluyen con la posible concurrencia de los elementos del tipo del artículo 404 del Código Penal de Malversación Administrativa en el reparto de las subvenciones nominativas aprobadas en el mencionado Pleno puesto que la resolución además de injusta, resulta arbitraria y se ha acordado a sabiendas de su ilicitud, con intención deliberada y plena de beneficiar a determinados Ayuntamientos, “con desprecio absoluto y grosero del procedimiento a seguir y conculcando todos los principios generales que deben regir la actuación de las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones, ocasionando además la vulneración de los derechos fundamentales del art. 9, 14, 23 y 24 de la Constitución Española.

    Llamada a la rectificación para procurar un reparto igualitario

    Al respecto, el secretario general del PSOE de Cádiz y presidente del Grupo, Juan Carlos Ruiz Boix, ha advertido de que “el Gobierno tiene la oportunidad de rectificar, aún no lleva 100 días en el ejercicio de la acción del gobierno, pero no puede seguir trabajando con ese sectarismo”. 

    “El Grupo provincial socialista está dispuesto a votar a favor de la rectificación, a favor de un reparto igualitario, a favor de respetar el artículo 14 de la Constitución, el principio de igualdad que permita a todas las y los gaditanos contar con recursos para solventar problemas en las infraestructuras, en inversiones de todos y cada uno de los 45 municipios y de las 11 entidades locales autónomas”, ha subrayado para abundar en que desde el PSOE “no vamos a colaborar con ningún reparto sectario, no vamos a colaborar con ningún reparto discriminatorio que únicamente beneficia a unos cuantos a unos poquitos y que sepamos que cuando hay más dinero para unos poquitos, es porque se resta porque se quita a otros pueblos, se beneficia a los que les toca la lotería del gordo en este caso Algeciras, La Línea, Jerez y El Puerto en detrimento del resto de poblaciones, en detrimento del resto de vecinos y vecinas de otros municipios a los que no les llega ni un solo euro por una decisión directa de la presidencia de la Diputación, que es del Partido Popular y de la señora Martínez”.  

  • El PSOE insta a una mayor implicación de la Junta de Andalucía en Acerinox

    La diputada andaluza Rocío Arrabal, representante por la provincia de Cádiz, ha expresado su preocupación por la demora en la intervención de la Junta de Andalucía en el conflicto laboral de Acerinox, ubicado en Los Barrios, que ha alcanzado ya los 40 días de huelga. Durante su participación en la Comisión de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Arrabal criticó la lentitud y la falta de diligencia del gobierno autonómico y solicitó una mayor implicación en la búsqueda de una solución definitiva.

    El inicio de las negociaciones, previsto para el 15, ha sido un punto positivo aunque tardío en el proceso de mediación de la Junta, según Arrabal. La parlamentaria señaló la falta de contacto previo del gobierno con los trabajadores y sus representantes, que no tuvo lugar hasta el 22 de febrero, evidenciando un seguimiento insuficiente del conflicto por parte de la administración autonómica.

    Arrabal remarcó la importancia de un papel más activo de la Junta en la resolución del conflicto, que afecta a 1.800 trabajadores y sus familias, y subrayó la necesidad de no considerar resuelta la situación hasta la firma de un nuevo convenio. Asimismo, destacó la relevancia de fortalecer el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para una gestión más eficaz de los conflictos laborales.

    La esperanza de la parlamentaria se centra en que la reevaluación de la postura de la Junta y su mayor implicación conduzcan a una resolución favorable y definitiva del conflicto en Acerinox, que tiene un impacto significativo en el bienestar de numerosas familias y en la comunidad del Campo de Gibraltar.

  • El PSOE insta al presidente de la Junta a “implicarse políticamente” en la resolución del conflicto en Acerinox

    La secretaria general del PSOE de Algeciras y diputada autonómica por la provincia de Cádiz Rocío Arrabal ha registrado este martes, 2 de abril, una nueva iniciativa parlamentaria encaminada a la resolución del conflicto laboral en Acerinox, con una huelga indefinida que dura ya casi 2 meses.

    Concretamente, Arrabal ha registrado en nombre del Grupo Parlamentario Socialista una pregunta con ruego de respuesta oral para que en la próxima sesión de control al Gobierno andaluz se explique por qué sigue sin haber una “mediación política” que contribuya a poner fin al “calvario” que están viviendo los más de 1.800 trabajadores de la acería y sus familias, así como las repercusiones que toda esta situación está teniendo en el Campo de Gibraltar.

    La diputada del Grupo Parlamentario Socialista recuerda que hace ya algo más de un mes trasladó una iniciativa similar a la Comisión de Empleo de la Cámara Autonómica, y que ni la “respuesta con evasivas” dada entonces por la titular de esta Consejería ni las actuaciones que posteriormente se han llevado a cabo a otros niveles han permitido avanzar en la resolución definitiva de una problemática que “ya no es sólo laboral, sino que está teniendo también un importante coste económico y social” para esta comarca gaditana.

    “Después de casi 60 días de huelga, echamos en falta una verdadera acción de mediación política por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, porque esto no puede seguir así… ¿Dónde está Moreno Bonilla? ¿Qué están haciendo la consejera de Empleo y el consejero de Industria? ¿Qué está haciendo el consejero de la Presidencia, que tan preocupado dice estar por la provincia de Cádiz? ¿A qué están esperando?”, se ha preguntado la parlamentaria algecireña, señalando que “estas clamorosas ausencias las van a tener que explicar en sede parlamentaria, porque aquí hay competencias políticas que no se están ejerciendo y, tal y como están las cosas después de dos meses de conflicto laboral, eso no es sólo una dejación de funciones por parte del Gobierno andaluz, sino también una grave irresponsabilidad”.

    Arrabal ha querido dejar claro que desde el Grupo Parlamentario Socialista “aplaudimos y valoramos” la profesionalidad y el esfuerzo de los funcionarios del Sercla y del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, que “están cumpliendo con su función de mediación”, pero ha insistido en que “lo que se echa en falta a estas alturas es otro tipo de mediación, la política, que es la que está brillando por su ausencia”. A este respecto, desde el PSOE se insta al Presidente de la Junta de Andalucía y a su Gobierno a “dejar de mirar para otro lado” y a “poner de su parte” para contribuir a la búsqueda de una solución, ante el nuevo “enquistamiento” que ha sufrido la negociación entre los trabajadores y la empresa.

  • El PSOE lamenta el caos en Diputación de Cádiz tras ser aprobados seis decretos de organización en 96 días

    El secretario general del PSOE de Cádiz y presidente del Grupo Socialista en la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha utilizado el turno de preguntas del pleno celebrado esta mañana en la Diputación provincial para realizar una batería de cuestiones a la presidenta, Almudena Martínez del Junco, en relación al reparto “sectario” de los 33 millones de euros distribuidos en un 93 por ciento entre municipios del PP y La Línea 100X100 y que ha dejado fuera a 34 municipios. Además también le ha requerido aclaración sobre la estructura organizativa del Gobierno de la Diputación considerando “caótico” que en tan solo 96 días haya aprobado hasta seis decretos con cambios de funcionamiento de las áreas y sus titulares. 

    Respecto al primer asunto que viene denunciando el PSOE, sin descartar acudir a los tribunales de Justicia por un posible delito de prevaricación, como la presidenta defiende que se eligieron los proyectos que podían estar adjudicados antes de fin de año con declaración jurada, Ruiz Boix ha vuelto a preguntarle “cuantos ayuntamientos recibieron esa comunicación u ofrecimiento para que presentaran iniciativas” y “cuantos de los 34 municipios que han quedado fuera del reparto discriminatorio contestaron y si tienen prueba fehaciente de esa respuesta”.

    El dirigente socialista le ha reclamado a la presidenta mayor transparencia y que dé respuesta a las preguntas que realiza la oposición pues aún hay tres pendientes del pleno anterior. Ruiz Boix se ha remitido además a los distintos decretos aprobados a lo largo de los 96 días para señalar el desconcierto que habita entre las cuatro cabezas del Gobierno, la presidenta, Ortiz, Beardo y los socios de 100X100. Le ha pedido aclaración sobre las circunstancias que han rodeado a tantos cambios y le ha pedido que ponga orden en la gestión de las áreas de Gobierno. 

    Ha vuelto a emplazar al PP para que abandone el sectarismo, instándoles a pensar que “la Diputación es una institución muy importante para el conjunto de la provincia y que hay muchos vecinos y vecinas que dependen de su gestión económica, de la gestión de áreas, de la gestión de los programas de más de 300 millones de euros que tienen que llegar a 1.300.000 habitantes”.  

    “Le ruego que mantenga un gobierno estable, un gobierno que genere confianza y que permita a nuestra provincia avanzar sin sectarismo, sin discriminación y en este caso sin debates ni discusiones entre los miembros del Gobierno”, ha expuesto.

    En la sesión plenaria, han sido aprobadas las tres mociones que el Grupo Socialista había elevado para su debate. Así, los socialistas han logrado el acuerdo unánime de la cámara en dos reclamaciones a la Junta de Andalucía con respecto a la tramitación definitiva de las solicitudes aún pendientes de acceso al bono de alquiler joven y la necesidad también de que el Gobierno andaluz ponga a disposición de los centros educativos de la provincia de Cádiz el personal técnico de integración social necesario. 

    La tercera moción respaldada por todos los grupos reclama a la Diputación que convoque, impulse y reactive la mesa de alcaldes para la erradicación y aprovechamiento del alga asiática, creada en el marco del Pacto por la Sostenibilidad de la Costa Gaditana, incorporando a la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, Universidad de Cádiz y a los sectores económicos afectados -pesquero, turismo y hostelería- organización ecologista, así como otros agentes o personas expertas que, por su vinculación con este tema, se considere oportuno. Cádiz, 18 de octubre de 2023

  • El PSOE lleva al Parlamento las demandas de los trabajadores de FAISEM

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    La parlamentaria andaluza, Irene García, ha realizado hoy una pregunta a la consejera de Salud, Catalina García, sobre la falta de personal en los centros de salud mental así como la privatización del servicio de cocina.

    García le ha pedido a la consejera que aclare la situación y diga la verdad a los trabajadores de FAISEM, presentes en la cámara “para que sepan cuál es el futuro de la Fundación”.

    La parlamentaria andaluza le ha pedido que “no utilice el escapismo pues lleva cinco años con responsabilidad de gestión y si se lo encontró todo tan mal, ya ha tenido tiempo de resolverlo”. “No se escude en la herencia, en lo malo que somos en el PSOE, o que España se rompe porque esto es fruto de su gestión y de sus decisiones. Los trabajadores, usuarios y familiares merecen una explicación”, le ha espetado para subrayar que “la falta de personal afecta a la calidad de la atención que reciben las personas con enfermedad mental”.

    Así, ha explicado que “la gota que ha colmado el vaso es lo que ha ocurrido con el personal de cocina” que, en su opinión, responde “a un plan organizado donde, primero, iniciaron una operación de derivación de las funciones de cocina a la empresa UNEI, entidad dependiente de la propia Fundación, para después terminar sacando un pliego e implantar un catering, que le va a costar a los andaluces 900.000 euros anuales, pudiendo llegar a los 4 millones si desarrolla en su amplitud todo el contrato”. 

    La también vicepresidenta de la Mesa ha lamentado que “mientras derivaban a la empresa UNEI el servicio, aprovechaban para amortizar todas las plazas de monitores de cocina cada vez que había jubilaciones, incapacidades o cualquier otra situación que se lo permitía”. Sostiene GArcía que “el esquema ha sido el mismo en todas las provincias” poniendo de ejemplo Cádiz donde “en Jerez, en el Puerto de Santa María, Los Barrios, La Línea y San Fernado, han amortizado hasta siete plazas y las que se derivaron a la empresa UNEI, hoy están en la calle”. 

    “En todos estos centros, ya no hay cocina, sino un contrato con una empresa que trae un catering”, ha señalado la diputada del PSOE que se ha preguntado “si no hay monitores de cocina ¿quién se encarga de administrar las cuatro comidas al día?” 

    García ha acusado a la consejera de no respetar el comunicado que publicaron y en el que se comprometían a que los monitores residenciales no realizarían servicios de cocina pero son los únicos profesionales que quedan en las residencies y están asumiendo más de 15 tareas diarias relativas al catering contratado que le ocupan hasta dos horas del turno sin que esté en su convenio colectivo.

    “Lo más preocupante, y es lo que nos trasladan los trabajadores es que mientras se dedican a estas tareas no están en lo importante que es atender a las personas usuarias en las tareas de recuperación de habilidades, dar paseos, acompañamiento a gestiones médicas o administrativas”, apunta para concluir que “la atención a los usuarios ha pasado claramente a un tercer plano”. 

    Cabe recordar que la medida afecta a más de 100 trabajadores de municipios de toda la provincia en los 14 centros que existen donde atienden a más de 300 usuarios, según los datos ofrecidos por el sindicato CCOO. 

  • El PSOE pide a Diputación una modificación presupuestaria para sustentar el convenio con la Mancomunidad Campo de Gibraltar

    La portavoz del Grupo Socialista en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Lucía Trujillo, pide al equipo de Gobierno de la Diputación de Cádiz que realice una modificación presupuestaria para sustentar el convenio con la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar por valor de 500.000 euros para colaborar en la prestación de servicios. “Una financiación extraordinaria de una subvención que llevaba cuatro años recibiendo la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar por un importe de 500.000 euros cada uno de los años para cooperar en las distintas políticas que gestiona la Mancomunidad y cuya ausencia va en perjuicio de los municipios”, señala. 

    “Nos parece irresponsable que la Mancomunidad lleve a aprobación un presupuesto contando con una subvención de 500.000 euros por parte de la Diputación que no se ha hecho efectiva a día de hoy, pero  es que además no existe un compromiso firme y por escrito por parte de la Diputación”, ha advertido. 

    Trujillo explica que “en los presupuestos aprobados el 23 de Noviembre debería de haber sido incluida de forma nominativa esta subvención y a la fecha que estamos no ha pasado por pleno de la Diputación, por lo que dudamos enormemente del compromiso del equipo de Gobierno de la Diputación que ha demostrado su olvido a nuestra comarca”. 

    La portavoz socialista recuerda que en la moción presentada por el PSOE en la última Junta de Comarca y que salió adelante, se instaba a la Diputación a firmar el convenio de 500.000 euros con la Mancomunidad.

  • El PSOE pide a la Diputación y a la Junta que no se olviden de la sequía y ejecuten medidas urgentes

    La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Ana Carrera, ha anunciado que el Grupo Socialista pedirá en el próximo Pleno de la Diputación que tanto desde el Gobierno provincial como desde la Junta se pongan en marcha medidas urgentes para combatir la sequía. Cree Carrera que las administraciones, a excepción de los ayuntamientos que han aplicado sus propios planes desde este verano ya, se han relajado con las lluvias que antecedieron al periodo estival y han olvidado la situación de emergencia.

    “No han dado ningún paso para solucionar este grave problema que afecta a la ciudadanía como al sector de la agricultura, el turismo o las empresas”, ha señalado demandando al Gobierno de Moreno Bonilla “la aprobación de un nuevo decreto con con un plan contra la sequía que incluya las infraestructuras que la provincia de Cádiz necesita”. A la institución provincial la insta a “invertir el remanente que era de 90 millones de los que se han repartido entre ellos 50 millones, en algo útil y que a todos afecta y que se sume así al esfuerzo que vienen realizando los ayuntamientos”. Apunta que “hay infinidad de medidas desde la mejora de las canalizaciones para evitar las pérdidas de agua, hasta la construcción de las desaladoras que Moreno Bonilla ve bien para otras provincias y no para esta”.

    En definitiva, lo que quiere la portavoz del PSOE es que la Diputación lidere la búsqueda de soluciones a los problemas de esta provincia. “No es ningún secreto que la Diputación no tiene ritmo, no es ninguna novedad que la Diputación ha dejado de ser la administración que vertebraba el territorio y se ha convertido en una administración sectaria, al servicio del PP”, ha concluido respecto a este casi año y medio de gestión de los populares al frente de la institución provincial.

    Al hilo, ha criticado que además “no paga a tiempo” ya que desde el Gobierno provincial estén incumpliendo el periodo medio de pago a proveedores que la Ley obliga a que sea inferior a 30 días. “Estos años atrás se cumplía, éramos ágiles porque eso da seguridad a las empresas pero llevan cuatro meses incumpliendo con el riesgo que ello conlleva para los intereses de la provincia”, lamenta al tiempo que recuerda “que desde Intervención se les ha advertido que tienen que poner medidas para corregirlo y en este pleno vuelven a incumplirlo”.   

    Respecto a la valoración del inicio de curso para los alumnos y alumnas de Secundaria, Bachillerato, FP y Adultos, la dirigente socialista ha afeado a la administración andaluza que “la comunidad educativa de la escuela pública se enfrente a multitud de deficiencias mientras ve como se aumenta la inversión en la privada”. Así se ha referido, por ejemplo, a lo que sucede con la FP, que ha aumentado un 80 por ciento su oferta mientras el año pasado 30.000 alumnos y alumnas se quedaron sin poder acceder a la primera opción que demandaron por tener una oferta claramente insuficiente”.

    Carrera ha recordado “el caos la semana pasada en Primaria ante la falta de 3.000 maestros y maestras y espera que el inicio de Secundaria no sea igual”. Ha criticado “unas ratios altísimas cuando el Gobierno andaluz debería de aprovechar para bajarlas ahora que la tasa de natalidad desciende y que se merme recursos solo a la escuela pública”. Precisamente, ha lamentado que “la Junta no aumente el número de plazas de 0 a 3 años mientras renuncia a 112 millones de euros que habrían permitido una escuela pública para 12.000 niños y niñas”. A su juicio, está claro que “el modelo del PP es ir recortando en la pública para obligar a las familias a recurrir a la privada”. 

    Por último, la portavoz del PSOE se ha hecho eco de las denuncias de jóvenes que están teniendo problemas con el sistema de adjudicación de plazas en la Universidad. Carrera apunta al caos en la Consejería de Innovación que está llevando a graves errores en la gestión de listas de espera y en la adjudicación de plazas para grados. Asegura la diputada provincial que “las listas publicadas han empeorado la situación de muchos jóvenes que están viendo truncados sus sueños, algunos incluso con pisos alquilados a los que ahora se les han puesto por delante otros muchos, y otros tantos que se han planteado recurrir al Consejo de Transparencia porque no se entienden esos cambios tan grandes que les dejan fuera. “De nuevo la Junta le vuelve a fallar a los jóvenes como ha pasado con el bono de alquiler y ahora esto, cuando llevan años esforzándose en sus proyecto personales”, ha indicado para reclamar al Gobierno andaluz que “se ponga a trabajar para despejar estas incertidumbres en las familias gaditanas”.  

  • El PSOE pide a la presidenta de la Diputación de Cádiz que institucionalice la convocatoria de los Consejos de Alcaldía

    El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reivindicado hoy de cara a la celebración del Día de la Provincia la institucionalización de la convocatoria de los Consejos de Alcaldía para que “escuchar a los alcaldes y alcaldesas sea un mandato frecuente e inexcusable”. Ruiz Boix lamenta que en estos ochos meses del nuevo Gobierno de PP y 100 por 100 La Línea la presidenta Almudena Martínez del Junco no se haya dignado aún a reunir a los ayuntamientos para debatir cuestiones y analizar cuestiones importantes como la sequía por ejemplo.

    El dirigente socialista, que ha aprovechado para anticipar la felicitación del Grupo Socialista a los galardonados en la celebración que tendrá lugar mañana en el palacio provincial con motivo del 19 de marzo, ha lamentado que el Gobierno provincial dé la espalda a 45 alcaldes y alcaldesas y a los 10 presidentes de las ELAS “a los que no quiere dar la palabra” y ha reiterado que especialmente debería hacerlo para escuchar a los 30 municipios de menos de 20.000 habitantes, “a los que claramente les están quitando recursos para dárselos a las grandes ciudades”.

    Espera Ruiz Boix que el contencioso administrativo al que ya ha dado curso el Grupo Socialista frene “el desorden, sectarismo y discriminación que sufren estos municipios que han visto como se han esfumado los planes de empleo y de inversión que daban sostén a muchos proyectos e iniciativas locales”. 

    “No celebramos el Día de la Provincia en las mejores condiciones”, ha subrayado el líder del PSOE que ha apuntado a la carencia de una estrategia de desarrollo económico y social de la provincia y mucho se teme Ruiz Boix que “ahora intenten enmendar el vacío con propuestas que no tienen siquiera respaldo presupuestario”. 

    El 19M es también para el secretario general de los socialistas “un día de reflexión sobre valores de los que carece el PP que gobierna bajo una desunión interna que perjudica seriamente a los intereses de la provincia”. Asimismo, el Día de la Provincia es a su vez “una jornada reivindicativa” y por ello le reclama a la presidenta de la Diputación que demanden como hacen con el Gobierno de España y exijan a la Junta que invierta en infraestructuras importantes como la Arcos Antequera o ante la problemática del narcotráfico acompañen el Plan de Seguridad con medidas de su competencia en materia de empleo, educación, formación y justicia.  

    “Mañana es un buen día para que la presidenta de la Diputación alce la voz y reclame al Gobierno andaluz un plan especial para que atienda las necesidades de esta provincia a la que llevan cinco años dando la espalda”, ha resaltado.

    De la misma manera que reclama la convocatoria del Consejo de Alcaldías, Ruiz Boix considera necesario también que la Diputación provincial abandere la convocatoria del Consejo Económico y Social, pero “se ve que no quieren escuchar que están ausentes”.

    Al hilo, se ha referido al conflicto laboral abierto en Acerinox desde el pasado 5 de febrero y que afecta a 5.000 familias de la zona, lamentando que “no haya habido aún ni un comunicado de la Diputación solidarizándose con los trabajadores o alentando a una negociación de las partes”. “A 600 kilómetros cuando comience el Día de la provincia, habrá representantes de esos 5.000 empleados de Acerinox frente a las puertas de la empresa en Madrid”, ha subrayado pidiendo a la presidenta que “lo tenga presente mañana, que se acuerde de esta otra realidad y le pida a la Junta que medie entre las dos partes”. Ruiz Boix ha afeado la fecha elegida en Sevilla para celebrar ese encuentro en plena Semana Santa, aunque ha subrayado que “desea que sea fructífera”.

    El también diputado por la provincia en la cámara baja ha recordado que en el día de hoy podría estará celebrándose la Mesa del Congreso en la ciudad de Cádiz con motivo del 212 aniversario de la Pepa y ha lamentado el boicot “a esa reunión solemne en el Oratorio de San Felipe que llevaba meses organizándose y que hubiera permitido contar con la presencia de la tercera autoridad del Estado así como los miembros de la Mesa, entre ellos los del PP, que se han negado argumentando lo que solo ellos provocan, crispación”.

    Lo enmarca así en una estrategia de “acoso y derribo al presidente Pedro Sánchez al que tratan de deslegitimar como ya hicieran con Zapatero porque entienden que el poder les pertenece solo a ellos”, así que, en su opinión, “aunque ahora argumenten otra cosa, no es ninguna novedad dentro de ese clima que alimentan”. “Desde luego habría sido incompatible la presencia de los diputados del PP en un homenaje a la Constitución que aprobó la libertad política, que aprobó la libertad de prensa mientras vemos como desde sus filas, Miguel Ángel Rodríguez amenaza con cerrar a un medio como El Diario.es” por la publicación de las irregularidades fiscales de la pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.   

  • El PSOE pide al PP de Cádiz que rompa su silencio ante las denuncias contra el alcalde de Algeciras

    Las actuaciones judiciales contra el alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, por presunto acoso sexual a compañeras de partido han generado controversia y acciones legales que ya están en manos de la Fiscalía y, próximamente, del Tribunal Supremo, debido a la condición de aforado del político. Las acusaciones, que surgieron a partir de conversaciones y capturas de pantalla divulgadas en octubre pasado, han sido elevadas por dirigentes del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal e Isabel Beneroso, quienes, tras recibir información de miembros del PP local, presentaron estas evidencias ante notario. Según explicó Juan Carlos Ruiz Boix, secretario general del PSOE en Cádiz, fue el propio notario quien, al percibir indicios de un posible delito, trasladó la documentación a la Fiscalía, lo que inició el proceso judicial.

    Las actuaciones emprendidas incluyen la formalización de una denuncia ante el Tribunal Supremo por parte de los servicios jurídicos del PSOE de Algeciras y de Andalucía, con el objetivo de que se investiguen los hechos que involucran a Landaluce. Estas acciones han sido confirmadas tras la recopilación de testimonios de miembros del PP algecireño, tanto del actual gobierno local como de anteriores, quienes compartieron su preocupación por las conductas atribuidas al alcalde y presidente local del PP. Las responsables socialistas llevaron dichas conversaciones al ámbito legal, ratificando su contenido ante un notario, quien dio fe pública de la información presentada.

    El secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, lamentó durante una rueda de prensa que, pese a la gravedad del asunto, tanto el PP provincial como el andaluz y el nacional no hayan ofrecido explicaciones ni se hayan pronunciado públicamente. Ruiz Boix señaló específicamente la falta de declaraciones de Bruno García, presidente del PP de Cádiz; Juan Manuel Moreno Bonilla, líder del PP andaluz; y Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP nacional. Según el dirigente socialista, Moreno Bonilla únicamente delegó en Carolina España, portavoz del Gobierno de Andalucía, quien en octubre de 2024 anunció la apertura de un protocolo contra el acoso sexual en el seno del partido, sin que hasta la fecha se conozcan avances o resultados de dicha investigación interna.

    Ruiz Boix se refirió al caso como “una situación de extrema gravedad”, debido a la trayectoria política de Landaluce y su posición como senador. Durante su comparecencia, preguntó si dicho protocolo contra el acoso anunciado por Carolina España ha progresado de alguna manera, señalando que la ciudadanía sigue sin conocer detalles sobre el estado de esta actuación.

    El líder socialista insistió en que el caso no debería ser ignorado ni “tapar” con otros asuntos mediáticos, como la reciente DANA que ha afectado a Valencia. En este sentido, subrayó que las denuncias contra Landaluce han vuelto a estar en el foco de la actualidad tras las recientes acciones legales presentadas por el PSOE de Algeciras, que incluyen la recopilación de pruebas y testimonios llevados a instancias notariales y judiciales.

    Ruiz Boix concluyó manifestando su expectativa de que, en los próximos días, se produzcan declaraciones públicas tanto del PP de Cádiz como de sus líderes a nivel autonómico y nacional, así como una valoración del caso por parte de Alberto Núñez Feijóo, quien además de presidir el partido, ejerce como portavoz del Grupo Popular en el Senado. Según el secretario provincial del PSOE, el caso afecta no solo a la figura del alcalde, sino también a la credibilidad del PP en su conjunto, especialmente tras dos meses y medio de aparente inacción respecto al protocolo antiacoso anunciado previamente.

  • El PSOE pone la emergencia por sequía en la agenda política de la Diputación de Cádiz

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    El PSOE de Cádiz ha situado hoy en la agenda política el problema de la emergencia por sequía que afecta a la provincia al lograr la aprobación en el Pleno de la Diputación de Cádiz para que se inste a la Junta de Andalucía a dotar de apoyo económico a las entidades locales, diputaciones, mancomunidades y consorcios para gastos extraordinarios que permitan resolver, de forma inmediata, los problemas de potabilidad o carencia de agua.

    La primera moción de cuño socialista debatida y aprobada, con los votos a favor de PSOE e IU frente a la abstención de PP y 100 por 100 La Línea, en el primer Pleno ordinario que celebra la Diputación provincial este mandato plantea una de las preocupaciones más grandes que existe en nuestra provincia y es la falta de agua así como la respuesta que deben dar las administraciones ante la situación de los pantanos y embalses en mínimos históricos de su capacidad.

    Ruiz Boix que ha defendido la propuesta que recoge una batería de soluciones desde un plan estratégico al Observatorio del Agua, ha recordado los incumplimientos del Gobierno andaluz con hasta tres obras hidráulicas en la provincia, en Guadalcacín, la comarca de la Janda y también en el Campo de Gibraltar, que a pesar de ser declaradas de interés autonómico en 2020 siguen sin ser ejecutadas. De ahí que haya reclamado a la Junta que cumpla sus compromisos y que invierta en las redes de abastecimiento para que no se produzcan pérdidas. Según el líder socialista, el nivel de ejecución de fondos para solucionar la problemática del agua está por debajo del 15 por ciento porque Moreno Bonilla está más preocupado en mirar hacia Madrid que hacia la Junta.

    El portavoz del PSOE lamenta que “el único argumento del grupo popular haya sido tratar de desviar la responsabilidad que por sus competencias tiene la Junta hacia el Gobierno de España e incluso a los ayuntamientos” y ha reclamado certidumbre para los sectores afectados como la agricultura y la ganadería pero también hacia la ciudadanía que puede verse afectada en menos de un año por restricciones en el servicio de abastecimiento de agua para el consumo. Ruiz Boix considera de justicia la petición de colaboración al Gobierno andaluz para que no pase como sucedió en la pandemia que los ayuntamientos tuvieron que asumir funciones que no les correspondían. Y en cuanto a la presa de Gibralmedina, ha rechazado que el PP trate de situarla como obra de interés general del Estado pretendiendo adjudicarle la ejecución al Gobierno de España y ha recordado que tras dos años el proyecto está listo desde marzo de 2022 y ya deberían de haber iniciado su ejecución.

    Sobre otra emergencia, la climática, el Grupo Socialista a través del diputado Fernando López Gil, ha pedido que quedase sobre la mesa el plan de Actuaciones Integrales de Revitalización de Espacios Públicos (AIRE) para que “sea un planteamiento de todos y no un plan sin fechas, incompleto que no se sabe a quién va dirigido, incongruente y lo que es más importante, sin recorrido presupuestario”. Ante la negativa del equipo de Gobierno “al ofrecimiento sincero” que le hacían desde el Grupo Socialista, López Gil ha lamentado que “la Diputación pierda la oportunidad de brindar apoyo a los ayuntamientos en un asunto tan disruptivo y que se despache en solo 10 páginas una estrategia tan importante para el futuro de ciudades y pueblos que precisarían de un debate más profundo”.

    La segunda moción que los socialistas presentaban en el Pleno también ha sido aprobada de modo que desde la Diputación se reclama a la Junta que dé un paso atrás en el proceso de privatización en el servicio de cocina iniciado por el Gobierno andaluz en FAISEM, la fundación de trabajadores de los centros de salud mental de la provincia. El colectivo cuyos representantes han estado presentes en el salón de plenos ha podido comprobar como la diputada socialista, Carmen Collado, pedía en especial a la diputada responsable del área de Bienestar Social “una mayor sensibilidad y ponerse en la piel de estos usuarios y sus familias, enterarse bien de las necesidades de estas personas”. En la moción además de rechazar el recorte en el servicio de cocina, se le requiere a la Junta que incremente las ayudas destinadas a estos servicios.

    La tercera moción del Grupo Socialista sobre las deficiencias en los centros educativos en este inicio de curso escolar defendida por Ana Carrera ha sido rechazada, “aunque hace seis meses ya se aprobó una de similar contenido y la Junta no ha acometido una sola de las obras que recogía y que eran demanda de los ayuntamientos”, ha recordado la diputada. En su intervención, Carrera ha realizado una radiografía de las carencias que afectan de manera generalizada a todos los municipios gaditanos, incidiendo en que la última obra del plan de infraestructuras se hizo en 2019.

    Qué va a pasar con los planes de cooperación y el DipuInvierte

    A lo largo del transcurso de este primer pleno del mandato, Víctor Mora ha defendido la gestión económica realizada por el equipo de Gobierno anterior “que ha logrado cerrar 2022 con un periodo medio de pago de siete días, con un 90 por ciento de nivel de ejecución de los programas, 44 millones de superávit y 75 millones de remanente de tesorería”. “Un legado económico” por el que ha dado las gracias al equipo técnico que ha colaborado en dicha gestión.

    Precisamente esos números positivos permitirían al actual Gobierno del PP y La Línea 100 por 100 mantener “una línea continuista” como han prometido desde el área de Asistencia a Municipios en el plan de Cooperación a requerimiento del diputado Javier Ruiz Arana quien ha advertido de que “espera que se mantenga la decisión del suprimir el cargo financiero de estos planes a los ayuntamientos como hacía el Gobierno del PSOE y que esos más de 40 millones sigan destinándose en 2024 sobre todo a los municipios pequeños”.

    Otro plan estrella de la gestión socialista, Dipuinvierte, no parece que vaya a correr la misma suerte. Ruiz Boix ha denunciado que 48 minutos antes de que diera comienzo la sesión plenaria, el equipo de Gobierno ha presentado un plan en el que “PP y 100 por 100 La Línea se reparten el 93,88 por ciento de los 31,5 millones de inversión prevista para el año próximo mientras que los 16 municipios gobernados por el PSOE y los 9 de IU solo alcanzan un 6,12 por ciento de esos fondos”. Lo ha calificado de “golfada” y anuncia que desde el Grupo Socialista se emprenderán acciones legales pues el reparto no responde a los criterios para los que está diseñado el programa. “Los municipios de menos de 20.000 habitantes reciben menos del 5 por ciento, los de menos de 50.000 el 7,77 por ciento, adjudicándose los de más de 50.000 habitantes el 92,22 por ciento”, ha precisado, criticando “este atraco a la bolsa común realizado con alevosía por el que tendrán que responder”.

    Un primer pleno en el que también se han estrenado interviniendo otros diputados socialistas como Oscar Torres que ha defendido la necesidad de trabajar en pro de la igualdad en lo que respecta al deporte femenino “que no es una moda”, planteando una discriminación positiva hasta que las mujeres tengan las mismas posibilidades y para ello, considera esencial dotarlas de más recursos económicos y humanos lo que se hace patente desde las administraciones entre estas también la propia Diputación. Javier Pizarro por su parte, ha replicado al PP que ha puesto en cuestión el compromiso del Gobierno de España con el campo andaluz detallando una lista de inversiones y datos. “Presentan una moción vacía de contenido en la que la única defensa que hacen del sector es atacando al Gobierno de España, pero no dan datos de la Junta que tiene competencias por ejemplo el nuevo PDR o las obras hidráulicas con 568 obras que nadie sabe dónde están ejecutadas”, ha alegado.

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