Este miércoles, Izquierda Unida presentará una moción ante la Diputación de Cádiz en un acto de solidaridad con el pueblo palestino, en respuesta a la intensificación del conflicto desde el 7 de septiembre, donde Israel ha sido acusado de llevar a cabo una "guerra de ocupación desproporcionada" resultando en miles de muertes inocentes. La moción surge en un contexto donde las autoridades palestinas han declarado la guerra por primera vez desde 1973, subrayando la lucha de 75 años del pueblo palestino bajo ocupación.

El portavoz de Izquierda Unida en la Diputación, Ramón Galán, defenderá la moción que busca el respaldo provincial a la causa palestina. La iniciativa pide una condena firme a la guerra de ocupación de Israel, el asesinato de civiles por ambos bandos, y el cumplimiento de las resoluciones de la ONU, incluyendo el reconocimiento de las fronteras de 1967.

Además, la moción insta al Gobierno de España a tomar acciones concretas: enviar ayuda humanitaria a Gaza, sometida a una "brutal represión israelí"; reconocer el Estado de Palestina; mediar internacionalmente para poner fin a la guerra; exigir un alto el fuego inmediato y permanente; imponer un embargo en el comercio de armas con Israel, y apoyar la investigación de la Corte Penal Internacional sobre Palestina, similar a la realizada sobre Ucrania.

El diputado Galán enfatiza la situación crítica de la Franja de Gaza, descrita como "una enorme cárcel al aire libre" donde 2.4 millones de palestinos viven sin condiciones básicas para una vida digna, atribuyendo la responsabilidad al bloqueo impuesto por Israel desde 2007. Esta moción de Izquierda Unida en Cádiz refleja un esfuerzo significativo por parte de la política local para influir en la política internacional y humanitaria, marcando una postura firme en uno de los conflictos más prolongados y complejos del mundo contemporáneo.

Izquierda Unida, a través de su coordinador provincial en Cádiz, ha realizado una primera valoración del borrador de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, presentado recientemente por representantes autonómicos, poniendo en cuestión la gestión de estos fondos. Según ha señalado el coordinador provincial, “lo primero que habría que preguntarse es por qué 15.000 millones de euros no se han ejecutado de los presupuestos andaluces de 2024”.

A falta de un estudio detallado de las partidas específicas para la provincia de Cádiz, el dirigente ha expresado su inquietud por la situación actual, basada en la falta de ejecución de los fondos previstos para el año 2024. Según explica, “qué podemos opinar de una propuesta de presupuestos de la que sabemos que más del 30% del mismo no se ejecuta". En esta línea, Izquierda Unida se pregunta sobre “cuántos de los 400 millones de euros que van destinados a la provincia de Cádiz no se van a ejecutar y cuántos no se han ejecutado en 2024”.

En cuanto a la ejecución de los programas y planes, el coordinador ha lamentado que la provincia cuente con apenas un 6% de ejecución de los planes de empleo establecidos por la Junta de Andalucía para el año en curso y con un 26% de ejecución en los planes de vivienda. Señala que este último aspecto es "un debate de los más importantes que hay en esta provincia y que la Junta de Andalucía, no sólo no presupuesta, sino que no ejecuta”.

Al analizar las partidas propuestas para infraestructuras esenciales en la provincia, el dirigente de Izquierda Unida ha calificado como insuficientes los 800.000 euros que la Junta de Andalucía destina al proyecto de ejecución del nuevo hospital de Cádiz. En palabras del coordinador provincial, “que plantee 800.000 euros para el proyecto de ejecución del nuevo hospital de Cádiz es volver a tomarle el pelo a los gaditanos y las gaditanas, con ese dinero no hay ni para licitar el proyecto del nuevo hospital”.

Además, ha mencionado otros proyectos en una situación similar, como la 'Ciudad de la Justicia', subrayando que “prácticamente lo que hace es picotear, decir que va a ejecutar los proyectos, pero no ha ejecutado ni un solo céntimo de las obras”. En este contexto, el coordinador ha instado al alcalde de Cádiz, Bruno García, a “defender un poco los intereses de los gaditanos y gaditanas”.

Finalmente, el dirigente de Izquierda Unida ha criticado que los presupuestos autonómicos estén “repletos” de propuestas de redacción de proyectos y licitaciones, observando que “de redacciones de proyectos tiene la Junta de Andalucía millones de euros en los cajones, de proyectos que se han quedado obsoletos porque no han sido ejecutados”.

La Red de Feminismo de IU Cádiz ha promovido políticas transversales para combatir el machismo, destacando que este problema se encuentra presente “en todos los ámbitos”, incluyendo colegios, familias, entornos políticos y otros espacios sociales. Según señaló Alba Zambrano, responsable provincial de la Red, esta problemática conduce a diversas formas de violencia contra las mujeres. Estas declaraciones se realizaron en la sede provincial de Izquierda Unida en Cádiz, en el marco de las actividades relacionadas con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres (25N).

Alba Zambrano estuvo acompañada por media docena de integrantes del área de Feminismo de IU Cádiz, muchas de ellas con cargos públicos en localidades de la provincia. Durante su intervención, enfatizó que “el feminismo es la única solución para combatir tanto el machismo como la violencia contra las mujeres”, instando a las instituciones a incorporar medidas feministas en sus agendas. “Hacemos una apelación a todas las instituciones para que se tomen medidas feministas y se tenga una agenda feminista en todas y cada una de ellas”, subrayó.

En su discurso, Zambrano abordó los datos de violencia contra las mujeres en España, destacando que este año han sido asesinadas 40 mujeres, y que Andalucía se posiciona como la segunda comunidad con más víctimas. Además, mencionó otras formas de violencia machista como la violencia vicaria y las violencias sexuales que afectan a mujeres y niñas. Según afirmó, “esto es un claro ejemplo de que debemos seguir apostando por políticas feministas y tomando medidas desde todas las instituciones”. Asimismo, destacó el papel de los ayuntamientos como las instituciones más cercanas a la ciudadanía para abordar estas problemáticas.

La portavoz resaltó que Izquierda Unida ya está trabajando en este sentido. Como ejemplo, mencionó la III Escuela Feminista de IU Cádiz, celebrada el pasado fin de semana en Rota, donde se llevó a cabo el taller 'Identificación de las conductas machistas', con el objetivo de construir espacios feministas, cómodos y seguros, empezando por la propia organización.

Bajo el lema '¡Que la vergüenza cambie de bando!', las asistentes a la convocatoria realizaron la lectura del Manifiesto 25N de la Red Feminista de Izquierda Unida, reafirmando su compromiso con la lucha feminista.

Entre las asistentes destacaron Ana Medina, portavoz municipal de IU en Olvera y vicepresidenta de la Mancomunidad de la Sierra; Nazaret Ramírez y Lorena Díaz, concejalas de IU y delegadas de Gobierno en el Ayuntamiento de Puerto Real; Susana Rivas, concejala de IU en Chiclana y delegada del Gobierno municipal; Violeta Márquez, responsable provincial de Comunicación de IU Cádiz; y Anabel Moreno, coordinadora local de IU en Conil y concejala en el municipio.

Izquierda Unida (IU) en Cádiz ha solicitado al Partido Popular (PP) que acepte las 598 enmiendas parciales presentadas por el grupo parlamentario Por Andalucía a los Presupuestos de la Junta de Andalucía (PJA) para 2025. Estas enmiendas movilizarían 12.468 millones de euros en toda Andalucía, con un impacto de 1.833 millones de euros destinado exclusivamente a la provincia de Cádiz. Según Jorge Rodríguez, coordinador provincial de IU, estas propuestas son fundamentales para abordar las múltiples necesidades de la provincia, que van desde mejoras en servicios públicos como sanidad y educación hasta inversiones en infraestructuras, vivienda, transporte y políticas sociales.

Rodríguez lamentó que los presupuestos andaluces hayan dejado fuera proyectos esenciales para la provincia, como la ampliación y mejora del Hospital Puerta del Mar, la construcción de un nuevo centro de salud en La Cucarela (Chiclana) y en la Barriada de la Paz (Cádiz), además de un hospital público en la Sierra de Cádiz. También destacó la ausencia de partidas para el desdoble de la carretera A-384 entre Jerez y Antequera, la inversión en planes de empleo y el apoyo a municipios rurales que enfrentan despoblación. Asimismo, criticó la falta de recursos para incrementar las plantillas de funcionarios que tramitan la Ley de Dependencia, donde las listas de espera superan los dos años, y la carencia de medidas para contratar más de 1.200 sanitarios en hospitales públicos de la provincia con una inversión de 90 millones de euros.

En un análisis inicial de las enmiendas, IU resaltó que 799 millones de euros se destinarían al refuerzo estructural de servicios públicos esenciales de competencia autonómica, como sanidad, educación y derechos sociales. Esto incluye 276 millones de euros para aumentar las plantillas y mejorar las condiciones laborales, permitiendo la contratación de 1.764 sanitarios adicionales, 1.323 docentes (de los cuales 735 especializados en atención a la diversidad), 514 trabajadores para agilizar trámites sociales y 735 profesionales del servicio INFOCA. Además, las enmiendas prevén 88 millones de euros para recuperar servicios externalizados, como transporte sanitario, emergencias y Salud Responde.

En materia de vivienda, se han solicitado 101 millones de euros para la promoción de 4.412 viviendas públicas en la provincia de Cádiz. En cuanto a empleo, las enmiendas contemplan 125 millones de euros para un plan dirigido a jóvenes, mujeres y desempleados de larga duración, gestionado a través de los ayuntamientos. Para la lucha contra la pobreza, se proponen 146 millones de euros, incluyendo un Plan para la Erradicación de la Pobreza en Andalucía y el refuerzo de la Renta Mínima de Inserción.

En movilidad sostenible, se plantean 161 millones de euros para el fortalecimiento de los consorcios de transporte, un plan de recuperación del ferrocarril y el desarrollo de un ambicioso plan de carreteras para la provincia. Dentro del capítulo de infraestructuras, se destinan 644 millones de euros al desdoble de la carretera A-384 entre Arcos de la Frontera y Antequera. También se proponen proyectos como la transformación de la Carretera de los Barrancos en Chiclana, mejoras en la carretera A-2302 entre Benaocaz y Villaluenga del Rosario con 75.000 euros y 37 millones de euros para el arreglo de caminos vecinales y carreteras locales.

Para la Universidad de Cádiz, las enmiendas incluyen 25,4 millones de euros destinados tanto al incremento de su financiación ordinaria como a la recuperación de los recortes aplicados en años anteriores. En educación, las propuestas incluyen la construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria en Chiclana, un nuevo colegio en la barriada de Astilleros en Cádiz y la reforma del CEIP Miguel de Cervantes en Olvera.

Otras partidas destacadas incluyen 66 millones de euros para mejorar instalaciones judiciales, 88 millones de euros para infraestructuras de agua y saneamiento, 30 millones de euros para la recuperación del patrimonio histórico y cultural, y otros 30 millones de euros para la preservación del patrimonio natural en la provincia. En el ámbito de movilidad, se plantean 10 millones de euros para estudiar la viabilidad de una línea férrea en la Costa Noroeste, 600.000 euros para un estudio sobre la creación de una línea marítima Cádiz-Huelva y 22 millones de euros para ampliar los consorcios provinciales de transporte.

Finalmente, Jorge Rodríguez ha instado a Bruno García, presidente provincial del PP y alcalde de Cádiz, a que actúe en defensa de la provincia y reclame a la Junta de Andalucía que no deje a Cádiz fuera de las inversiones contempladas en los presupuestos para el próximo año, subrayando que estas medidas son necesarias para arraigar a la población en el territorio y frenar la despoblación en los municipios rurales.

La dirección provincial de Izquierda Unida en Cádiz ha mostrado su apoyo al manifiesto 'Por la Construcción Naval en el Astillero de Puerto Real', elaborado por el comité de empresa de la factoría. En este documento, se solicita un aumento de la carga de trabajo en el ámbito de la construcción civil naval en la planta de Puerto Real, así como inversiones en nuevas tecnologías y la creación de nuevos perfiles profesionales que generen oportunidades laborales en la Bahía de Cádiz y en el resto de la provincia.

Durante un encuentro entre la dirección política de IU Cádiz y el comité de empresa de Navantia Puerto Real, el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, trasladó al presidente del comité, Arturo Martínez, el "respaldo de IU, sin ningún tipo de fisuras, a la necesidad de apostar por la industria en la Bahía" y en particular, a que "en los astilleros de Puerto Real se sigan construyendo barcos, actividad para la que la provincia de Cádiz es referente a nivel internacional".

El presidente del comité de empresa expresó la preocupación y el temor de la plantilla ante el cambio de rumbo que está tomando la dirección de la empresa. Según indicó, se está dejando de apostar por la construcción civil y se están abandonando las instalaciones destinadas a este fin, mientras se prioriza la construcción de plataformas eólicas marinas como actividad principal.

Por su parte, Jorge Rodríguez ha subrayado que el Estado, a través de la SEPI, tiene la responsabilidad de apoyar a la industria en la Bahía de Cádiz. Se ha mostrado "totalmente conforme" con las demandas del comité y ha señalado que "el manifiesto pone negro sobre blanco en la posibilidad de diversificar sin necesidad de hacer incompatible la construcción de barcos civiles con el desarrollo de estructuras 'off shore', de aerogeneradores que se puedan construir en estas instalaciones".

Rodríguez ha hecho un llamamiento a "los poderes públicos, para que hagan una inversión importante, mejoren la carga de trabajo y pongan en valor unas instalaciones y un sector profesional que tanta riqueza ha dado en el pasado en la provincia de Cádiz y especialmente, en la Bahía". Ha reafirmado el apoyo "con rotundidad y respaldo absoluto" de IU a este manifiesto, considerando que es un sector que "puede producir empleo de calidad".

El responsable provincial de IU ha valorado "muy positivamente" la iniciativa del comité de empresa de buscar apoyos a nivel institucional y social. "Desde IU agradecemos esta propuesta y vamos a estar apoyándola en todas las instituciones", aseguró. IU Cádiz comparte plenamente las demandas de la plantilla de Puerto Real, que incluyen la consecución de nuevos contratos civiles y la creación de nuevos perfiles profesionales, mejorando los vínculos entre empresas e instituciones educativas y colegiadas para desarrollar planes formativos que cubran estos puestos.

Finalmente, el coordinador de IU Cádiz destacó la oportunidad de convertir al Astillero de Puerto Real y a la Bahía de Cádiz en un polo de atracción de talento e innovación en la industria de la construcción naval, impulsando inversiones y mejoras en las instalaciones para hacerlas más competitivas y posicionarlas a nivel internacional.

Izquierda Unida (IU) ha logrado un importante respaldo en la Diputación de Cádiz para sus mociones relacionadas con la mejora de la atención pediátrica en Ubrique y contra el acoso o bullying. El diputado provincial de IU, Ramón Galán, destacó la importancia del apoyo civil en Ubrique en la lucha por una sanidad pública de calidad. Galán se mostró "muy satisfecho" con la aprobación de ambas mociones, que recibieron votos a favor de IU y PSOE, y la abstención de PP y 100x100 La Línea.

La primera moción insta a la Junta de Andalucía a asegurar el pleno funcionamiento de las dos consultas de pediatría en Ubrique. También se apela a la realización del Control del Niño Sano para todos los niños y niñas del municipio y el derivamiento al Centro Infantil de Atención Temprana (CAIT) cuando sea necesario.

Galán recriminó la pugna constante entre PSOE y PP en torno a la sanidad pública y la privada. "En los pilares básicos del estado de bienestar no caben medias tintas", afirmó. El diputado también puso de manifiesto que la sanidad en la Sierra de Cádiz se enfrenta a crecientes "conciertos con la sanidad privada", siendo el hospital privado concertado de Villamartín el principal hospital de referencia en la zona.

En cuanto al acoso escolar, IU celebró la unanimidad alcanzada en la moción contra el bullying. Se insta a la Junta de Andalucía y al Estado a tomar medidas contra esta lacra que afecta a la infancia y la adolescencia. Esta moción surgió como resultado de las demandas presentadas a IU por la Asociación Anti Bullying de Sanlúcar de Barrameda (ABSA).

Galán concluyó subrayando que "tenemos que apostar desde la administración pública por la sanidad pública y no caben medias tintas ni echarnos en cara si es el PSOE o el PP, porque lo que los ciudadanos quieren es que las listas de espera disminuyan y que los tratamientos como los del cáncer de mama sean desde la pública".

Jorge Rodríguez, coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, ha calificado de "provocación" los nuevos acuerdos marco sacados a licitación por la Junta de Andalucía, dirigida por Juanma Moreno, para derivar a pacientes en listas de espera a clínicas y centros sanitarios privados. Rodríguez critica que se destinarán más de 700 millones de euros de fondos públicos a la sanidad privada en Andalucía.

Según el dirigente, la Junta de Andalucía aportará 734,4 millones de euros en total: 533,1 millones para abordar intervenciones quirúrgicas pendientes y 201,1 millones para pruebas diagnósticas aún por realizar. "Y todo esto con el objetivo de bajar las listas de espera que se demoran de forma estrepitosa", apunta Rodríguez.

El coordinador provincial lamenta que esta medida llegue en un contexto en que "se cierran centros de salud, no existen pediatras en Andalucía, se desmantela la Atención Primaria y los centros hospitalarios de Andalucía, y aumenta la financiación a través de Clínicas Pascual de dinero público".

Rodríguez añade que no se trata de una acción aislada, sino de una política más amplia. "El Partido Popular se ha quitado la careta en esta legislatura y está marcando el ritmo de una derecha rancia y conservadora que está cargándose la sanidad de los andaluces y las andaluzas", afirma.

Sin detalles concretos sobre cómo estos acuerdos afectarán a la provincia de Cádiz, Rodríguez señala que "Izquierda Unida estará atenta; el modus operandi ya sabemos cuál es, adelgazar la sanidad pública para terminar privatizándolo todo".

El coordinador provincial hizo también un llamamiento a la población, y en especial a los trabajadores de la sanidad pública, a movilizarse este mes de octubre. "Hacemos un llamamiento para salir a la calle y secundar el que va a hacer la Marea Blanca, en la que estará IU con toda su militancia y cargos públicos", aseguró.

Por último, Rodríguez subrayó que la situación se agrava con el cese de miles de interinos del Servicio Andaluz de Salud en estos días. "Estamos horrorizados y escandalizados", concluyó.

Izquierda Unida defenderá este miércoles en el Pleno de la Diputación de Cádiz una moción en favor del reconocimiento laboral y la mejora de las condiciones de trabajo de las camareras de piso. El diputado provincial de Izquierda Unida Cádiz, Ramón Galán, solicitará el respaldo del resto de grupos políticos a la proposición que insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a establecer la jubilación anticipada para las camareras de piso.

La moción también insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a incluir las enfermedades que reclaman las camareras de piso como enfermedades profesionales. Además, Izquierda Unida solicita a la Consejería de Turismo y a la de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía la aprobación de una ley que obligue a los hoteles a establecer métodos más justos para medir el tiempo de trabajo de las camareras de piso.

Ramón Galán afirma que "ha llegado la hora de acabar con la precariedad que soportan estas trabajadoras, con trabajos a destajo generalizado, un nivel de estrés enorme y que encima sufren dolencias derivadas de su actividad que ni siquiera se les reconoce como enfermedad profesional si no es tras un proceso judicial". El diputado destaca que casi el 80% de los empleos no cualificados del sector servicios -excepto el transporte- están ocupados por mujeres, y el colectivo de camareras de piso es uno de estos puestos cuya actividad está "invisibilizada" y sufre una "enorme precariedad".

La moción de Izquierda Unida refleja algunas de las principales reivindicaciones del colectivo de camareras de piso, entre las que se incluye acabar con el trabajo a destajo, que provoca situaciones de mucho estrés. En el documento se señala que "muy al contrario de lo que ocurre en el sector de la construcción, sector altamente masculinizado, en el que el destajo supone una mayor remuneración por su trabajo, para las camareras de piso el destajo es la forma habitual y requerida para cobrar el salario base; ellas tienen que hacer un alto número de habitaciones por jornada laboral más las entradas o salidas que haya en el día, más los espacios comunes. En definitiva, están sobrecargadas y reclaman un cambio en la forma de medir su tiempo de trabajo".

El diputado de Izquierda Unida menciona una experiencia en el Gobierno de Baleares, que ha introducido la obligatoriedad de los hoteles de constituir un grupo de trabajo que desarrollará los métodos para medir el tiempo de trabajo de las trabajadoras en cada centro, formados por representantes de la empresa, de los trabajadores, y representantes de los servicios de prevención. Esta medida, que se recoge como requisito obligatorio en el Convenio Colectivo de Hostelería aplicable, "permite garantizar la salud laboral de las 20.000 camareras de piso que trabajan en los hoteles de las islas", señala Galán.

Por otro lado, la moción hace referencia al nivel de estrés que soportan estas trabajadoras a lo largo de su vida laboral, y a los efectos de los productos que utilizan, lo que hace que "a partir de una edad, estas mujeres no soporten la carga de trabajo y sufran a menudo situaciones de enfermedad y, por tanto, aumenta el absentismo por IT. Por eso es bastante más razonable adelantar la edad de jubilación, porque sus cuerpos están dañados y no pueden mantener ese ritmo a cierta edad".

Finalmente, Galán se hace eco de la denuncia de las camareras de piso respecto a las enfermedades profesionales no reconocidas, salvo si emprenden antes una demanda judicial para lograr que se les reconozca. "Es muy injusto, además de costoso, tener que acudir a juicio para conseguir que una enfermedad generada por la actividad profesional sea reconocida como enfermedad profesional por sentencia judicial una y otra vez. Lo lógico y lo que suele ocurrir en otras profesiones, es que cuando una enfermedad se repite constantemente en una actividad sea calificada directamente como enfermedad profesional, lo que además de facilitar los procesos de las trabajadoras enfermas, facilita también que se tomen las medidas oportunas desde los servicios de Salud y Prevención de riesgos laborales", destaca la moción.

El diputado de Izquierda Unida Cádiz espera contar con el apoyo de todos los grupos provinciales en favor de este colectivo eminentemente feminizado y precarizado.

Jorge Rodríguez, coordinador provincial de IU en la provincia de Cádiz, ha acusado a la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía de escudarse en cifras de gasto globales para ocultar una realidad: "el desvío de más de mil millones de euros al mantenimiento de unos conciertos a todas luces innecesarios".

Rodríguez también acusa a la Junta de tergiversar el concepto de ratio."No podemos hablar de bajada de ratio solamente porque el número de niños y niñas matriculados haya descendido". Para Rodríguez, el concepto "bajada de ratio" corresponde a "una medida más compleja, que debe regularse normativamente; reduciendo de forma legal el número de alumnos y alumnas que cada docente atiende en un aula. Ahora, es cierto, hay clases con muy pocos niños, pero otras que incluso superan, como han denunciado reiteradamente las organizaciones sindicales, la ratio legal establecida".
Para IU, "planificar es un deber legal y ético de los gestores públicos. Y planificar significa asignar los recursos a las necesidades. Hoy por hoy, los hechos lo demuestran, es innecesario mantener unos conciertos con empresas privadas educativas cuando la red pública puede atender la demanda", apunta el coordinador provincial..
Para la organización de izquierdas, una planificación democrática y dialogada permitiría que esta transición fuera lo menos traumática posible, especialmente para las familias y para los trabajadores y trabajadoras de estos centros.

Además, apunta que esta supresión de conciertos permitiría "la contratación de más profesionales para los centros, una de las peticiones más demandadas por familias y profesorado, lo que redundaría en una mejor atención a un alumnado cada vez más diverso y avanzar hacia una auténtica inclusión de los niños y niñas con necesidades especiales, tal como marca la legislación vigente".

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Jorge Rodríguez, ha calificado hoy de “tomadura de pelo” la actitud de la Junta de Andalucía con los jóvenes andaluces en la tramitación del Bono Joven de Alquiler. El responsable provincial, que se ha sumado a la concentración convocada hoy en Cádiz por la Plataforma de Afectados por la gestión del Bono Joven de Alquiler en Andalucía junto a la responsable provincial de Acción Política de IU, Ana Medina, critica que “los 1.800 gaditanos y gaditanas -más de 17.000 en toda Andalucía- que pudieron registrar su solicitud después de muchas trabas, siguen esperando a que se resuelvan los expedientes y a que la Junta de Andalucía realice los pagos de unas cantidades que les pertenece”.

Tras intercambiar impresiones con la portavoz de la plataforma, Cristina Gutiérrez, Rodríguez ha recordado que se trata de “una ayuda que aprueba el Gobierno de España en enero de 2022 y que la Junta de Andalucía no pone en marcha la convocatoria hasta noviembre de ese mismo año, diez meses después, con una clara intencionalidad de retrasar lo máximo posible esas ayudas”. Además, afirma Rodríguez que la Junta “pone en marcha el programa sin aportar ni un solo céntimo, puesto que la convocatoria permitía la cofinanciación de las comunidades autónomas, y no sólo no se ha cofinanciado, sino que se han puesto todas las trabas posibles”. En este sentido, se ha sumado a la petición de los jóvenes de dimisión de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, por “haber arruinado la vida de miles de jóvenes en Andalucía, engañándoles, al meterse en un alquiler con una posible ayuda de 250 euros durante 24 meses y dos años después no ha llegado ni un solo céntimo”.

Denuncia asimismo IU que, durante la tramitación del programa de Bono Joven de Alquiler, la Junta está incurriendo en numerosas irregularidades; entre ellas, critica Rodríguez que “no se ha publicado resolución aceptando y denegando las solicitudes que los jóvenes de Cádiz han hecho, así que no sabemos cuál es el criterio de esos pagos que se están haciendo con carácter retroactivo”.

Por otro lado, se pregunta el coordinador provincial “si estos pagos están cumpliendo la función de estas ayudas llegando dos años después a las cuentas corrientes de los jóvenes” o si “se está poniendo de verdad sobre la mesa los problemas de acceso al alquiler de los jóvenes”. 

La dirección provincial de Izquierda Unida ha hecho un llamamiento a los gobiernos de la Diputación de Cádiz, de la Junta de Andalucía y del Gobierno central, solicitando la creación de un fondo de contingencia para los municipios de la provincia de Cádiz afectados por el fuerte temporal `Bernard´ que se desató el pasado domingo 22 de octubre.

Jorge Rodríguez, coordinador provincial de Izquierda Unida, ha destacado la magnitud de los daños causados por la tormenta, que trajo vientos que superaron en numerosas áreas los 100 km/hora. Estos vientos causaron múltiples destrozos y cortes en servicios públicos. Rodríguez considera vital que las tres administraciones establezcan con urgencia este fondo para ayudar, en especial, a los pequeños municipios a recuperar las infraestructuras dañadas, tales como centros escolares, caminos públicos, parques y jardines.

A su vez, Rodríguez insta a que se realice una evaluación de los daños en cada territorio y que “se activen los recursos necesarios para que los municipios afectados puedan remediar los daños y restablecer los servicios públicos lo más pronto posible”.

Ramón Galán, diputado provincial de IU Cádiz y alcalde de Trebujena, ha anunciado que presentará esta solicitud ante la Diputación Provincial de Cádiz. Galán ha subrayado la importancia de movilizar fondos con celeridad para atender los numerosos daños que han sufrido los municipios. Asimismo, ha mantenido contactos con Mercedes Colombo, delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, y con miembros del gobierno provincial en la Diputación gaditana, recalcando la urgencia de habilitar estos fondos. Según Galán, “los ayuntamientos contamos con los recursos actuales para mantener los servicios, pero no para enfrentar una situación como la experimentada ayer, que ha dejado una marca profunda en muchos pueblos”.

La Coordinadora Provincial de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista – PSOE – Cádiz, convocó una reunión de urgencia el 9 de noviembre de 2023, ante los recientes sucesos que sacuden a España, atribuidos a lo que describen como intentos de desestabilización por parte de la derecha ultra y la ultra derecha.

Este encuentro surge como respuesta a la agresión sufrida por Víctor Mora, Secretario Local del PSOE de Sanlúcar de Barrameda. Desde Izquierda Socialista expresan su "más enérgica repulsa" al incidente y se solidarizan con todas las personas afectadas por actitudes similares.

La coordinadora enfatiza la importancia de una investigación rápida y exhaustiva del incidente, subrayando la necesidad de una respuesta judicial urgente. Su objetivo: frenar lo que consideran un clima de odio fomentado por las fuerzas políticas de la derecha ultra y la ultra derecha en España.

Según el comunicado de la coordinadora, estas acciones buscan "doblegar la voluntad de lo votado democráticamente por la ciudadanía de España", una declaración que resalta la gravedad percibida de la situación y la urgencia de su resolución. La solidaridad y la condena por parte de Izquierda Socialista reflejan su compromiso con la protección del orden democrático frente a lo que interpretan como tácticas intimidatorias y antidemocráticas.

Izquierda Unida en la Diputación de Cádiz presentará una proposición en el Pleno ordinario de la institución para reclamar a la Junta de Andalucía la apertura inmediata de Centros de Crisis 24 horas para la atención a Víctimas de Violencia Sexual en todas las provincias andaluzas. La formación explica que estos centros están contemplados en la Ley de Libertad Sexual de 2022, que obliga a cada provincia y ciudad autónoma a contar con uno de estos centros.

El diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, destacó que el plazo original de seis meses establecido en la ley fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2023, aunque señaló que “en otras comunidades autónomas estos centros han empezado a funcionar, en Andalucía no hay actualmente ninguno operativo”. Además, IU denuncia que Andalucía ha recibido hasta la fecha 12,3 millones de euros del Gobierno central para este fin sin haber destinado ningún recurso a estos centros.

Izquierda Unida recuerda que el artículo 35 de la Ley de Libertad Sexual establece que estos centros deben ofrecer “servicios de atención psicológica, jurídica y social” y que, además, bajo criterios de urgencia y atención continua, brindarán “apoyo y asistencia en situaciones de crisis para las víctimas y sus familias y personas del entorno”, incluyendo el “acompañamiento e información telefónica y presencial las 24 horas del día todos los días del año”.

IU respalda su solicitud con datos del 'Informe sobre delitos contra la libertad sexual en España 2023', elaborado por el Ministerio del Interior, que indica que Andalucía fue la segunda comunidad autónoma con más delitos de este tipo, alcanzando los 3.473 casos, solo por detrás de Cataluña. En la provincia de Cádiz se reportaron 483 casos de víctimas de violencia sexual en 2023. Asimismo, el Instituto Andaluz de la Mujer atendió a 660 víctimas de violencia sexual en el mismo año.

Complementariamente, Izquierda Unida presentará una segunda moción en el Pleno, en la que insta al Gobierno de España a revisar la denegación de asilo a activistas saharauis retenidos en el aeropuerto de Madrid-Barajas, solicitando que se garantice una evaluación justa y transparente de sus solicitudes. En esta moción, IU pide que se tomen “las medidas necesarias para asegurar que se respeten los derechos humanos de los solicitantes de asilo saharauis, especialmente aquellos que alegan persecución política y/o tortura” y que “mientras se adoptan estas medidas, no se proceda a su devolución a Marruecos, asegurando su estancia en España en condiciones de salubridad adecuada, digna y sin malos tratos”.

Izquierda Unida expone que el Ministerio del Interior ha rechazado la entrada de varios activistas en situaciones de vulnerabilidad, como Ali Hammou, activista sordomudo en tratamiento de cáncer, y Mohamed Ali Slimani, junto a su familia. También se denunció el caso de Mohamed Bachir, a quien se asignó un intérprete marroquí que no hablaba el dialecto correcto, lo que, según IU, violó su derecho a una representación justa.

El diputado provincial Ramón Galán manifestó que “alrededor de 30 activistas saharauis han iniciado una huelga de hambre en el aeropuerto de Madrid-Barajas tras la negativa del Ministerio del Interior a concederles asilo”. Según Galán, estos activistas alegan ser perseguidos políticos y temen por su seguridad si son devueltos a Marruecos. Además, se denuncia que están retenidos en condiciones insalubres y solicitan que sus peticiones de asilo sean evaluadas de manera individual, ya que consideran que han sido rechazadas de forma generalizada. Activistas y familiares también han realizado protestas frente a la sede del Ministerio del Interior para exigir justicia.

Galán agregó que, desde 1975, Marruecos incumple el derecho internacional con la ocupación del Sáhara Occidental, y señaló que “España tiene responsabilidades jurídicas y políticas en tanto en cuanto es potencia descolonizadora”, lo cual, según IU, obliga al Gobierno español a actuar frente a las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental.

Izquierda Unida ha anunciado que llevará al próximo Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz una pregunta sobre los planes del Gobierno provincial en el área de Servicios Sociales, con especial interés en las residencias de mayores ubicadas en Cádiz, El Puerto de Santa María y La Línea de la Concepción, de titularidad provincial. Así lo ha comunicado Ramón Galán, diputado provincial de IU, al Comité del Personal Laboral de la Diputación en una reunión celebrada en Cádiz el 11 de diciembre de 2024. En el encuentro participaron también Jorge Rodríguez, coordinador provincial de IU Cádiz, y Anabel Moreno, miembro del área de Acción Política de la organización.

Galán denunció que la única información disponible sobre el proyecto de creación de un ente autónomo para la gestión de estos servicios ha llegado a través de los medios de comunicación, sin comunicación oficial a los grupos de la oposición. El diputado expresó su preocupación, compartida por los trabajadores, sobre el riesgo de que dicho ente sea "la antesala de futuras privatizaciones", afectando la gestión integral de las residencias o externalizando servicios como cocina y limpieza. Jorge Rodríguez enfatizó que es fundamental mantener el carácter público de estos servicios para garantizar su calidad.

Por su parte, María del Valle Fernández, presidenta del Comité del Personal Laboral, manifestó su rechazo a que la creación de este ente autónomo esté motivada por un "ahorro económico". Argumentó que dicha medida podría deteriorar la calidad asistencial al reducir salarios y personal. Fernández destacó la paradoja de que este plan se proponga mientras la Diputación cuenta con un superávit de 44,5 millones de euros y destina recursos a otras áreas como el Cádiz CF. Añadió que los 400 trabajadores actuales de los Servicios Sociales, incluyendo 200 en las residencias, serían reubicados si el ente autónomo se implementa.

La dirección provincial de IU Cádiz se comprometió a vigilar de cerca las acciones del Gobierno provincial para garantizar que los servicios sociales, considerados esenciales, permanezcan bajo gestión pública. Representantes de CCOO y CSIF también asistieron a la reunión, reforzando la postura de oposición al proyecto.

Izquierda Unida ha mostrado su satisfacción por la aprobación de dos mociones presentadas en el Pleno provincial celebrado en la Diputación de Cádiz. Las mociones abogan por la mejora de las condiciones laborales de las camareras de piso de la hostelería gaditana y por el cumplimiento de las leyes de Memoria de Andalucía y del Estado. Ambas mociones fueron aprobadas por unanimidad, excepto uno de los puntos relativos a las camareras de piso que tuvo el voto en contra del Partido Popular.

El diputado provincial de Izquierda Unida Cádiz, Ramón Galán, expresó que es “de justicia” reconocer la labor de las camareras de piso en el sector de la hostelería gaditana, especialmente ahora, “a las puertas del verano”. Galán destacó la precariedad y la invisibilidad de este colectivo y subrayó la importancia de que su voz sea escuchada en la Diputación y obtenga el respaldo de todos los grupos.

La moción sobre las camareras de piso insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a establecer la jubilación anticipada para este colectivo y a incluir sus enfermedades como profesionales. Sin embargo, un punto que pedía a la Consejería de Turismo y a la de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía aprobar una ley para métodos más justos de medir el tiempo de trabajo de las camareras de piso no obtuvo unanimidad. Fue aprobado con los votos de IU, PSOE y La Línea 100x100, pero el Partido Popular votó en contra.

Ramón Galán recordó que estas mujeres realizan “trabajos muy forzosos y duros” y enfatizó la necesidad de controlar los tiempos de trabajo. Además, defendió un turismo sostenible que respete los derechos laborales de los trabajadores de la provincia de Cádiz.

Por otro lado, Galán se mostró “muy contento” por la unanimidad lograda en la moción que insta a todas las administraciones públicas a impulsar el cumplimiento efectivo de las leyes de Memoria de Andalucía y del Estado. Esta moción pide disponer de los recursos técnicos y económicos necesarios, fomentar el conocimiento y difusión en centros educativos y entre la población sobre los eventos históricos y favorecer el reconocimiento y reparación moral de las víctimas del franquismo en la provincia.

Finalmente, se pide a la Diputación que llame a la ciudadanía a participar en las actividades organizadas durante el mes de junio con motivo del Día de la Memoria Histórica y Democrática, celebrado el pasado 14 de junio.

Galán recordó que las leyes de Memoria, tanto la estatal de 2022 como la de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía de 2017, recogen el derecho a conocer, investigar y reparar a las víctimas del régimen franquista, que dejó más de 100.000 asesinados en toda España, de los cuales más de 45.000 fueron en Andalucía. Destacó la importancia de que la corporación provincial apoye el cumplimiento de estas leyes por parte de todas las administraciones públicas competentes.

Izquierda Unida solicitará a la Diputación de Cádiz en el próximo Pleno provincial que destine la subida de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) aprobada para este año por el Gobierno central a abonar las cantidades que adeuda a los ayuntamientos de la provincia. Esta demanda surge tras la publicación el 26 de junio del Real Decreto-ley que prorroga determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y adopta medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

Según el Real Decreto-ley, "el Ministerio de Hacienda puede actualizar las entregas a cuenta y proceder a pagar las cantidades adicionales por la liquidación de 2022 de la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado".

El portavoz de Izquierda Unida, el diputado provincial Ramón Galán, afirma que "la presión de sumar en el seno del Gobierno y la moción presentada por IU en numerosos ayuntamientos y diputaciones de todo el Estado instando al Congreso de los Diputados y al Gobierno a acelerar la tramitación del proyecto de ley reseñado, ha contribuido a desbloquear este tema, lo que va a suponer un alivio a las cuentas de las administraciones locales".

Galán señala que, según informó el Ministerio de Hacienda a las entidades locales, en 2024 recibirán 28.557 millones de euros en recursos del sistema de financiación, "una cifra que es un 22,6% superior a la de 2023, y que es la más alta de la historia".

Además, el portavoz de IU insta en la moción a la Junta de Andalucía a "cumplir la Ley 6/2010 de 11 de junio, aprovechando el incremento de fondos recibidos por el Gobierno central". Esta ley contempla dotar estos fondos con "600 millones de euros de manera anual por parte del Gobierno andaluz, así como, en coordinación con la FAMP, establecer un mecanismo para el pago de los 1.200 millones de euros que se les adeuda a las entidades locales andaluzas por el incumplimiento sistemático de la PATRICA; deuda con los ayuntamientos que, en el caso de la provincia de Cádiz, se encuentra en más de 152 millones de euros".

Izquierda Unida (IU) llevará al próximo Pleno de la Diputación de Cádiz una serie de medidas dirigidas a apoyar la agricultura y la ganadería en la provincia. Estas propuestas llegan en un momento en que el sector agrario en España enfrenta protestas por la baja rentabilidad, reflejando una crisis que, según IU, no es puntual sino que tiene causas estructurales.

Ramón Galán, diputado provincial de IU Cádiz, ha registrado una moción que destaca la situación crítica del sector agrario andaluz, especialmente el modelo social y familiar. La moción aboga por una intervención integral que aborde tanto las causas climáticas como las consecuencias de las políticas agrarias y comerciales de la Unión Europea.

Entre las medidas propuestas, la moción insta a la Junta de Andalucía a complementar las ayudas estatales para la sequía con recursos propios, tanto para cultivos como para ganado, e incluir planes de emergencia por sequía. Además, pide al Gobierno central implementar medidas que equilibren la oferta y la demanda en el sector, potenciar la Ley de Cadena Alimentaria mediante una mayor inspección y crear un Observatorio de Costes y Precios Alimentarios. También se solicita una reforma de la Política Agraria Común (PAC) que centre su atención en los agricultores europeos, recuperando principios de preferencia comunitaria y equiparación de rentas.

La moción de IU también propone que la Diputación de Cádiz reconozca a las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) como interlocutoras representativas del sector en el sistema democrático. El portavoz de IU defiende la importancia estratégica del sector agrario para la economía, la sociedad y, fundamentalmente, la seguridad alimentaria. Subraya la necesidad de proteger al sector y a sus trabajadores, señalando que la prosperidad del campo es clave para el bienestar general.

La moción también hace énfasis en la desigualdad entre el aumento del precio de los productos básicos en la cesta de la compra, que se ha elevado en un 18,93% en un año, y la falta de retribución justa para productores agrícolas y ganaderos. Por ello, IU considera esencial equilibrar la situación y propone que las instituciones públicas ofrezcan soluciones para corregir desequilibrios y mejorar la cadena alimentaria.

Izquierda Unida, a través de su diputado provincial en Cádiz, Ramón Galán, ha registrado una moción para que la Junta de Andalucía transfiera a los ayuntamientos los fondos recaudados mediante el impuesto sobre residuos establecido por la Ley de Economía Circular. Esta propuesta, que se presentará en el Pleno de la Diputación de Cádiz, tiene como objetivo que los municipios reciban apoyo económico para afrontar los nuevos desafíos en la gestión de residuos y se les ofrezca asesoramiento para adaptarse a las nuevas tasas municipales.

La iniciativa busca que las cantidades obtenidas por este impuesto sean destinadas a los ayuntamientos con un carácter finalista, enfocándose en la mejora de la gestión de residuos, su prevención, separación y reutilización. Galán subraya la importancia de que las entidades locales sean las principales receptoras de estos fondos, dado que sobre ellas recae la mayor parte de las inversiones para el cumplimiento de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Además, la moción solicita la creación de una línea de ayudas financiadas por los Fondos Next Generation, dirigidas a los municipios para desarrollar nuevos modelos de recogida selectiva de residuos. Se pone especial énfasis en los ayuntamientos de menor tamaño o con limitaciones económicas. También se insta a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y a la Junta de Andalucía a coordinar esfuerzos para brindar apoyo y asesoramiento sobre el correcto cálculo de las tasas de residuos municipales.

Izquierda Unida llevará al Pleno de la Diputación de Cádiz una proposición en la que solicita a la Junta de Andalucía que transfiera a los ayuntamientos los fondos recaudados por el impuesto sobre residuos, en el marco de la aplicación de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. El diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, destaca la importancia de que las entidades locales dispongan de recursos económicos suficientes para afrontar las inversiones necesarias impuestas por la ley.

La moción reclama que se reviertan a los ayuntamientos las cantidades obtenidas a través del "Impuesto del depósito de residuos en vertederos, la incineración y la concienciación de residuos", estableciendo que estos fondos se destinen exclusivamente a planes y medidas que mejoren la gestión de residuos. Además, Galán enfatiza que las entidades locales deben ser las principales receptoras de estos fondos, considerando que son las responsables de implementar las acciones requeridas por la legislación.

Paralelamente, la proposición urge a la Junta a crear un programa de ayudas financiado por los Fondos Next Generation, destinado a apoyar a los municipios en la implementación de nuevos sistemas de recogida selectiva de residuos. Este apoyo se considera crucial, especialmente para aquellos municipios con mayores limitaciones económicas o de tamaño.

La iniciativa también incluye una solicitud de colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Junta de Andalucía para ofrecer asesoramiento sobre la correcta aplicación de las tasas de residuos municipales. Galán subraya la necesidad de que los ayuntamientos reciban la orientación adecuada para cumplir con la normativa de manera eficaz.

La propuesta destaca algunas acciones que los municipios deberán llevar a cabo para cumplir con la ley, como la reducción de la cantidad de residuos generados, el fomento del reciclaje y la reutilización, y la implementación de una recogida separada de residuos. Además, se señala la necesidad de que los ayuntamientos elaboren programas de gestión de residuos, adapten sus ordenanzas y contratos públicos, y se aseguren de cumplir con los requerimientos de información y transparencia.

La propuesta de Izquierda Unida representa un esfuerzo por asegurar que los municipios tengan los recursos necesarios para adaptarse a los desafíos que plantea la transición hacia una economía más circular y sostenible, haciendo hincapié en la importancia de que los fondos recaudados se utilicen de manera efectiva en la mejora de la gestión de residuos a nivel local.

Izquierda Unida ha registrado una moción que será defendida en el Pleno provincial por el diputado provincial, Ramón Galán, este miércoles, solicitando a la Diputación de Cádiz la implementación de un Plan Extraordinario de Inversiones con una dotación mínima de 30 millones de euros. Este fondo provendría del remanente de tesorería de la Diputación, cuya cifra exacta se espera conocer antes del 31 de marzo de este año. La iniciativa busca dirigir especialmente la inversión hacia los municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes.

El portavoz de IU en la Diputación gaditana, Ramón Galán, subraya la importancia de que la Diputación atienda las necesidades de los municipios de Cádiz, especialmente aquellos de menor tamaño. Galán destaca que, ante la inminente conocimiento de la liquidación presupuestaria de la Diputación del año 23, es crucial que se utilice el remanente líquido de tesorería para lanzar planes de inversión que respondan a las demandas presentadas por los diferentes ayuntamientos de la provincia. Enfatiza la creciente necesidad de servicios y los cada vez menores recursos disponibles, resaltando la esencial labor de la Diputación para con los municipios.

Además, como segundo punto de la moción, se hace un llamamiento a la necesidad de convocar el Consejo de Alcaldías para consensuar las bases del plan de inversiones. Izquierda Unida considera prioritario que en los criterios para el reparto de fondos se favorezca a los municipios y entidades locales menores de 20.000 habitantes. Galán critica que, hasta la fecha, no se ha formalizado ningún plan de empleo por parte de la Diputación Provincial de Cádiz, señalando la posibilidad de actuar en cooperación con los municipios para fomentar el desarrollo económico y social, y hacer frente a los problemas de desempleo. Izquierda Unida recalca que el objetivo fundamental de cualquier plan o conjunto de actuaciones debe ser la creación de empleo, poniendo esto como su principal prioridad.